El ‘catastrazo’ retoma la ofensiva en el rural

El rural gallego encara este otoño la segunda fase del ya conocido como catastrazo. El proceso de renovación catastral, que está aumentando significativamente los recibos de la contribución, ha finalizado en alrededor de 80 ayuntamientos, pero otros 150 siguen con la regularización en marcha y es de esperar que se sumen más municipios a la actualización. Hablamos con Unións Agrarias y con el Sindicato Labrego, organizaciones agrarias que están asesorando a afectados por el proceso, para conocer las cuestiones a las que conviene prestar atención.

La novedad más significativa del catastrazo es que todas las instalaciones agrarias, tales como granjas, naves e invernaderos pasan a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A mayores, la revisión pondrá al día posibles ampliaciones en viviendas e incluirá nuevas construcciones. Sobre los cambios en viviendas, habrá que abonar además los atrasos de los últimos 4 años, pago del que quedan exentas las instalaciones agrarias.

¿Qué problemas se están detectando con la actualización del Catastro» Repasamos cinco cuestiones a tener en cuenta.

1) Construcciones agrarias que figuran como almacenes

Si un pendello o un establo quedan catalogados como almacén, Catastro reclamará el pago de 4 años de atrasos. «Es fundamental en el proceso de regularización catastral prestarle atención a los usos que le atribuye Catastro a los inmuebles, de cara a presentar las correspondientes alegaciones», señala Margarida Prieto, coordinadora del Sindicato Labrego Galego (SLG) en Terra Cha.

«Es fundamental prestarle atención al uso que le atribuye Catastro a los inmuebles» (Margarida Prieto, SLG)

Prieto pone el ejemplo de una construcción agraria que se valoró en 7.437 euros y que se catalogó como almacén. De acuerdo con el tipo impositivo vigente en ese concello, el 0,4, el afectado se enfrentaba a un recibo anual de 29,7 euros sólo por esa construcción, pero como la instalación estaba catalogada como almacén, tenía que abonar además un recibo por cuatro años de atrasos (118,9 euros). Con una correcta catalogación, se evitará el pago de atrasos y habrá además la posibilidad de acceder a bonificaciones.

2) Instalaciones no sujetas al pago del IBI a las que se les atribuye un valor catastral

«Tuvimos un afectado de Friol al que se le computaban como almacenes las fosas de purín, que estaban cubiertas de uralita» -recuerda Verónica Marcos, de Unións Agrarias de Lugo.- «También es frecuente que se computen las trincheras de los silos y tuvimos incluso el caso de una afiliada a la que le querían cobrar por la casa infantil del Carrefour que había colocado en el jardín para los niños».

«A una afiliada le querían cobrar por una caseta infantil de plástico que compró en el Carrefour» (Verónica Marcos, Unións)

3) Construcciones mal atribuidas

La planificación laberíntica de algunos núcleos rurales lleva a confusiones en la atribución de las instalaciones. Habrá que revisar que Catastro liga bien las construcciones con los correspondientes propietarios.

4) Tipos impositivos

Cada Concello tiene potestad para fijar los tipos impositivos de la contribución rústica entre el 0,3 y el 0,9. Buena parte de los municipios agrarios tienen tipos bajos, alrededor del 0,3-0,4, si bien hay otros en los que se dispara hasta el 0,9.

La presión de las organizaciones agrarias está forzando bajadas de los tipos en buena parte de las comarcas agrarias. «En nuestra zona, hubo concellos como Muras, Xermade, A Pastoriza o Guitiriz que sí nos manifestaron su voluntad de trabajar en el tema, pero en la mayoría de los casos aún falta por concretar en cuanto se van a bajar los tipos», explica Margarida Prieto, del Sindicato Labrego.

A mayores, las organizaciones recuerdan que los Concellos tienen potestad para aplicar bonificaciones de hasta el 90% por circunstancias especiales, como podría ser el hecho de considerar la producción agraria como de especial importancia municipal. «Lugo, por ejemplo, es uno de los Concellos que ya están aplicando el tipo mínimo, el 0,3, y que a mayores establecieron bonificaciones de hasta el 90% para las explotaciones agrarias», recuerda Verónica Marcos, de Unións.

La diferencia de recibos es significativa. Imaginemos instalaciones agrarias valoradas en 50.000 euros. Con el tipo máximo (0,9) se pagarían 450 euros al año. Con el tipo mínimo (0,3), el pago sería de sólo 150 euros, pero si a mayores se establece una bonificación del 90%, el recibo final será de 15 euros.

Conviene destacar que sólo los Ayuntamientos saneados tendrán autorización de Hacienda para establecer este tipo de bonificaciones, pues los que se encuentren en procesos de rescate, tienen prohibidas las bonificaciones.

5) Becas de estudio

Los hijos e hijas de ganaderos de los Concellos en los que ya se acometió la renovación catastral han estado perdiendo de manera sistemática becas de estudio a causa de las valoraciones catastrales de las instalaciones agrarias. El problema suscitó las quejas del sector ganadero y este año se ha corregido la convocatoria de becas para permitir mayores valores patrimoniales de rústica. El sector duda de que ese cambio sea suficiente.

«Los Concellos ven una vía de ingresos en el catastrazo, pero no pueden sanear sus cuentas a costa de los vecinos» (José Antonio Diéguez, Ventonoso)

Valoraciones
Las organizaciones que trabajan en la asesoría a los afectados pronostican un fuerte impacto del Catastrazo en los próximos meses. «Se puede decir que hubo una tregua durante el periodo electoral, pero este otoño se retomará el envío de comunicaciones» -prevé José Antonio Diéguez Otero, de Ventonoso, una organización ligada a Unións Agrarias.- «El catastrazo para los Concellos representa sin duda una fuente de ingresos, pero lo que no se puede es pretender sanear las cuentas a costa de los vecinos», valora Diéguez Otero.

En la misma línea, se expresa Margarida Prieto, del Sindicato Labrego, que incide en que los Concellos a menudo no tienen en cuenta el impacto que tiene una subida «tan brutal» de impuestos en los vecinos, sobre todo en el rural, que registra una fuerte crisis de la mayoría de los sectores productivos y que cuenta con las pensiones más bajas del Estado.