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El proyecto del Ministerio de Agricultura para modificar la normativa de contratos lácteos se ha topado con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La iniciativa ministerial busca garantizar que los precios de la leche pagados en el campo cubran los costes de producción de las granjas, pero el proyecto del Gobierno no es del gusto de Competencia, según se desprende de un informe elaborado por el organismo. Le toca ahora decidir al Ministerio cómo sacar adelante la normativa, pues el informe de Competencia no es vinculante.
En su proyecto para modificar la normativa de contratos lácteos, Agricultura propuso introducir nuevas garantías para las granjas, tanto para las ganaderías que suscriben acuerdos a precio fijo como para las que lo hacen a precios variables.
En el caso de contratos a precio fijo, el proyecto de Real Decreto marca que si durante tres meses ese precio se sitúa por debajo de costes, la granja tiene derecho a una revisión del contrato. De no efectuarse esa revisión, se abriría el correspondiente procedimiento sancionador contra la industria.
En contratos con precios variables, el Ministerio propone que la evolución del precio se ajuste a “parámetros objetivos, verificables, fácilmente identificables por las partes (…) y que procederán de fuentes públicas y accesibles, que deberán ser también especificadas en el contrato”.
El Ministerio precisaba que “los análisis e informes publicados por el Ministerio de Agricultura o las Comunidades Autónomas podrán utilizarse para respaldar la información sobre los costes de producción que en su caso sea aportada”.
Postura de la Comisión Nacional de la Competencia
El informe de Competencia comienza señalando que el organismo es consciente de los desequilibrios que se producen en la cadena alimentaria, dada la distinta capacidad de negociación de los actores, pero es contraria a las garantías que pretende introducir el Ministerio de Agricultura para las granjas.
En concreto, Competencia señala “la necesidad de garantizar la libre voluntad de elección de las partes a este respecto, tanto a la hora de establecer precios variables como de mecanismos de revisión de los precios fijos en los contratos”.
Competencia no cuestiona que la información sobre costes de producción publicada por las diferentes administraciones pueda ser de utilidad para concretar parámetros objetivos, pero advierte de que el reglamento europeo de la Organización Común de Mercado, en su artículo 148, permite que en los métodos de cálculo del precio final se tengan en cuenta tanto indicadores públicos como “otros que consideren pertinentes” las partes.
Sobre la revisión de contratos a precio fijo en el caso de que durante tres meses los costes de producción superen al precio de la leche, Competencia también se muestra contraria. La Comisión considera que esa medida puede provocar una inflación en el precio de la leche, “puesto que se obliga a ajustar los precios de los contratos al alza, pero no a la baja”.
Competencia también señala las dificultades de auditar los costes de cada ganadero, pues es una “información que pertenece en exclusiva al vendedor (granja) y sobre la que este puede influir (por ejemplo con sus decisiones de compra de insumos). Ello puede conducir a inseguridad jurídica entre las partes”, valora Competencia.
“Una posibilidad alternativa” -completa el informe- “es que ambas partes utilicen referencias externas para constatar aumentos en los costes de producción, pero debe tenerse en cuenta que una variación en los precios de los insumos no tiene porque afectar en la misma medida a los costes de todos los productores”, considera.
Conclusiones
Ante esta situación, Competencia se permite recomendar como mejor opción, tanto para los contratos a precio fijo como a precio variable, que industrias y ganaderos, por acuerdo contractual, establezcan “de buena fe” las cautelas debidas para ajustar los precios (de la leche) ante cambios en los precios de los insumos (…) Ello dejaría a las partes libertad para concretar el modo de cumplir con la obligación legal”, concluye Competencia.
