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Vista de la antigua planta de Leche Pascual, adquirida en 2014 por Logística Alimentaria y ahora por LCG Fruits
La asociación de ganaderas y ganaderos Agromuralla denuncia «importantes deudas» de la empresa Central Lechera de Lugo (Grupo Santé) y de LCG Fruits, actual propietaria de la antigua planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei, con los productores de leche que le entregaban la leche.
En concreto, Agromuralla explica que cinco de sus asociados llevan desde el mes de octubre y noviembre sin cobrar una cantidad total que asciende a más de 150.000 euros. «Son importes en algunos casos de más de 35.000 euros por ganadería, esenciales en este momento para garantizar la supervivencia de estas explotaciones», afirma la asociación de ganaderos.
Las deudas superan en algún caso los 35.000 euros. Ese dinero es vital para garantizar la supervivencia de las explotaciones en este momento
LCG Fruits & Juices SL, asentada en Castilla la Mancha y Andalucia y con negocios en el sector del vino, los cítricos y los zumos de frutas, adquirió el pasado año a Tegestacín las instalaciones de almacenamiento y envasado de leche de Outeiro de Rei y, tras despedir a la totalidad de la plantill, redujo la actividad hasta dejar de envasar leche líquida en ella en el mes de diciembre.
Recomiendan no firmar contratos ni hacer entregas a esta empresa
Sin embargo, la empresa sigue recogiendo leche y está ofreciendo nuevos contratos para captar explotaciones que le suministren materia prima con el objetivo de «hacer negocio a costa de los ganaderos», asegura Agromuralla, que sospecha que la empresa revende después esa leche a otras empresas para hacer leche en polvo y otros derivados, aprovechando el alto precio que están teniendo en este momento estos productos lácteos industriales, pero dejando sin pagar la leche a los productores.
A pesar de los impagos, la empresa está enviando a otras granjas ofertas para la compra-venta y la recogida de la leche
Por eso, Agromuralla quiere advertir a los ganaderos del «amplio historial de incumplimientos» de esta empresa y recomienda a sus asociados que no firmen contratos con ella ni le entreguen la leche «en vista de las malas experiencias que otros compañeros han tenido con la compañía».
Entramado de empresas fantasma
Agromuralla considera que «existe toda una estructura y un entramado de empresas fantasma creado ad hoc para que no cobren los ganaderos». «Se llevaron el domicilio social a Madrid y están desmontando la planta de Tegestacín en Outeiro de Rei con la finalidad de no hacer frente a las deudas y burlar la Justicia», denuncia Agromuralla.
Los ganaderos afectados tenían contratos firmados con Central Lechera de Lugo, nombre bajo el que operaba la empresa, en los que se estipulaba que el pago de la leche se efectuaría en los 30 días siguientes al mes de recogida, considerándose incumplimiento grave de contrato y causa de rescisión un retraso de 7 días sobre esa fecha.
Debido a los retrasos acumulados, los productores afectados decidieron dejar de entregar la leche y ejecutar los pagarés que la compañía había depositado en forma de avales, pero carecían de fondos
En base a los retrasos acumulados, los productores afectados decidieron dejar de entregar la leche a la empresa y ejecutar los pagarés que la compañía había depositado en forma de avales. Pero estos pagarés, emitidos por LCG Fruits, resultaron estar sin fondos. «Fueron presentados a cobro pero vinieron devueltos por carecer de fondos, lo que genera nuevos gastos a los ganaderos a mayores de la deuda ya acumulada», denuncia Agromuralla.
Los contratos firmados obligan a acudir, en caso de discrepancia, a la Corte Española de Arbitraje, que tiene un coste muy elevado, inasumible para muchas de las ganaderías afectadas
Los contratos estipulaban también que en caso de desacuerdo entre las partes se abriría un proceso de intermediación por parte de la Inlac, que resultó infructuoso. «No hubo acuerdo en el acto de conciliación llevado a cabo y a los ganaderos les queda ahora el recurso a la Corte Española de Arbitraje, pero ese proceso tiene unos gastos elevados a los que los ganaderos no pueden hacer frente», asegura Agromuralla, que exige a las Administraciones públicas, tanto a la Xunta de Galicia como al Ministerio de Agricultura, «que actúen contra estas empresas pirata que están vulnerando la Ley de la Cadena Alimentaria y el Paquete Lácteo con total impunidad valiéndose de la situación de inferioridad clara de los productores».
