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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello aprobó hoy “activar un Plan de 157 millones de euros para atender a los sectores con más dificultades y a las familias vulnerables frente las consecuencias de la guerra en Oriente Medio”.
Se trata de un plan con veinte líneas de actuación que contempla políticas de choque energético, apoyo financiero a las empresas, protección social e impulso a la transición energética, así como actuaciones encaminadas a la resiliencia logística y propuestas de reforma normativa y fiscal. “Estamos antes una crisis excepcional y las medidas también tienen que serlo”, indicó el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos.
El sector agrario recibirá 19,4 M€ para la modernización de las explotaciones mediante la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión, así como de maquinaria y productivos orientados al avance de la eficiencia y para la reducción de la dependencia de insumos externos.
Dentro de estas ayudas, destaca la aportación de 10,8 millones para la estrategia de promoción agroalimentaria, especialmente para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización, a la valorización del producto local, a la trazabilidad y a la diferenciación en los mercados.
En las medidas de la Xunta, destacan 62 millones de euros para empresas y pymes, 6,2 millones de apoyo a las familias, 25,5 M€ para el sector pesquero, 19,4 millones para el sector agrario, 39,3 millones de euros para eficiencia energética y 5 millones para el sector turístico.
El Gobierno gallego mantuvo reuniones con los sectores más afectados para “conocer de primera mano el impacto en el tejido productivo”, indicó Corgos. De este modo, los objetivos del plan se centran en los sectores productivos para reducir el impacto del incremento de costos energéticos y logísticos, sostener la actividad económica y el empleo, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, acelerar las inversiones en transición energética y eficiencia y facilitar la adaptación de las empresas gallegas a un escenario internacional más complejo.
Las medidas se extienden también al conjunto de la sociedad, para proteger a los hogares frente a la inflación energética.
Priorización y ejecución coordinada
El plan incorpora un marco de gobernanza, seguimiento y evaluación que permite priorizar las actuaciones, medir su impacto y garantizar una ejecución coordinada y eficaz entre administraciones.
De este modo, entre las actuación más urgentes que se van a llevar a cabo figuran, según explicó el presidente “los 62 millones de euros de los préstamos” que el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) destina a empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos y por las disrupciones en las cadenas de suministro, “para que tengan liquidez y puedan continuar con su actividad”.
Además se implantará un procedimiento extraordinario de tramitación acelerada para solicitudes de financiación empresarial, que permitirá resolver expedientes en un plazo máximo de 10 días. Y se llevará a cabo la agilización administrativa y simplificación de procedimientos para proyectos estratégicos en los ámbitos de las energías renovables, industria verde, digitalización y TIC.
Otra de las actuaciones urgentes es la protección de los hogares, a los que se destinarán más de 6 millones de euros para moratorias, aplazamientos y condonación parcial de alquileres de las viviendas públicas, para la revisión de los contratos públicos de transporte regular y escolar para que la subida de costes no se traslade al precio final, y para la agilización del pago de medidas destinadas a aportar recursos lo más rápido posible a los hogares vulnerables, como el Bono Social Térmico, la renta de inserción social de Galicia (RISGA) y las
ayudas de emergencia social.
Los sectores productivos se reforzarán con más de 44,9 millones de euros, especialmente el pesquero, con 25,5 M€ para la modernización de infraestructuras portuarias, lonjas y cadena de frío para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes. Asimismo, se apoyarán proyectos que incrementen el valor añadido de la producción pesquera mediante inversiones en transformación, comercialización, diferenciación de producto, certificación de calidad y economía circular.
Promoción del destino Galicia
Se destinarán 5 M€ para promocionar Galicia refugio de tranquilidad y autenticidad frente a la masificación de otros destinos mediterráneos, poniendo en valor la riqueza natural, el Camino de Santiago y la calidad gastronómica de la Comunidad como elementos diferenciales. Se trata de convertir la crisis geopolítica actual en una oportunidad de mercado, ofreciendo al turista internacional un destino seguro y estable frente a la inestabilidad en Oriente Medio y Asia.
Medidas de largo recorrido
El perfil industrial exportador de Galicia, caracterizado por una elevada dependencia energética y una fuerte especialización en sectores intensivos en consumo de energía y logística —como la automoción, el metalmecánico, el agroalimentario, la pesca, la minería y el transporte— junto con una estructura productiva con el predominio de pymes agrava la vulnerabilidad de la economía gallega ante el incremento de los costos.
La Administración autonómica apuesta por avanzar hacia un modelo de mayor autosuficiencia energética, destinando cerca de 40 millones de euros para, entre otras iniciativas, rehabilitar edificios para mejorar su eficiencia energética.
Asimismo, se impulsará el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales, donde el consumo es intensivo y el impacto de la inflación energética afecta directamente a la competitividad y al empleo. Y se fomentará la constitución de comunidades energéticas, para que los grupos de vecinos, pymes o entidades locales puedan asociarse para generar y consumir su propia energía, de manera eficiente.
El plan está dotado con más de 157 millones de euros para atender a los sectores afectados, que se suman a los más de 120 M€ que el Gobierno gallego estima que supondrá para Galicia financiar las medidas con impacto fiscal anunciadas por el Gobierno central. Medidas que el Gobierno gallego considera “insuficientes y que fangosa que no habían sido consensuadas con las CC.AA”.
Además de las actuaciones en el ámbito autonómico, el plan se completa con propuestas dirigidas a la Administración General del Estado y a la UE, necesarias para completar la capacidad de respuesta ante una crisis de naturaleza global.
Así, propone al Gobierno central diversas medidas en materia de política fiscal, contratación pública, energía e infraestructuras, movilidad y transporte, así como en el ámbito de la agricultura, la pesca y las relaciones con la UE. También reclamará a la Unión Europea más flexibilidad para los fondos, cofinanciación al 100%, un nuevo marco de ayudas del Estado para sectores afectados y, en general, apoyo frente a la crisis energética y logística.
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