Agricultura de carbono en Galicia: cómo aprovechar los ecorregímenes de la PAC para obtener créditos verificables

Qué es la agricultura de carbono y por qué importa ahora

La agricultura de carbono es un concepto sencillo: ciertas prácticas agrarias (como el pastoreo extensivo, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o la siembra directa) hacen que el suelo capture dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo almacene en forma de materia orgánica. Esto contribuye a luchar contra el cambio climático y, además, mejora la salud del terreno: retiene más agua, reduce la erosión y aumenta la biodiversidad.

Hasta ahora, estas prácticas eran promovidas a través de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC), que pagan a los agricultores por realizarlas. Pero desde diciembre de 2024, con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/3012 (marco CRCF), se abre una nueva posibilidad: el carbono capturado gracias a esas prácticas puede certificarse y venderse en el mercado voluntario como «créditos de carbono». Una empresa que tenga que descarbonizar para compensar sus emisiones paga a un agricultor por capturar ese CO2.

El reglamento europeo establece normas muy estrictas para que la certificación sea fiable. El objetivo es evitar el «greenwashing» (lavado verde) y garantizar que cada crédito corresponda a una tonelada de CO2 realmente capturada y almacenada a largo plazo.

Para que un crédito de carbono sea válido, hay que demostrar que la práctica se ha realizado realmente, cuánto carbono se ha capturado y que esa captura es adicional (no se produciría sin el incentivo del mercado).

El marco europeo: QU.A.L.ITY como pasaporte al mercado

El Reglamento (UE) 2024/3012 establece cuatro criterios que toda práctica debe superar para generar créditos de carbono válidos, conocidos como QU.A.L.ITY:

• Quantification (Cuantificación): la captura debe medirse con precisión, descontando las emisiones del propio proyecto (fertilizantes, combustible) y aplicando un descuento mínimo del 10% por la incerteza estadística.
• Additionality (Adicionalidad): la actividad no puede ser obligatoria por ley ni rentable por sí misma. Debe demostrarse que sin el ingreso del carbono, la práctica no se llevaría a cabo.
• Long-term storage (Almacenamiento a largo plazo): el carbono debe permanecer almacenado. Se establecen períodos de monitorización que oscilan entre los 10 años posteriores a la actividad en pastos y los 40 años en forestación. Se crea además un fondo de garantía donde se retiene entre el 2% y el 50% de los créditos para cubrir posibles pérdidas por incendios, plagas o abandono.
• Sustainability (Sostenibilidad): la práctica no puede causar daño significativo y debe generar cobeneficios como la mejora de la biodiversidad o la reducción de la erosión.

La PAC como infraestructura de datos: un punto de partida

Para que un crédito de carbono sea válido, hay que demostrar que la práctica se ha realizado realmente, cuánto carbono se ha capturado y que esa captura es adicional (no se produciría sin el incentivo del mercado). Esto requiere sistemas de monitorización, reporte y verificación (MRV).

Aquí es donde la PAC juega un papel clave. Los agricultores ya están obligados a declarar sus parcelas en el Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que proporciona la base georreferenciada. Además, el Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y el Sistema de Información de Explotaciones (SIEX) registran las fechas de siembra, las aplicaciones de fertilizantes y los movimientos de ganado.

Esta interoperabilidad, que el reglamento europeo promueve expresamente, permite establecer la línea base de carbono y verificar las prácticas, sin obligar al ganadero a duplicar tareas burocráticas. Como explica Francisco Pedras Saavedra, ingeniero técnico agrícola con amplia experiencia en proyectos de investigación en agricultura de carbono: «las herramientas que están utilizando para la PAC ya están. Hay que aprovechar los recursos tecnológicos».

El caso de Galicia: predomina el pastoreo extensivo

Los datos oficiales del FOGGA correspondientes al período 2023-2025 dibujan el perfil agrario de Galicia. El pastoreo extensivo (ecorréxime P1) es la práctica hegemónica, con 9.644 solicitudes que abarcan 203.810 hectáreas netas, el 60% de la superficie total acogida a ecorregímenes. Lugo concentra el 61% de esa superficie, actuando como el gran bastión de este modelo.

La rotación de cultivos con especies mejorantes (P3) ocupa un segundo lugar con 73.512 hectáreas, mientras que las prácticas de mayor potencial de secuestro de carbono, como la siembra directa (apenas 139 hectáreas) o las cubiertas inertes de restos de poda (41 hectáreas), tienen una penetración marginal. La estructura de minifundio, la orografía compleja y la falta de maquinaria adaptada explican esta brecha.

Este punto de partida es crucial: Galicia parte de una posición de fuerza en pastoreo extensivo, pero con una debilidad estructural en las prácticas agrícolas de conservación que más carbono pueden secuestrar en cultivos.

La solución es la auditoría grupal, que contempla el reglamento: varias explotaciones se agrupan en un mismo proyecto, diluyendo los costes.

La agrupación como clave: montes comunales y cooperativas

La principal barrera para Galicia es el tamaño de las explotaciones. Con el minifundio, los costes fijos de certificación (muestreos, análisis, auditorías) pueden absorber el valor de los créditos. La certificación individual puede resultar inviable.

La solución es la auditoría grupal, que contempla el reglamento: varias explotaciones se agrupan en un mismo proyecto, diluyendo los costes. Pero hay también una razón de mercado. «Una empresa que quiera descarbonizar 500 toneladas tiene que hablar con 50 interlocutores», explica Francisco Pedras. «Si le ofertas 1.500 hectáreas a través de una cooperativa, asociación o comunal, es mucho más atractivo. Necesitan interlocutores claros, con capacidad de interlocución».

Según el experto, Galicia tiene una figura con un potencial extraordinario: los montes vecinales en mano común. «Hay comunales con 300 o 400 hectáreas y 15 o 20 vecinos. En el pastoreo extensivo, puedes tener muchas hectáreas en una sola parcela. Eso facilita la monitorización».

La agrupación hace los proyectos viables y atractivos, aunque también existe el riesgo de convertirse en un mundo de intermediarios donde el productor quede confuso y perdido. Para evitarlo, Francisco insiste en la necesidad de divulgación y acompañamiento, porque los agricultores «ya están sobrecargados. Pasaron de tener un mínimo impacto de la sociedad digital a tener casi todo digitalizado, y estar permanentemente monitorizados y verificados por la PAC y empleando herramientas digitales».

Los primeros resultados a nivel europeo, del Joint Research Centre y de la Universidad de Wageningen, estiman que los pastos permanentes bien gestionados capturan una media de 1,1 toneladas de carbono por hectárea y año.

El proyecto Carbo-PAC-to: comparación de datos reales

El reglamento exige cuantificación precisa. El proyecto Carbo-PAC-to (MAPA y CSIC-INIA) monitoriza 16.000 parcelas emparejadas en toda España. En cada zona se comparan dos parcelas de contraste próximas: una con ecorregímen y otra con manejo convencional, extrayendo muestras de suelo para comparar el carbono almacenado.

«La idea es cuantificar la capacidad de secuestro de CO2 entre las distintas prácticas», explica Pedras Saavedra. «Eso da una información muy valiosa». El objetivo es establecer factores de secuestro específicos para cada práctica y territorio. Una vez validados, el agricultor podría certificar el carbono sin muestreos costosos en cada parcela. El proyecto presentó primeros resultados en diciembre de 2025. En Galicia son unas 600 parcelas, con resultados previstos para finales de 2026.

Los primeros resultados a nivel europeo, del Joint Research Centre y de la Universidad de Wageningen, estiman que los pastos permanentes bien gestionados capturan una media de 1,1 toneladas de carbono por hectárea y año. En Galicia, una parte importante de la superficie de pastoreo no son pastos permanentes en sentido estricto, sino praderas que se resiembran cada 5-7 años. En estos casos, la normativa europea considera «pasto permanente» a partir del quinto año sin rotación. Para que estas praderas sean elegibles y generen créditos adicionales, las prácticas clave son la renovación mediante siembra directa (sin laboreo, que evita la liberación del carbono almacenado) y la prolongación de la vida útil de la pradera mediante manejos que eviten el arado.

El papel de la tecnología: satélites y modelos

Para abaratar los costes de monitorización, la apuesta es por la teledetección. «Hay que aprovechar los satélites que utiliza la PAC», afirma Pedras Saavedra. «El reglamento pide ya una resolución de 10 por 10 metros, que se consigue con estos satélites. Esos datos son públicos y cualquier certificador podría aprovecharlos». Proyectos europeos como MRV4SOC están desarrollando sistemas que combinan imágenes Sentinel con inteligencia artificial para reducir los trabajos de campo.

Este horizonte temporal genera efectos positivos más allá del carbono: aumento de la materia orgánica, mejora de la estructura del suelo, aumento de la retención de agua y reducción de la erosión.

Compromisos a largo plazo y mejora agronómica

El reglamento exige compromisos de 5 a 15 años. «Eso compromete al agricultor a mantener esa práctica durante un tiempo relevante a nivel agronómico, y eso tiene mucha importancia a nivel de estructuración del suelo», subraya Pedras Saavedra. Este horizonte temporal genera efectos positivos más allá del carbono: aumento de la materia orgánica, mejora de la estructura del suelo, aumento de la retención de agua y reducción de la erosión.

La oportunidad existe, pero requiere construir puentes entre la PAC y el mercado privado, entre la administración y las cooperativas, entre la ciencia y la práctica agraria. 

Un camino posible

Galicia tiene factores a su favor: una masa crítica de superficies en pastoreo extensivo (203.000 hectáreas), una administración con datos detallados de las explotaciones, un tejido cooperativo que puede articular proyectos agrupados y una figura jurídica, los montes comunales, que permite concentrar miles de hectáreas. El Decreto 95/2025 de la Xunta regula además el sistema voluntario de créditos de carbono autonómico, permitiendo adaptar metodologías a la fragmentación territorial.

La oportunidad existe, pero requiere construir puentes entre la PAC y el mercado privado, entre la administración y las cooperativas, entre la ciencia y la práctica agraria. Y hacerlo con una estrategia de acompañamiento que evite que el productor se sienta abrumado.

Como concluye Pedras Saavedra, «los agricultores que hacen estos regímenes saben que las prácticas están dando resultado, sobre todo en zonas vulnerables, todo lo que lleve una gestión de ese suelo va a redundar en la resiliencia de ese territorio».