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Las ayudas concretadas por el Ministerio de Agricultura para compensar a las granjas que perciben bajos precios por la leche recibieron una crítica unánime por parte de las organizaciones agrarias gallegas. El sector entiende que no hay motivos que expliquen que una granja de Galicia tenga que haber percibido menos de 24,5 céntimos por litro entre abril y julio para aspirar a la ayuda de 300 euros por vaca, en tanto en Andalucía podrá cobrar la subvención aquel productor que ingresara hasta 31,5 céntimos por litro.
El decreto de ayudas del Ministerio establece dos niveles de apoyos en función de los precios percibidos por las explotaciones y en función de los umbrales de rentabilidad de tres granjas típicas de Galicia, Castilla y León y Andalucía, calculados en base a los datos de la Red Nacional de Granjas Típicas (Rengrati). Con los últimos datos del Rengrati, en Galicia percibirían ayudas de 300 euros por vaca las granjas que cobraran entre abril y julio menos de 24,5 céntimos por litro todos los meses; en tanto le corresponderían 110 euros a las que cobraran menos de 27 céntimos por litro. En ambos casos, se establece un límite de 10.000 euros por granja.
En Andalucía, las aportaciones de 300 euros corresponderían a las granjas que cobraran menos de 31,5 céntimos y las de 110 euros las que percibieran menos de 34 céntimos. En Castilla y León, los umbrales se sitúan en 23,7 y 26,3 céntimos. El Ministerio publicará en los próximos días en su web la relación de explotaciones con derecho a las ayudas.
Valoraciones del sector
La mayoría de las organizaciones agrarias de Galicia mostraron hoy su rechazo al decreto que regula las ayudas ministeriales. Así, el Sindicato Labrego Galego (SLG) celebró hoy una rueda de prensa en Lugo para explicar su crítica al reparto. “El Ministerio calcula los costes de producción obviando cuestiones como las amortizaciones de instalaciones y maquinaria o los ingresos que deberían percibir los ganaderos”, cuestiona el Sindicato.
Xabier Gómez e Isabel Vilalba (SLG), hoy en rueda de prensa.
De otro lado, la organización recuerda que el Ministerio hasta hace poco ceñía el problema de los bajos precios a dos comunidades autónomas, Galicia y Cantabria, por lo que se pregunta a qué viene ahora el “café para todos” en el que se convertieron las ayudas. “El precio medio pagado por la leche en el primero cuatrimestre del 2015 fue de 29,8 céntimos en Galicia y de 36,5 en Andalucía”, compara el Sindicato Labrego.
También la Federación Rural Galega (Fruga) y la Organización de Productores de Leche (OPL) se pronunciaron contra la distribución de las ayudas hoy en Santiago. “Hay un trato discriminatorio hacia los ganaderos gallegos respecto a los del resto del Estado” -valora Manuel da Cal, de la Fruga-. “Es curioso que hayamos sido nosotros los que nos movilizamos y los que hicimos presión sobre el problema y que ahora se beneficie a otras zonas donde no se daba esta situación”, critica. “En cualquier caso, queremos precios justos, no limosnas”, una apreciación en la que coinciden el Sindicato Labrego y Unións Agrarias.
Desde la OPL y la Fruga advierten también de que las ayudas del Ministerio para las explotaciones lácteas deberían ser compatibles con los 25,5 millones de euros que la Comisión Europea destinó a la ganadería española para solucionar los problemas de bajos precios. El Ministerio aún no decidió cómo repartir esos 25,5 millones.
Comisión de seguimiento
Por otro lado, dos representantes de la Plataforma en Defensa del Sector Lácteo, Ánxo Escariz (OPL) y Manuel da Cal (Fruga) presentaron hoy en la Xunta una solicitud para la creación en Galicia de una comisión de seguimiento del acuerdo lácteo firmado en Madrid el pasado día 23 de septiembre.
“Queremos informar a la Administración de los contratos que presenten los primeros compradores -intermediarios- que quedaron fuera de la firma de Madrid, de manera que si fueran contratos a la baja, la Xunta y el Ministerio actúen para solucionar el problema”, demanda Ánxo Escariz. “También queremos estar informados de la elaboración del contrato tipo y del supuesto decreto de garantías del acuerdo que había anunciado el Ministerio y del que no se volvió a saber nada”.
El sector está a la espera de lo que suceda a partir del 4 de octubre, día en que entra en vigor el acuerdo, pero Da Cal es reticente sobre las perspectivas: “El acuerdo se firmó el 23 y el 24 ya hubo industrias que comenzaron a presionar a los ganaderos con contratos que no venían a cuento. Ese ya es motivo suficiente para constituir la comisión”, valoró.
