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La gestión forestal activa se presenta como la herramienta principal para mitigar dos de los principales problemas que arrastra el monte, como son el progresivo abandono, fruto del minifundio y de la despoblación rural, y el cambio climático. Ambos problemas agravan el escenario de grandes incendios forestales, como los que sufrió Galicia en el 2017 y 2022 o Portugal en septiembre de 2024.
Ante el aumento de los grandes incendios en la Península Ibérica, una alianza de la sociedad civil ha desarrollado en los últimos meses una propuesta a nivel estatal para la reforma de la fiscalidad forestal, de manera que incentive la gestión forestal activa.
La propuesta se plasmó en un documento elaborado conjuntamente por Greenpeace, WWF y la plataforma Juntos por los Bosques, que agrupa a más de un centenar de entidades forestales de toda España, entre ellas la Asociación Forestal de Galicia. Este mes, se iniciará la presentación del documento a todos los grupos políticos del Parlamento español, con el objetivo de que alcance un amplio consenso que sirva para modificar la fiscalidad forestal.
A primeros de febrero, la propuesta le va a ser entregada a la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Cristina Narbona, con la que una representación de la plataforma Juntos por los Bosques tiene cerrada una reunión. Conviene recordar también que ya en septiembre pasado, el Parlamento gallego aprobó apoyar la demanda del sector de una flexibilización de la fiscalidad forestal.
La propuesta suscrita por Greenpeace, WWF y Juntos por los Bosques se basa en el interés general manifiesto derivado de las múltiples externalidades ambientales positivas que genera la actividad forestal, como son la captación de CO2, la regulación del ciclo del agua, el control de la erosión, el suministro de materias primas renovables o el mantenimiento de la biodiversidad.
“A todo esto hay que unirle el hecho de que el silvicultor, mediante el desarrollo de una actividad forestal sostenible, se convierte en un gestor del territorio, evitando la selvatización del monte y previniendo los grandes fuegos forestales”, indica Francisco Dans, vicepresidente de la Asociación Forestal de Galicia.
Con los incentivos fiscales propuestos, se busca dinamizar una silvicultura activa, caracterizada por la ejecución de trabajos forestales de manera periódica, que contribuyen a reducir el volumen de biomasa en el monte, al tiempo que se ordena el territorio.
Estas medidas contribuirían además a alcanzar una viabilidad de la actividad desde el punto de vista económico, tratando así de facilitar la gestión de las parcelas de menor tamaño, que en su mayor parte pertenecen a propietarios particulares.
Deducción de gastos e inversiones en la Declaración de la Renta
Para alcanzar esa viabilidad económica y potenciar las inversiones en el monte, se proponen una serie de medidas, entre las que destaca la deducción del 20% de los gastos e inversiones que realicen los silvicultores activos para la conservación, mejora y protección del monte, pudiendo acceder a esta deducción siempre que se desarrolle una gestión forestal sostenible, en montes ordenados y certificados.
Esta deducción aumentaría hasta un 40% en el caso de aquellos montes que tengan un marcado carácter protector y una menor orientación maderera. “El objetivo es canalizar inversiones privadas hacia actuaciones que tienen objetivos de marcado carácter general, como por ejemplo la protección de parajes con elevado interés ambiental, el mantenimiento de la biodiversidad en áreas sensibles, la creación de barreras naturales contra los incendios forestales o la gestión de áreas de protección de bienes arqueológicos y etnográficos”, destaca Daniel Rodríguez, director económico de la Asociación Forestal de Galicia y uno de los autores de la propuesta.
Esta aumento de las deducciones de la actividad silvícola en el IRPF complementarían otras muchas medidas ya contempladas en los impuestos transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia.
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