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El Sindicato Labrrego Galego organizará dos nuevos encuentros centrados en la demanda judicial contra el cártel de la leche, que se celebrarán en Compostela y Lugo los días 20 y 21 de febrero respectivamente.
Estas reuniones dan continuidad al proceso de asambleas comarcales que el SLG llevó a cabo, entre noviembre y diciembre del año pasado, para informar al sector lácteo de la posibilidad de recurrir a la vía judicial para reclamar el dinero perdido por el pacto de precios entre industrias por el que fueron condenadas y sancionadas Capsa Foods (Central Lechera Asturiana, Larsa…), Danone, Lactalis, Industrias Lácteas de Granada, Pascual, Nestlé, Schreiber Food, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Central Lechera de Galicia.
Las asambelas que se celebrarán esta semana estarán más centradas en ahondar en la demanda judicial con ganaderos y ganaderas que, tras informarse en las charlas del año pasado, estén en disposición de dar un paso adelante en este proceso. Para eso, el SLG contará con los abogados del bufete barcelonés Redi, especializado en litigios de alta complejidad contra cárteles y en la reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia.
Unas 2.000 granjas de todo el Estado podrían demandar al cártel de la leche a través de Redi
Aunque este cártel de industrias lácteas ya fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por sus prácticas con una multa de 80’6 millones, ahora se abre la posibilidad de que las partes afectadas puedan demandar a las industrias multadas. Para eso, las granjas interesadas cuentan con un plazo de un año contado desde la data de publicación de la sanción (11 de julio de 2019) para reclamar.
Las reclamaciones de las pérdidas de cada explotación se van a realizar acumuladas en una misma demanda, agrupando el mayor número posible de granjas, ya que se hará más fuerza en el proceso cuanto mayor sea el número de ganaderos y ganaderas que reclamen. Las prácticas de cártel condenadas se iniciaron en 2001, año en el que aún había en activo 53.355 granjas de leche en el Estado, de las cuales 28.231 eran gallegas.
«Dado que ese pacto de precios fraudulento se acabó extendiendo a la totalidad del sector, que fijó unos precios artificialmente bajos más allá de las empresas multadas; y sabiendo que todas las granjas afectadas pueden iniciar una demanda judicial aunque ya habían cesado su actividad; podemos considerar que son docenas de miles de ganaderos y ganaderas quien pueden denunciar. Sin embargo, los abogados de Redi estiman que su bufete podría llevar, finalmente, la demanda judicial de unas 2.000 granjas en el Estado, sin contar las que se podan unir en Galicia», señalan desde el Sindicato Labrego.
