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Los proyectos de construcción en madera hechos en Galicia podrán emitir créditos para el mercado voluntario de carbono, a razón de un crédito por cada tonelada de CO2 absorbida que se certifique, de manera que la comercialización de los créditos se convierta en un valor añadido para toda la cadena forestal – madera y para los propios promotores inmobiliarios.
La construcción estructural en madera se presenta como una vía de futuro para el almacenamiento de carbono capturado de la atmósfera. Por ese motivo, es una de las líneas que ofrece el Mercado Voluntario de Créditos de Carbono que impulsa la Xunta para certificar la absorción de carbono.
Tras la publicación a finales de 2025 del decreto autonómico que activa el mercado, la Fundación Arume le presentó a la Consellería de Medio Ambiente una propuesta de metodología para la certificación del almacenamiento de carbono en productos de madera para construcción.
La posibilidad de presentar propuestas de metodología, abierta por la publicación del decreto, llevó a que la Fundación entregara en el registro autonómico un documento que recoge un procedimiento técnico estandarizado para la cuantificacdión, verificación y registro de las absorciones de carbono asociadas al uso de productos de madera en la construcción.
Conviene recordar que en el marco de las estrategias europeas de descarbonización de la economía, para luchar contra el cambio climático, la madera juega un papel destacado. Su capacidad para almacenar CO₂ en productos de larga vida útil, así como su potencial para sustituir la materiales que producen importantes emisiones, como el acero o el hormigón, la convierten en un elemento estratégico.
La metodología, desarrollada en los últimos meses por un equipo de trabajo de la Fundación, se centra en definir las reglas de contabilidad, medición, reporte y verificación para proyectos de construcción en madera en Galicia.
La propuesta de metodología de la Fundación se basa en cuatro criterios fundamentales: cuantificación precisa y verificable, adicionalidad de las absorciones (no derivadas de deberes legales), la permanencia del almacenamiento del carbono en un periodo mínimo de 35 años y la sostenibilidad.
Elegibilidad
Los productos elegibles para integrar en los proyectos de construcción en madera incluyen madera aserrada estructural, vigas laminadas, paneles CLT, entramados ligeros y tableros estructurales.
Como requisitos para la madera, se marca que todos los productos deben disponer de una Declaración Ambiental de Producto (DAP) o documento equivalente, así como proceder de montes bajo un esquema de certificación de gestión forestal sostenible (PEFC o FSC).
El promotor u operador es responsable de garantizar una permanencia mínima de 35 años y la trazabilidad de la información.
Cuantificación del carbono y emisiones
El núcleo técnico de la propuesta de la Fundación Arume se orienta a determinar el Beneficio Climático Neto. Este beneficio se calcula en base a las emisiones asociadas al producto y al carbono almacenado.
Las emisiones deben cuantificarse de manera independiente a lo largo de todo el proceso (operaciones forestales, transporte a planta, fabricación industrial, transporte a obra e instalación). Las fuentes de datos válidas incluyen Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) verificadas, Declaraciones de Impacto de Partida (BIS) o datos de sistemas digitales de trazabilidad.
En cuanto al carbono almacenado, se define en base a Declaraciones Ambientales de Producto o, en ausencia de la misma, se calcula conforme a la norma EN 16449:2014.
Cómputo final y adicionalidad
Dado que el empleo de madera estructural es hasta ahora una gama de producto residual en la construcción, la adicionalidad de las absorciones que representa es la clave del sistema.
Sostenibilidad
Los proyectos deberán cumplir con el principio ‘Do no significant harm’, garantizando que no impactan en objetivos ambientales como la biodiversidad o la prevención de la contaminación.
Como garantía adicional de sostenibilidad, se propone la figura del Crédito Ecosoc, que representaría una etiqueta voluntaria para reconocer a proyectos que, además del balance climático neto positivo, acrediten beneficios sociales y ambientales adicionales, como por ejemplo la fabricación local en Galicia, entre otras opciones.
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