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En Galicia apenas se cazan lobos de forma legal, 17 desde el año 2006 en controles autorizados por daños reiterados, pero cada año Adega calcula que se matan “entre 200 y 300” en acciones furtivas. La organización ecologista defiende la prohibición de la caza de la especie y un endurecimiento penal sobre los furtivos, en tanto entre las organizaciones del agro surge la cuestión de si la caza controlada no es la única alternativa para atajar el furtivismo.
La ecuación de la gestión del lobo es compleja, con otros mecanismos a tener en cuenta a mayores de la caza, como las indemnizaciones por daños o las ayudas a la prevención. El debate mediático sobre todas estas cuestiones suma en las últimas horas dos nuevos posicionamientos públicos, en sendas notas de prensa.
La organización ecologista Adega sostiene que el problema del lobo en Galicia no es su protección, sino que la Xunta ofrezca mayores apoyos a la ganadería, tanto en medidas de prevención como en indemnización de daños. Entre tanto, Unións Agrarias aboga igualmente por fomentar la convivencia de lobo y de la ganadería extensiva, pero con una gestión que permita la caza de la especie cuando así se dictamine con criterios científicos y técnicos.
Debate irreal y furtivismo
La posible prohibición de la caza del lobo por daños reiterados sobre el ganado es el principal asunto que está a debate estos días, enfrentando a parte del sector ecologista con las organizaciones del campo. Desde Adega defienden esa prohibición y señalan que apenas tendrá impacto real en Galicia, pues en el periodo 2006-2019 sólo se mataron 17 lobos en la comunidad en acciones de caza controladas. El último lobo se cazó en el 2013 y desde entonces, en 28 acciones de control autorizadas en el periodo 2014-2019 no se abatió ningún cánido.
Para Adega, la importancia principal de incluir al lobo en el listado de especies de especial protección radica en las consecuencias penitenciarias que pasará a tener su caza furtiva. «En Galicia calculamos que se cazan de manera furtiva entre 200 y 300 lobos cada año», asegura la organización ecologista, que destaca que si se confirma el nuevo estatus de protección de la especie, su caza se pasaría a considerar delito penal, con penas de cárcel.
Desde Unións Agrarias reconocen que la caza nunca fue una herramienta de gestión poblacional del lobo en Galicia, pero entienden que cerrar esa posibilidad es un error.
«Prohibir la caza supone renunciar a una herramienta de gestión que no tiene alternativa en los casos en los que se produzca alarma social por ataques reiterados a las explotaciones, manadas agresivas que se acerquen al entorno de las casas, poniendo en riesgo la seguridad, o ejemplares problemáticos que precisen de soluciones puntuales. No hay que olvidar que el lobo es un superdepredador que está en la pirámide de la cadena trófica, carece de enemigos naturales y tan sólo la gestión por parte del ser humano mediante caza controlada puede garantizar el equilibrio de sus poblaciones de manera ordenada», defiende el responsable de Desarrollo Rural de Unións, Jacobo Feijoo.
La postura de la organización agraria, que comparten otros colectivos del campo, es a favor de una convivencia del lobo con la ganadería extensiva. «Hay que mandarle un mensaje de tranquilidad a la sociedad. El lobo no está en peligro de extinción en Galicia y nadie en el rural gallego aboga por su desaparición, sino por la convivencia garantizada por una gestión de las poblaciones con criterios científicos y técnicos», defienden desde Unións.
Entre las organizaciones que están a favor de la convivencia del lobo con la ganadería extensiva, existe el temor a que la prohibición de la caza del lobo lleve a un aumento de acciones furtivas, en ocasiones indiscriminadas por el uso de lazos o venenos. Frente a ese escenario, se entiende que las acciones puntuales de caza, decididas con criterios técnicos, se presentan más como una alternativa a fomentar que como una opción a prohibir.
Apoyos al campo
Donde hay acuerdo entre ecologistas y organizaciones agrarias es en la necesidad de que la Consellería de Medio Ambiente aporte mayores apoyos para prevención de daños y para indemnización de los mismos. Adega calcula que las ayudas de la Xunta para prevención desde 2004 fueron de un total de 1,3 millones de euros, «apenas 75.000 euros al año», cuestionan.
Entre tanto, las ayudas para cubrir daños ascendieron en el mismo periodo a 3,6 millones de euros, con una inversión anual media de 200.000 euros, «pero sólo este último año se dedicó un presupuesto suficiente para atender el problema, con un total de 646.000 euros presupuestados», valoran desde Adega.
Unións aboga también por la mejora de los apoyos al campo. «Es importante agilizar los tiempos para que las ayudas se paguen en un máximo de dos meses, y no permitir retrasos de más de un año, como acontece en la actualidad». La organización agraria pide además que se cubra el valor real de cada res y que se pague el lucro cesante.
Para Unións habría también que revisar el procedimiento en el caso de animales desaparecidos que se excluyen de las ayudas, «pues hay un nivel de archivo de expedientes de daños de un 25%». Distinta es la percepción de Adega sobre la cuestión, pues la organización ecologista considera que lo prioritario es agilizar las inspecciones sobre el terreno para evitar fraúdes en la declaración de daños. Adega sostiene que hasta un 30% de las comunicaciones de daños son falsas.
Otras medidas de gestión
Como medida complementaria de gestión, Jacobo Feijoo propone que se establezcan mecanismos de alimentación disuasoria en determinadas épocas y lugares, asociados a un seguimiento técnico de las necesidades que tengan las correspondientes manadas de lobos. «Es un mecanismo que puede ayudar a aliviar la presión sobre las explotaciones ganaderas. Llegaría con una gestión de las propias reses muertas de manera natural en las explotaciones y también se podría pensar en la gestión de parte de los restos de los jabalís que se cazan cada año en Galicia», valora.
