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El problema de convivencia entre ganadería y lobo está en aumento, sobre todo en determinadas comarcas como la Mariña lucense. Más allá de la oposición de las granjas al aumento de protección del lobo, la cuestión de fondo es el aumento de ataques que se ha experimentado en los últimos años. Desde Unións Agrarias, convocante ayer de una protesta en Celeiro (Viveiro, Lugo), abogan por la adopción de una serie de medidas inmediatas por parte de la Xunta.
El secretario general de Unións, Roberto García, propone en primer lugar que todos los daños del lobo se paguen en tiempo y en cuantías suficientes. «De las 2.200 cabezas de ganado que se llevan perdidas en el 2021 por el lobo, hay 600 ataques en los que la Xunta se niega a pagar indemnizaciones argumentando que no se acreditó de forma suficiente que fue el lobo el causante del ataque. El proceso tendría que ser el contrario: pagar salvo en el caso en que se demuestre que no fue el lobo», propone García.
En segundo lugar, el secretario general de Unións defiende las medidas de control, como la caza por daños, o alternativas como el abandono de cadáveres de ganado en el monte, a modo de alimentación disuasoria, en zonas con problemas de ataques al ganado. «La cuestión es que con la nueva protección del lobo, los condicionantes que se van a pedir para la caza por daños van a hacer inviable esa opción», reflexiona el secretario general de Unións, que lamenta el cambio de normativa.
«Nosotros no queremos cazar el lobo, eso que quede claro, pero tampoco queremos que el lobo nos cace a nosotros. Se está amenazando el modelo de producción de la ganadería extensiva y no tenemos herramientas para afrontar esta situación», cuestiona el secretario general de Unións.
Críticas a la batalla política
Por último, García demanda una solución estable para las indemnizaciones por daños de lobo. Tras el aumento de protección de la especie, la Consellería de Medio Ambiente anunció que iba a dejar de pagar indemnizaciones, con el argumento de que el cambio de la normativa estatal suponía en la práctica una retirada de sus competencias sobre el lobo.
Desde Unións consideran que la postura de la Consellería no tiene pies ni cabeza: «Iremos a la vía judicial si fuera preciso. La Xunta debe renunciar a reyertas políticas y asumir sus competencias. Otra cosa es que el Ministerio pueda y deba colaborar con las medidas que adopte la Xunta, pero ese es otro debate distinto», valora Unións, que concentró a un numeroso grupo de afectados ante la delegación territorial de la Xunta en Celeiro.
