El sector forestal atraviesa unas últimas semanas de alboroto, con acusaciones cruzadas y polémicas varias. En el ojo del huracán, el Plan Forestal de Galicia, en proceso de revisión, y el papel que se le asigna al eucalipto en el futuro del monte gallego. Hay división en el sector, con la Organización Galega de Comunidades de Montes y otros colectivos nacionalistas de un lado, y del otro el resto de la cadena de la madera, con posturas diversas y no homogéneas.
La Organización Galega de Comunidades de Montes celebrará este domingo una movilización en Santiago (12 horas, salida de la estación de tren) en contra de un Plan Forestal que considera al servicio del “lobby forestalista”. La Organización argumenta que el Plan contempla para los próximos años un incremento de la superficie de eucalipto (un 8%). Apoyan su protesta Adega, la Fruga y el Sindicato Labrego, entre otros colectivos.
Postura de la Xunta
El Plan Forestal es interpretado de manera distinta por la Xunta, que sostiene que el Plan no proyecta ningún incremento del eucalipto, sino que se trata de un pronóstico de la ocupación actual de la especie, a falta de un inventario actualizado. La idea anunciada por la Administración es la de hacer una regulación del eucalipto y del resto de especies en los Planes de Ordenación de Recursos Forestales (Porf), que se definirán en un futuro para cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia.
Las críticas contra el Plan Forestal le llegan también a la Xunta por motivos opuestos a los de la Organización Galega de Comunidades de Montes. Desde parte de la industria de la madera hay una oposición clara a la regulación proyectada por la Xunta en los Porf. Tal oposición es explicada de la siguiente manera por el director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto: “Las industrias de la madera me dijeron: ‘Queremos la tierra toda que precisemos y la que quede, para los demás’. Así de claro”.
Dictamen sobre el eucalipto
La polémica por el Plan Forestal se enredó aun más en los últimos días, después de que un comité científico que asesora al Ministerio de Agricultura haya declarado al eucalipto como especie invasora, una declaración a la que después se opuso el propio Ministerio y que no tendrá efectos en la legislación forestal.
Lo que sí está generando el ruido contra el eucalipto es un fuerte descontento en los colectivos de productores de madera del norte gallego, que consideran que la especie se está “criminalizando” sin motivos. Los propietarios forestales del norte -la principal zona de eucalipto en la comunidad- señalan que se está demonizando al eucalipto como favorecedor de los fuegos, cuando -dicen- la realidad es que el porcentaje de eucaliptales quemados es inferior al porcentaje de su ocupación del monte.
También defienden la riqueza que genera el eucalipto para millares de familias y critican que se esté legislando en el ámbito forestal sin consultarle a los propietarios.
Regulaciones actuales
Entre medias, otras asociaciones de propietarios, como la Asociación Forestal de Galicia o la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), tienen manifestado valoraciones sobre el Plan Forestal en las que incluían aspectos positivos y otros negativos.
Desde la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), ligada a Unións Agrarias, se planteó que, antes de decretar nuevas regulaciones, se hagan cumplir las actuales en aspectos como las plantaciones ilegales en tierras agrarias, una cuestión sobre la que la industria de la madera tiene otro parecer.
La diversidad de posturas y de intereses sobre el monte es alta, aunque para la Organización Galega de Comunidades de Montes la cosa es simple. El resto de la cadena de la madera integra lo que definen cómo “lobby forestalista”, incluidas Asefoga -”la portavoz oficial del lobby”, dice la Organización Galega-, la Asociación Forestal de Galicia y Promagal.
Incógnitas sobre los montes vecinales
La protesta coordinada por la Organización Galega de Comunidades de Montes para este domingo tiene un segundo punto reivindicativo, aparte del Plan Forestal. Este año, la Xunta propició un cambio legislativo para que los montes vecinales sin gestión o en estado de abandono puedan pasar al Banco de Terras por un periodo de 50 años, pudiendo durante ese periodo estar gestionados por empresas.
Para la Organización Gallega de Comunidades de Montes, se trata de una “privatización encubierta” que busca poner los montes vecinales a disposición de empresas personales.
La protesta de este domingo en Santiago es apoyada por Fruga, Cig, Sindicato Labrego, Adega, Atrifoga, Asociación Pola Defensa da Ría y la red Cousa de Raíces, que promueve una iniciativa legislativa popular en defensa del bosque autóctono y a favor de la prohibición del eucalipto nitens en Galicia.
Propuestas de la Asociación Forestal de Galicia para el monte
La Asociación Forestal de Galicia (AFG) ha mantenido en las últimas semanas reuniones de trabajo con los cuatro grupos del Parlamento gallego con el objetivo de trasladarles las preocupaciones de las comunidades de montes socias, así como de los propietarios forestales particulares. La AFG espera que estos encuentros sirvan para que se adopten medidas que respondan a las necesidades de los silvicultores gallegos.
La AFG señala que las reuniones se han producido en un tono cordial y les pidió a todos los grupos que en el campo forestal prioricen los intereses de país, al margen de enfrentamientos partidistas. Entre las principales propuestas que se abordaron en los encuentros, figuran las siguientes:
– Plan de restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales. Las comunidades de montes y los propietarios forestales particulares carecen de los recursos precisos para la restauración de las zonas afectadas por la ola de fuegos del otoño. Si no se pone en marcha un plan público que ayude a la regeneración de las zonas afectadas, existe un claro riesgo de abandono y de “selvatización” del territorio, opina la Asociación Forestal de Galicia.
En la provincia de Pontevedra, la superficie afectada de socios de la Asociación Forestal de Galicia fue de 5.000 hectáreas, distribuidas en 68 montes. El coste total de la restauración se estima en 10,9 millones de euros.
Otra de las preocupaciones derivadas de los fuegos se sitúa en el retraso de la saca de la madera quemada, sobre todos en los montes con convenio con la Administración autonómica.
– Aprobación de un Plan Forestal, con un inventario actualizado de las existencias del monte gallego, fundamental para cualquier planificación.
– Reformulación de las ayudas públicas al monte. La Asociación Forestal es partidaria de que las ayudas públicas se liguen a los instrumentos de gestión de los que se está dotando cada monte. De este modo, opinan que se apoyaría una planificación forestal sistematizada, en lugar de financiar actuaciones puntuales que pueden no responder a las prioridades para cada monte.
– Mejora de la fiscalidad forestal, de forma que se incentive la silvicultura activa. Puesta en marcha de un plan contable específico para el sector forestal.
– Impulso de las agrupaciones de propietarios forestales particulares, de cara a superar el minifundio, que dificulta una gestión racional del monte. La AFG considera preciso mejorar la fiscalidad y el modelo de gestión de las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), así como crear otra figura que permita ligar a pequeños propietarios con comunidades de montes.
– Compensaciones de rentas cuando existan restricciones de uso. La Asociación Forestal plantea, por ejemplo, la necesidad de ayudas para la creación de franjas de frondosas en las áreas de protección contra incendios forestales, en torno a núcleos de población.
– Aclaración del futuro de los montes en convenio con la Xunta. Los convenios que la Administración mantiene con parte de los montes vecinales expiran en el 2021, por lo que la AFG señala que es preciso clarificar lo antes posible un procedimiento consensuado para que las comunidades de montes que quieran, puedan hacerse cargo de la gestión de sus montes. En los casos en que no sea así, habría que definir los contratos de gestión pública que sustituirán a los convenios.