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Las administraciones autonómicas de Galicia, Asturias y Cantabria están coordinando su respuesta ante el Real Decreto 980/2017, del 10 de noviembre, por el que el Ministerio de Agricultura modifica varios puntos relacionados con la PAC, entre ellos la penalización del esparcido de purines como se venía haciendo hasta ahora, mediante cisterna con sistema de plato, cañón o abanico.
Estos cambios que supone la directiva del Ministerio no les afectan a los pequeños agricultores, sino solo a los que soliciten las ayudas directas de la PAC y que estén sujetos a las normas de condicionalidad: buenas condiciones agrarias y ambientales de la tierra y requisitos legales de gestión.
En este sentido, desde la Consellería de Medio Rural explican que “en caso de que alguno de estos fueran inspeccionados y se les detectara incumplimiento, se les aplicará una reducción que estaría en principio entre el 3 y el 5% el primer año”.
“Si se le vuelve a detectar el incumplimiento en los 3 siguientes años, la reducción podría llegar hasta el 15%, y una vez que llegue al 15%, si vuelve a repetir el incumplimiento podría perder el 100% de las ayudas de la PAC de ese año”, explican.
Alegaciones en las que está trabajando Galicia:
El Ministerio de Agricultura reconoce que las Comunidades Autónomas podrán presentar alegaciones para adaptar el decreto a sus realidades, estableciendo excepciones durante este año, aunque la ministra ya advirtió de que se trata de una directiva europea y que hay que cumplirla. Anunció también ayudas para adaptar las cisternas, aunque sin concretar el importe.
En Galicia la Consellería de Medio Rural asegura que “la Xunta sigue en contacto con el resto de comunidades autónomas para alcanzar un consenso y la unidad de acción de cara a la aplicación de excepciones a esta normativa”.
Las excepciones en las que está trabajando la Consellería se solicitan en función del sistema de explotación, para las granjas en extensivo, por orografía y edafología, por las condiciones del clima, por tamaño de las explotaciones y su dispersión y por motivos socioeconómicos.
“En el caso de la orografía, se recuerda que un porcentaje importante del suelo agrario útil de Galicia se localiza en zonas de alta montaña o con limitaciones naturales. La pendiente en algunas de estas áreas haría imposible practicar el abonado tal y como establece la normativa, implicando también un riesgo para las personas durante su aplicación, por las altas posibilidades de que las máquinas se deslicen en suelos húmedos”, explican desde Medio Rural.
Medio Rural: “Estamos en contacto con otras comunidades para consensuar las excepciones a esta normativa”
En cuanto a la edafología, la Consellería argumenta que “buena parte de nuestra comunidad se caracteriza por terrenos de montaña pedregosos que impedirían la inyección del purín”. Por la climatología, se pone de manifiesto que “Galicia es una región con precipitaciones elevadas durante períodos prolongados, lo que limita el tiempo disponible para las labores agrícolas y que condiciona el acceso a las superficies y las prácticas de abonado, propiciando además desplazamientos y hundimientos del terreno, con el consiguiente riesgo de que la maquinaria vuelque”.
Con respecto al tamaño de las explotaciones y su dispersión, la Consellería le recuerda al Ministerio que “en Galicia predomina el minifundismo en granjas pequeñas y medianas, que constituyen el 80% del total, y el empleo de nuevos sistemas de aplicación de purines requiere potencia y maniobrabilidad, algo inviable en muchos casos”.
Por último, por razones socioeconómicas, se señala que la normativa obligaría a realizar nuevas inversiones, por carecer de esta maquinaria específica de aplicación de purines y que requiere además, en muchos casos, tractores con mayor potencia.
Asturias: Excepciones para fincas de menos de media hectárea
En el caso de Asturias las excepciones que estudia solicitar el Gobierno del Principado al Ministerio son prácticamente idénticas: que la norma no se aplique en terrenos con más de un 10% de pendiente, al igual que para las parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados o terrenos con extremada dureza por su composición pedregosa. De ser aceptadas estas alegaciones por parte del Ministerio consideran que la mayor parte del territorio asturiano quedaría exento este año de cumplir la norma.
Mientras tanto, la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) ya anunció movilizaciones. La primera será una concentración el próximo viernes, 2 de febrero, a las 12:00 horas, ante la Consejería de Medio Rural, en Oviedo. La convocatoria habla de demandar una moratoria en la aplicación de la normativa de purines y de la aprobación de excepciones.
Al igual que en Galicia, en Asturias los sindicatos consideran “inasumible” la norma, que obligaría a gastos que estiman en unos 32.000 euros por ganadería.
