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El próximo periodo de la Política Agraria Común (PAC), a partir del 2020, ya está a debate. Para este año y para el próximo se espera una negociación a nivel comunitario en la que se decidirá el futuro de las ayudas a la agricultura. Con el objetivo de consensuar una postura común a nivel de España, el Ministerio de Agricultura está celebrando unas jornadas en Madrid con participación de todos los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas.
El primer día de las jornadas, que se iniciaron ayer y concluyen hoy, contó con la participación del comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, que incidió en la bajada de fondos que se avecina para la PAC. El Brexit reducirá en unos 3.600 millones de euros anuales la cantidad destinada para la Política Agraria Común, según las estimaciones de Hogan. Un segundo factor a tener en cuenta son los retos presupuestarios a los que tendrá que hacer frente la UE en la próxima década, entre los que figuran cuestiones como la atención a refugiados y migrantes.
La PAC representa un 38% de los fondos comunitarios. Legitimar el mantenimiento de los apoyos es uno de los retos que enfrenta el agro
Legitimación de la PAC
La PAC representa en la actualidad un 38% del presupuesto comunitario y queda por ver qué parte de los fondos consigue retener a partir del 2020. La legitimación de las ayudas que cobran agricultores y ganaderos se presenta, por tanto, como una de las tareas a cuidar desde el campo.
El sector coincidió en las jornadas de Madrid en reivindicar el papel de las ayudas para garantizar la producción de alimentos sanos y seguros, así como para mantener el territorio, fijar población y generar beneficios ambientales.
Pagos directos
Hubo consenso en defender los pagos directos a agricultores y ganaderos. En el periodo 2014-2020, España dispone de 35.000 millones de euros para pagos directos y de más de 8.000 para fondos de desarrollo rural.
Comunidades como Cataluña o País Vasco abogan por reformular el modelo de pagos basado en derechos históricos
En Bruselas se debate se reorientar en el 2020 parte de los fondos asignados a pagos directos para desarrollo rural, si bien en España, los consejeros autonómicos que se pronunciaron sobre la cuestión, entre ellos la gallega Ángeles Vázquez, apoyaron el mantenimiento del enfoque actual, centrado en los pagos directos como vía para complementar la renta de las explotaciones.
Agricultores activos
La defensa de los pagos directos se hizo con un matiz. Los consejeros autonómicos abogaron por enfocar las ayudas a los agricultores verdaderamente activos. Desde el País Vasco se explicó la situación con claridad: “Si el Brexit va a reducir el presupuesto comunitario, la respuesta tiene que pasar por limitar el número de beneficiarios. Hay que eliminar a los agricultores jubilados de la PAC y cambiar el modelo actual de pagos basado en los derechos históricos”.
La misma claridad fue compartida por comunidades como Castilla y León o Cataluña. “Los derechos históricos frenan la transición de apoyos hacia gente joven”, valoró la consejera catalana.
Sobre esa idea común, cada comunidad añadió sugerencias particulares a cómo orientar los pagos directos. Por ejemplo, el País Vasco es también favorable a limitar los apoyos para las explotaciones con ingresos más altos. Cataluña, por su parte, incidió en la necesidad de centrar los esfuerzos en áreas vulnerables y pidió margen para acoplar o desacoplar ayudas en función de las necesidades.
Desde Galicia, se subrayó la necesidad de simplificar el proceso de declaración de la PAC, así como los controles posteriores. Se pidió además homogeneidad y estabilidad para este tipo de tramitaciones.
Regionalización
En el primer día de las jornadas, celebrado ayer, hubo también algún apunte sobre el melón que queda por abrir, el de la asignación autonómica de las ayudas de la PAC en España, si bien ese debate se trató de evitar y quedará para una fase posterior, cuando ya se concrete la orientación de la futura PAC desde Bruselas.
