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Las organizaciones agrarias Sindicato Labrego Galego y Asociación Agraria de Galicia manifiestan sus temores y dudas respeto a la propuesta de simplificación administrativa de la PAC presentada esta pasada semana por la Comisión Europea. Así, mientras desde el SLG consideran que significará “menos protección medioambiental y más burocracia digital”, desde la ASAGA echan en falta más concreción del presupuesto con el que contará, pues “sin presupuesto, no hay política útil”.
Sindicato Labrego: “No se va a reducir la complejidad administrativa”
Desde el Sindicato Labego s avanzan que “estas modificaciones apenas van a influir en las demandas -y necesidades- de las personas que producimos alimentos: ni vamos a tener mejores ingresos ni se va a reducir la complejidad administrativa. De hecho, cada vez que oímos la palabra “simplificación” aplicada a la PAC nos echamos a temblar”.
“Para hacer una valoración pormenorizada, en primer término debemos esperar a conocer el texto definitivo y la manera en la que va a ser traspuesto por parte del gobierno de cada Estado. Pero lo que ya podemos concluir es que el tipo de “parches” propuestos en ningún caso suponen el cambio de rumbo en las políticas agrarias que precisamos para tener un modelo europeo de producción de alimentos que aspire a la soberanía y seguridad alimentaria de la población, en lugar de estar orientado a hacer negocio con una necesidad básica como es la alimentación, o incluso a utilizar la alimentación como moneda de cambio en los acuerdos comerciales por parte de la propia Unión Europea”, enmarca la ganadera y economista especializada en políticas agrarias Ana Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional del SLG.
En esta ocasión desde la organización labradora observan además que “no solo perdemos las labradoras y labradores, sino también el medioambiente y, más concretamente, la posibilidad de desarrollar un modelo agroecológico de producción alimentario, acorde a la responsabilidad de garantizar alimentos saludables a la población y establecer medidas contundentes de protección y recuperación medioambiental que ayuden a revertir el calentamiento global”.
“Se sigue desmantelando la condicionalidad sin ton ni son, es decir, precisamente el conjunto de requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrícolas y medioambientales que deben respetarse en relación al clima, al medio ambiente, a la salud pública, a la fitosanidad y al bienestar animal. Por otra parte, parece que se ahonda en la renacionalización de la PAC, puesto que desconecta algo más esta política de otras políticas europeas”, incide Ana Rodríguez. “Sin garantía de precios, sin racionalización de la burocracia, con menos protección medioambiental y con menos coordinación europea”, advierte.
Analizando más al por menor, desde el Sindicato Labrego destacan las siguientes modificaciones relativas a las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM):
-BCAM1: mantenimiento de pastos permanentes, la prohibición para transformar pastos permanentes pasa del 5 al 10% y se proponen el paso de pastos temporales a permanentes después de 7 años y no de 5.
-BCAM2: se relajan las medidas de protección de humedales y turberas, que funcionan como summideros de carbono del planeta evitando la degradación de áreas sensibles al agotamiento de carbono.
-BCAM4: se permite la redefinición de curso de agua.
-BCAM 1, 3, 4, 5, 6 y 7: las granjas ecológicas cumplen automáticamente con estos requisitos de la condicionalidade.
“Una cuestión que nos preocupa especialmente por su irracionalidad es la limitación a un único control in situ en la granja al año, realizando la práctica totalidad del seguimiento con sistemas de vigiancia digital. Además de una merma obvia en la calidad del seguimiento, esta modificación redundaría directamente en un incremento de la carga de trabajo de las granjas y de las entidades tramitadoras derivada de tener que asumir suministro periódico de estos datos”, asegura Ana Rodríguez.
Y es que, tal y commo advierte “si algo pudimos constatar que nueva PAC es precisamente que una de las cuestiones que adolecen de un peor funcionamiento son los controles mediante satélites y tecnología que que nos obligan a gestionar esta política pública -para muestra el pésimo funcionamiento de la aplicación de solicitud-. A día de hoy, en pleno período de solicitud, estamos teniendo que registrar millares de fotos preventivas porque las imágenes de los satélites Sentinel empleados para la monitorización no son eficaces en días nubosos y con parcelas pequeñas; es decir, para Galicia no valen. Insisten en que la digitalización va a ahorrar tiempo y dinero a las granjas, pero por ahora está siendo todo lo contrario”.
Con respecto a la gestión económica, «el único incremento que propone la Comisión es el de la ayuda financiera a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que en Galicia no se aplica. Por otra parte, plantean que podría haber un menor gasto porque no se permitiría emplear la reserva agrícola como medida de apoyo para desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes. “Pero si no se sacan los fondos daquí, se van a detraer de los pagos directos o de los de desarrollo rural, dado que el presupuesto es el que es, no se incrementa. En el actual período Galicia tiene muy agotados los fondos de desarrollo rural, no tenemos fondos para atender emergencias», señala.
En lo referido al régimen de personas pequeñas agricultoras, «la CE propone un incremento del importe de 1.500 a 2.500 euros, pero en el Estado Español no tenemos esta figura en el PEPAC, porque es voluntaria y se decidió no tener este pago”, explica Ana Rodríguez.
En este sentido, desde el Sindicato Labrego consideran que “debería valorarse si esta medida es interesante para Galicia, ya que tenemos muchas solicitudes de PAC con importes muy pequeños”.
Según el texto propuesto, se permitiría también pagos por unidades de ganado y colmenas en los ecorregímenes y en las medidas agroambientales. En este momento se pagan por superficie todos los ecorrregímenes, al igual que todas las agroambientales, excepto las de razas en peligro de extinción y apicultura, que se pagan por unidades de ganado. “En el caso de las agroambientales, no va a afectar a las personas que producimos alimentos en Galicia, porque está todo el presupuesto comprometido. No vamos a tener nuevas convocatorias ni en el año 2026, ni en el año 2027. En el caso de los ecorregímenes, dependemos del Estado español, y esperemos que no se emplee para concentrar más los pagos”, asegura Ana Rodríguez.
“Tenemos la sensación de que lo que se pretende con esta propuesta es dar a ver que se está haciendo algo, pero sin hacer nada. Existe mucho, mucho malestar con esta nueva PAC en todo el territorio europeo. No solo sigue contemplando la alimentación como se fuera cualquier tipo de mercancía, sino que a cada paso se aleja más de las promesas de ser una política agraria cada vez más verde. Aun por encima, el lobby del monopolio de las empresas tecnológicas entró haciendo negocio, un negocio de muchos millones de euros, a costa de un incremento demencial de las gestiones burocráticas y de que seamos las granjas y las organizaciones tramitadoras las que nos convirtamos en trabajadoras y trabajadores que les trabajamos gratuitamente para subsanar los constantes defectos informáticos de unos productos comerciales más sustentados en la estrategia de marketing que en la realidad de sus resultados. Queremos una Política Agraria Común para dar comer las personas, no para que hagan negocio las empresas”, concluye Rodríguez.
Asociación Agraria de Galicia: “Primero el presupuesto y luego las medidas”
La Asociación Agraria de Galicia (ASAGA) se suma las peticiones de medidas efectivas para el campo que deben realizarse desde los órganos correspondientes de la Unión Europea. Unas reclamaciones que trasladó el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores —ASAJA—, Pedro Barato, en su encuentro de este miércoles con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.
Barato se refirió en esta reunión a la preocupación del campo español ante el paquete de medidas destinado a simplificar la política agraria común, la PAC, presentado por la Comisión Europea. Este se centra en la carga administrativa, controles y aplicación, así como en la respuesta a las crisis y en las necesidades de inversión. Desde la Comisión se postula cómo una vía para impulsar la competitividad.
A pesar de agradecer los avances en la reducción de la burocracia y en el apoyo a explotaciones pequeñas y ecológicas, Barato reclamaba medidas para profesionales de la agricultura, en línea con lo expresado por representantes de organizaciones de Italia, Croacia, Francia, Grecia y Portugal. Desde ASAJA mantienen que la simplificación administrativa no puede servir para ocultar falta de ambición presupuestaria. “Primero el presupuesto y luego las medidas. Sin presupuesto, no hay política útil”, manifestaba Barato, explicando que no se trata de crear nuevos fondos sino de garantizar que los ya existentes lleguen a los agricultores reales.
Las organizaciones participantes coinciden en valorar el talante dialogante del comisario Hansen, pero reclaman la necesidad de contar con un presupuesto sólido, mantener los pilares de la PAC y rechazar fondos únicos, que pueden encubrir recortes.
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