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La Consellería de Medio Rural, junto con las organizaciones agrarias y las cooperativas, elaborarán y remitirán al Gobierno central y a Bruselas un acuerdo conjunto en defensa de una nueva PAC fuerte, con fondos suficientes y diferenciados.
Así se acordó en la reunión celebrada este viernes del pleno del Consello Agrario, que estuvo presidido por la conselleira María José Gómez y que dio luz verde a la creación de la comisión de trabajo sobre la futura PAC dentro de este órgano de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Xunta en materia agraria y de desarrollo rural.
La conselleira explicó que se trata de sumar esfuerzos para actuar coordinados a favor del sector primario gallego ante las negociaciones para concretar el Marco Financiero Plurianual 2028-2032. En la reunión de este viernes, los miembros del Consello Agrario valoraron conjuntamente la defensa de una PAC con recursos suficientes y que blinde no solo las ayudas directas, sino también los fondos para el desarrollo rural, con el objetivo de cerrar este consenso en la primera reunión de dicha comisión de trabajo, que tendrá lugar el próximo día 26 de este mismo mes de enero. Se busca defender ante el Ministerio de Agricultura y también en Bruselas un cambio en la propuesta comunitaria, para evitar un recorte de fondos y la pérdida de los dos pilares actuales.
María José Gómez mostró su preocupación por la reducción de fondos de la PAC para Galicia de al menos el 22%, un porcentaje que se traduciría en alrededor de 80 millones de euros anuales. Insistió en que se trata de contar con una futura PAC “fuerte y bien dotada”, con unos fondos diferenciados que no vengan en una bolsa común de la que otros sectores también puedan detraer recursos. Gómez subrayó, en este sentido, que esos fondos “son imprescindibles para dar estabilidad al sector primario gallego”.
Cambio de modelo
El SLG eleva estas cifras: “manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, que supone un recorte del 20% del presupuesto sin tener en cuenta la inflación (lo que en la práctica equivale a un 31% de recorte real), la eliminación de los dos pilares de la PAC y la ausencia de herramientas para la regulación de los mercados que permitan garantizar precios justos”, asegura Brais Álvarez, secretario de acción sindical del SLG.
“Defendemos una PAC que garantice unos ingresos dignos a las personas agricultoras, que apoye a las pequeñas y medianas granjas, que promueva el relevo generacional y la transición agroecológica, y que incluya mecanismos reales de regulación de los mercados para que los precios agrícolas se mantengan por encima de los costes de producción”, enumeró.
El SLG propone que se aproveche este momento de debate europeo para “replantear el modelo de PAC”, pasando de una PAC basada en pagos por superficie “a una PAC que contemple una verdadera ayuda a la renta para las personas que producen alimentos”.
Mantenimiento de los fondos para desarrollo rural
Desde Unións Agrarias, su secretario general, Roberto García, asegura que en relación con las demandas para la próxima PAC 2028-2034 “en las grandes líneas existe consenso general” en el seno del Consello Agrario.
Defiende la necesidad de mantener el segundo pilar, en el que se encuadran los fondos de desarrollo rural, y que son gestionados por parte de las comunidades autónomas; luchar por conservar los derechos históricos y trabajar en el ámbito presupuestario.
En este aspecto, sin embargo, Roberto García muestra un mayor conformismo, ya que, asegura, “con las dos reformas que ya se hicieron en el documento inicial propuesto por la Comisión Europea ya prácticamente se iguala el importe de la PAC actual”, dice.
Ayuda para las granjas avícolas en extensivo
Por último, en el punto de ruegos y preguntas, el SLG expuso también la difícil situación que atraviesa el sector avícola en extensivo por la gripe aviar, con un incremento importante en los costes de producción derivado del confinamiento obligatorio. Demandamos que se valore una ayuda específica para este modelo de granjas, que están sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria sin contar con apoyo económico. La Consellería de Medio Rural manifestó que valorará esta petición en la comisión prevista para esta semana.
Tratado con Mercosur: Unións Agrarias defiende los beneficios del acuerdo para Galicia
Otro de los temas abordados en el seno del Consello Agrario fue el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, donde, por el contrario, quedaron en evidencia las diferencias entre el Sindicato Labrego Galego, que lo rechaza de plano, y Unións Agrarias, que lo defiende. Por su parte, ASAGA se posicionó junto al SLG, pero con matices.
“Lamentamos que el Consello Agrario no estuviese a la altura de las circunstancias y no se posicionase de manera unánime contra un tratado que amenaza gravemente la viabilidad de las granjas gallegas”, denuncia Brais Álvarez, secretario de acción sindical del SLG.
“La alimentación es un derecho de todos los pueblos del mundo y por lo tanto no puede ser integrada dentro de los tratados de libre comercio”, argumentó. Además, afirmó que las cláusulas de salvaguarda anunciadas por la Comisión Europea “no son garantía real de protección para el sector”. “Consideramos que apostar por las cláusulas de salvaguarda es una posición ilusa y peligrosa, ya que no impedirán el impacto devastador que este acuerdo tendrá sobre la agricultura gallega”, insistió.
La alimentación es un bien común, no una mercancía especulativa; debe quedar fuera de los tratados comerciales (SLG)
“Este acuerdo puede acabar con la viabilidad de la agricultura de pequeña y mediana escala y pone la producción alimentaria en manos del agronegocio y las multinacionales. Miles de granjas europeas cerrarán ante la imposibilidad de competir. A medio plazo, el control sobre qué comemos, de dónde viene y a qué coste estará en manos de un puñado de corporaciones”, afirmó.
El SLG denuncia además que el acuerdo con Mercosur traerá “un aumento de las emisiones y de la deforestación que choca frontalmente con el compromiso europeo de reducir las emisiones en un 55% de aquí a 2030, ya que el tratado multiplicará las emisiones derivadas del transporte e impulsará la deforestación amazónica”, asegura Brais Álvarez.
Asegurar soja y maíz a la cabaña ganadera gallega
En relación con la firma de este tratado comercial, desde Unións Agrarias su secretario general, Roberto García, defiende sus bondades. “Mercosur es imprescindible porque de él depende el abastecimiento de las materias primas para la alimentación animal”, dice.
“Importamos cada año 3,5 millones de toneladas de alimentación animal y no podemos prescindir de ellas. Galicia es dependiente de proteína vegetal procedente de Mercosur; el 100% de lo que comen los cerdos y pollos en granjas integradas y el 40% de lo que comen las vacas de leche depende de esas importaciones. Poder tener garantizada soja y maíz sin aranceles a buenos precios para el ganado es una garantía para el sector ganadero gallego, más aún con los riesgos derivados de la guerra comercial entre EEUU y China. Sin Mercosur quedaríamos desabastecidos de alimentación animal”, asegura.
Galicia es dependiente de proteína vegetal procedente de Mercosur; importamos 3,5 millones de toneladas anuales para alimentación animal y no podemos prescindir de ellas (UUAA)
Por ello, Roberto García tacha de “terrorismo informativo” los mensajes lanzados por las organizaciones que se están manifestando estos días en Galicia, a las que acusa de “generar alarma”. “Esto es lo mismo que cuando se decía aquello de Mercado Común Europeo, ruina del agro gallego. ¿Qué sería hoy de nosotros sin la UE?”, se pregunta.
Otro de los aspectos positivos de la firma de este tratado a juicio de UUAA es la posibilidad de exportar productos agroalimentarios gallegos a países como Brasil. “Se abre una vía para colocar allí productos lácteos que con los aranceles del 42% de China se ven bloqueados. También los excedentes de vino, más aún teniendo en cuenta el recorte en el consumo que medidas como la rebaja de la tasa de alcoholemia puede traer aparejado”, razona.
Se abre la vía para colocar en países como Brasil excedentes de vino y productos lácteos afectados por los aranceles chinos (UUAA)
En cuanto a los riesgos, el secretario general de UUAA reconoce que “el problema lo podemos tener en la carne”, pero minimiza las consecuencias. “En este momento ya están llegando 200.000 toneladas anuales de carne de vacuno de los países del Mercosur hacia la UE, el acuerdo supondría 99.000 toneladas adicionales, pero en total solo representa el 1,5% de la carne de vacuno que se consume en la UE”, detalla.
“La posible distorsión del mercado solo se daría si metemos todas esas toneladas de carne el mismo día y en el mismo sitio”, afirma. También tranquiliza al consumidor porque “toda la carne que está llegando ya viene con controles y garantías”, dice.
“Nuestras desconfianzas están más en los mecanismos de control que en el propio acuerdo en sí. Ellos pueden producir como quieran, pero si viene para aquí, es cosa de la UE; las cláusulas de salvaguarda no dependen de que ellos las acepten o no. El trabajo que está sin hacer es qué medios va a poner la UE para que se cumpla eso; qué inspecciones va a poner la UE para que ningún producto pueda venir sin cumplir con las normas comunitarias en materia de fitosanitarios o bienestar animal”, dice.
Más controles en Galicia
En relación con Mercosur, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, insistió en que se deben cumplir estrictamente las cláusulas espejo y de salvaguarda introducidas en el tratado, cuestión irrenunciable para su puesta en marcha, con el fin de evitar que incidan en una “alteración de los precios” de los productos agroalimentarios gallegos.
También defendió que cualquier importación de terceros países tiene que respetar las exigencias sanitarias que deben cumplir los agricultores y ganaderos gallegos, que cuentan además con una “condicionalidad social que también es innegociable”.
Asimismo, y de ser necesario, llegado el caso la Xunta de Galicia ya manifestó su compromiso de incrementar los controles en la comunidad ante este acuerdo, una medida que tiene que ir acompasada con la de intensificar las inspecciones en la frontera, cuestión que es competencia del Gobierno central, recordó.
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