Así se desaprovechan ayudas públicas para el rural

Hacemos balance de cinco líneas de subvenciones que presentaron problemas en la última campaña. El caso más notorio es el de los apoyos destinados a prevención de incendios, que suelen resolverse todos los años en la última parte del verano, cuando ya no pueden cumplir la función para la que se concedieron. El sector forestal demanda una mejor gestión

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Así se desaprovechan ayudas públicas para el rural

Monte vecinal de O Viso, en Redondela, que sufrío un incendio antes de poder ejecutar la ayuda de prevención.

El episodio se repite todos los años. Montes vecinales que fueron arrasados por los incendios del verano a los que les llegan demasiado tarde las ayudas para el mantenimiento de cortafuegos o para ejecutar puntos de agua. El sector forestal culpa a la Xunta de «negligencia» y de «mala gestión» de las subvenciones para el monte. Desde Medio Rural se advierte de la obligatoriedad de cumplir con todos los trámites administrativos pertinentes.

Las críticas al funcionamiento de las ayudas para el monte llegan tanto de empresas del sector como de colectivos de propietarios forestales, caso de la Asociación Sectorial Forestal Gallega (Asefoga), ligada a Unións Agrarias, o de la Organización Galega de Comunidades de Montes.

«Hay un desbarajuste generalizado. Medio Rural tiene que trabajar por objetivos y resolver las ayudas en tiempo» (Jacobo Feijoo, Asefoga)

«Hay un desbarajuste generalizado en las subvenciones forestales» -valora el responsable de Asefoga, Jacobo Feijoo.- «No puede ser que ayudas que se convocan en diciembre se resuelvan al final del verano o en otoño del año siguiente, en épocas en las que los trabajos silvícolas y de prevención ya tenían que estar hechos» -cuestiona-. «Medio Rural tiene que trabajar con plazos y por objetivos, de forma que las ayudas se resuelvan en tiempo», defiende.

La misma postura expresa la Organización Galega de Comunidades de Montes. «El gran problema de las ayudas es que no se estacionalizan. Se retrasan siempre y los trabajos en el monte se hacen en el tiempo en que no se deberían hacer» -resume el presidente de la Organización, Xosé Alfredo Pereira.- «Que las autorizaciones para ejecutar las ayudas de prevención lleguen a final de agosto o en septiembre es tirar con el dinero. Esas ayudas no cumplen la función para la que fueron pensadas. Podríamos hablar de una especie de malversación de fondos públicos con apariencia de legalidad».

«Las ayudas de prevención no cumplen su función. Hay un mal uso de dinero público con apariencia de legalidad» (Xosé Alfredo Pereira)

La Consellería de Medio Rural, por su parte, ha justificado los retrasos en los trámites administrativos que está obligada a cumplir, como la petición de documentación complementaria a los posibles beneficiarios o las inspecciones sobre el terreno. También ha señalado la Consellería que el alto número de solicitantes y y las novedades que hubo que introducir el pasado año por la implantación del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 dilataron el proceso.

Repasamos a continuación el funcionamiento durante el último año de algunas de las líneas de ayudas dirigidas al monte, así como de otras subvenciones para el rural, como las de conservación de espacios naturales o las dirigidas a comunidades de regantes, que no se pudieron ejecutar por la falta de plazo para acometer las obras.

1) Ayudas para prevención de incendios forestales

Medio Rural resolvió a finales de junio la línea de ayudas para prevención de incendios, si bien las comunidades de montes no podían iniciar las actuaciones hasta que los agentes forestales supervisaran los proyectos sobre el terreno y dieran su visto bueno. En muchos casos, como en Arbo o Redondela, el fuego arrasó el monte antes de que llegasen los correspondientes permisos. Desde el sector se recuerda que los agentes tienen que concentrar en verano sus esfuerzos en las tareas de extinción, lo que retrasa el resto del trabajo.

Medio Rural justifica los retrasos en la obligación de cumplir con todos los trámites administrativos

La normativa autonómica prohíbe además ejecutar trabajos de prevención en la época de alto riesgo de incendios, que comienza el 1 de julio y se prolonga todo el verano. El peligro de que chispas provocadas por las máquinas inicien un fuego es alto, pero los beneficiarios de las subvenciones se ven entre la espada y la pared, pues el pasado año tenían de plazo hasta el 31 de octubre para justificar la ejecución de los trabajos.

«O metes las máquinas en el monte en verano o tienes al personal trabajando 24 horas al día en octubre, y ni así darías finalizado en tiempo», resumen fuentes de una empresa forestal. Esa situación llevó a que las empresas iniciaran los trabajos de prevención en pleno agosto. La consecuencia, las organizaciones del sector tienen documentados varios incendios forestales que se iniciaron de manera fortuita durante la ejecución de actuaciones para la prevención de fuegos.

La ejecución de trabajos de prevención en verano, en época de alto riesgo de incendios, provocó fuegos fortuitos

Problemas con Patrimonio
Parte de las acciones de prevención quedaron además sin ejecutar por otros problemas administrativos. En áreas afectadas por Patrimonio, las autorizaciones de la Consellería de Cultura no llegaron hasta finales de octubre, días antes de la finalización del plazo de ejecución de las obras, con lo cual resultó casi imposible ejecutar esa parte de los trabajos, según detalla una empresa del sector.

«En ocasiones se conceden prórrogas, pero son parches que no solucionan el problema de fondo» -valora el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira-. «Las ayudas deben cumplir la función para la que fueron concedidas y eso no está siendo así».

Campaña 2017
Esta campaña, las subvenciones para prevención se volvieron a convocar a finales de diciembre del 2016, con un presupuesto total de 4 millones de euros. El sector forestal demanda una resolución ágil de las ayudas para permitir que los trabajos se puedan ejecutar antes del verano. «Podría simplificarse el proceso de solicitud, manteniendo su rigor, para hacer más rápida la tramitación» -valora Jacobo Feijoo, de Asefoga.- «La cuestión es finalizar con la maraña administrativa y con la negligencia, actuando en tiempo y forma», concluye.

2) Ayudas para tratamientos silvícolas

La línea de subvenciones dirigida a podas y rareos en pinares y masas de frondosas tenía de fecha límite para la ejecución de los trabajos el 31 de diciembre del 2016. Problema, en zonas afectadas por Patrimonio, la autorización para hacer los trabajos no llegó hasta mediados de diciembre. Hubo proyectos que quedaron sin ejecutar y que se perdieron, a pesar de las prórrogas concedidas por la Administración, según señalan fuentes del sector.

En las ayudas para silvicultura, se denegaron más de la mitad de las ayudas a pesar de que había fondos disponibles

Debate parlamentario
El caso concreto de las ayudas para tratamientos silvícolas se debatió en la última comisión de Agricultura del Parlamento. El BNG le reprochó a Medio Rural que dejara más de 3 millones de euros sin repartir y cuestionó que buena parte de las ayudas solicitadas en la provincia de Lugo fueran rechazadas, en tanto que en otras provincias, como Ourense, el porcentaje de peticiones denegadas fue muy inferior.

A este respecto, el director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, negó cualquier irregularidad. Fernández Couto destacó que la Consellería había ampliado el presupuesto inicial previsto para las ayudas de silvicultura, que pasó de 6 a 15 millones de euros, por el alto número de solicitantes, un total de 1.029.

De esos 15 millones de euros quedaron 3 millones sin repartir porque una gran mayoría de proyectos no contó con informes técnicos favorables por parte de los agentes forestales, según el director xeral: «De las 1.019 solicitudes, finalmente solo 444 tuvieron ayudas, cuando había fondos presupuestados para más de 700», detalló.

«Quedaron 3 millones de euros sin repartir porque muchos proyectos tenían informes técnicos desfavorables» (Tomás Fernández Couto)

En cuanto a las diferencias por provincias, Fernández Couto aseguró que no se hacía ningún reparto provincial: «Puede que los solicitantes de Lugo tuvieran una menor experiencia a la hora de pedir ayudas públicas. Tenemos casos en que no se contestaron a los requerimentos de documentación que les hicimos o en los que los solicitantes tenían deudas fiscales con la Administración».

Valoraciones del sector
Desde las organizaciones de propietarios, se achacan las diferencias por provincias a los distintos criterios que manejan los técnicos de la Administración. «Es imposible que unifiquen criterios y las tramitaciones van por reino de taifas. Lo que se admitiría en una provincia se rechaza en otra, y lo mismo sucede a nivel de Distrito Forestal», asegura Jacobo Feijoo.

«Otro problema es que las órdenes no están adaptadas a la realidad forestal y tienen errores e indefiniciones por falta de interlocución con el sector. De ahí que muchas de las ayudas inicialmente aprobadas se anulen después en las inspecciones previas. También hay una complejidad innecesaria que dilata los tiempos de tramitación», cuestiona el responsable de Asefoga.

3) Ayudas para forestación

En la línea de ayudas para forestación, que se convocó en diciembre del 2015 y que se resolvió 11 meses después, en noviembre del 2016, la Xunta obligó a justificar parte de los trabajos a 31 de diciembre. A pesar del escaso tiempo, las empresas sí pudieron cumplir con la obligación de finalizar y justificar las actuaciones, desbroces previos en la mayoría de los casos, por lo que se estima que no hubo pérdida de ayudas, pero nuevamente se tuvo que trabajar a contrarreloj.

«Los niveles de stress, de preocupación y de problemas financieros que genera la negligencia de la Administración en propietarios y trabajadores no es un problema menor» -subraya Jacobo Feijoo.- «De otro lado, a nivel social no es lo mismo tener a 5 personas y 1 tractor trabajando todo el año en un monte, con el empleo estable y cuidados permanentes que eso generaría, que a 60 personas y 12 tractores haciendo los trabajos en un mes», cuestiona.

4) Ayudas ligadas a la Red Natura

La Consellería de Medio Ambiente concedió 8 días para la ejecución de la anualidad 2016 en las ayudas ligadas a la Red Natura. Tal plazo, considerado «irrisorio» por las entidades beneficiarias, obligó a estas a renunciar a la mayoría de los proyectos para los que tenían ayudas. Quince colectivos de la sierra del Xurés, en Ourense, expresaron públicamente su malestar y pidieron que la conselleira del ramo, Beatriz Mato, acudiese al parque natural a dar explicaciones.

La concesión de las ayudas le fue comunicada el 30 de noviembre del 2016 a las entidades beneficiarias del Xurés (comunidades de regantes, asociaciones de caza y pesca, etc.). El plazo para la ejecución de los trabajos finalizaba el 13 de diciembre, 8 días laborales después.

5) Ayudas para comunidades de regantes y asociaciones de vecinos y de mujeres rurales

Las subvenciones que convoca la Consellería de Presidencia para comunidades de regantes y asociaciones de vecinos y de mujeres rurales tuvieron en 2016 un problema similar. Se le comunicó a las entidades beneficiarias la concesión de las ayudas el 15 de octubre y se les dio de plazo hasta el 31 de ese mes para ejecutar, justificar y pagar los trabajos. Consecuencia, la mayoría tuvo que renunciar a las ayudas.

Ausencia de apoyos para la ordenación de montes

Las comunidades de montes vecinales y los propietarios particulares tendrán que justificar en el futuro que cuentan con planes de ordenación o, en su defecto, que se adhieren a los modelos selvícolas diseñados por la Xunta. La Administración exigirá la ordenación del monte para que comunidades vecinales y propietarios accedan a ayudas públicas ligadas a la selvicultura. También habrá que justificar la ordenación -o la adhesión a los modelos selvícolas- para solicitar permisos de tala.

Estas circunstancias hacen que el sector esté esperando con impaciencia por la convocatoria de ayudas para la ordenación de montes, que no salen desde la finalización del anterior Plan de Desarrollo Rural, en el 2014. Los colectivos de propietarios forestales esperan que se vuelvan a convocar de inmediato.

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