Dos de las granjas que acabaron contrato con Reny Picot siguen sin recogida para la leche

PREMIER CATTLE (Nova Zelandia) camion recollida leite3

Pasaron más de 15 días desde que trascendió que un grupo de granjas que acabaron contrato con Reny Picot se vio en la obligación de tirar la leche, al no encontrar comprador, pero el problema continúa sin solución para dos de ellas.

El Sindicato Labrego Galego (SLG) asegura hoy en una nota de prensa que la empresa Reny Picot lleva desde comienzos de mes sin recoger la leche de dos granjas de A Mariña tras no alcanzar un acuerdo para la firma del contrato. Según la organización agraria, esta situación supone un incumplimiento de la legalidad por parte de la industria asturiana y pone en riesgo la continuidad de los proyectos ganaderos de ambas explotaciones.

El SLG afirma en un comunicado que Reny Picot “incumplió tanto la Ley de la Cadena Alimentaria como el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo. Este doble abandono —tanto por parte de la industria como de la administración ante su falta de actuación— ha supuesto pérdidas de miles de euros en las granjas afectadas”, advierte.

La organización agraria señala que la situación de las dos granjas se produjo por “no firmar los contratos abusivos de las empresas y ya llevan veintiún días tirando la leche”. La parte positiva es que, según informa el SLG, una de las cuatro granjas a las que Reny Picot retiró la recogida ha encontrado comprador para su leche. Con todo, el producto que llevan tirando desde inicios de mes ya ha supuesto importantes pérdidas económicas.

El SLG acusa a Reny Picot de “incumplir la obligatoriedad de preavisar con dos meses a las granjas de la finalización de la recogida. Avisar, en el mejor de los casos con un margen de cinco días, es una situación muy grave que vulnera los derechos de las personas ganaderas, ignorando las normas de la legislación vigente.”

El sindicato afirma que ya ha puesto en conocimiento la situación a la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

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