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El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana su plan normativo para 2022, en el que figura el compromiso de sacar adelante un Real Decreto sobre protección de las aguas frente a la contaminación difusa por nitratos agrícolas. La nueva normativa, que proyecta el Ministerio de Transición Ecológica, se pondrá este año en marcha tras las presiones de Bruselas, que en diciembre anunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que no desarrolló actuaciones suficientes en la materia.
La Comisión le había abierto ya un expediente a España en el 2018 por lo que consideraba una insuficiente protección de las aguas, sin que la situación haya mejorado desde entonces, desde la óptica del organismo comunitario.
En concreto, la Comisión le había reclamado a las autoridades españolas que revisaran la situación de siete comunidades, entre las que figuraba Galicia (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana).
Situación en Galicia
Galicia es una de las pocas comunidades que hasta el momento no tiene zonas vulnerables a nitratos en su territorio, una situación que probablemente cambiará próximamente. Los problemas que se dan en el valle de A Limia, con episodios de eutrofización del agua en el embalse de las Conchas, es una cuestión que se ha denunciado ante la propia Comisión Europea por parte de los colectivos ambientalistas.
La Directiva de Nitratos de la UE obliga a los Estados miembro a calificar como zonas vulnerables a nitratos a los territorios con escorrentía hacia aguas en las que se detecten problemas, por lo que es previsible que por lo menos el valle de A Limia sea catalogado en parte como zona vulnerable a nitratos.
Esa medida, de hacerse efectiva, obligaría a los agricultores a un estricto registro de los abonos y purines que utilizan en cada parcela. Se limitaría además el volumen anual de aportes que pueden hacer a 170 Kg. de nitrógeno por hectárea.
El proceso para la declaración de zonas vulnerables a nitratos en Galicia pasa en primer lugar por comprobar qué zonas se marcan como afectadas por nitratos en el Real Decreto que prepara el Gobierno. Podría ser solo A Limia o podrían entrar también otras comarcas, como el Deza. Tras ese Decreto ministerial, sería la Xunta la competente para declarar las correspondientes zonas vulnerables a nitratos.
‘Pim pam pum’
El anuncio del nuevo Real Decreto sobre protección de las aguas contra los nitratos agrícolas llega en plena polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a raíz de sus declaraciones a un medio británico. El ministro volvió a insistir en la línea de lo que ya había manifestado en julio pasado en un vídeo. Garzón cree que la carne es un problema medioambiental, para la salud y que además en España hay macrogranjas de hasta 4.000 – 10.000 cabezas en las que, afirma, se produce carne de pobre calidad.
Analicemos esas declaraciones desde tres puntos de vista: el ambiental, el agrario y el mediático -político.
Medioambiente
El medio británico The Guardian titulaba su conversación con Garzón destacando que el ministro pedía comer menos carne para detener el cambio climático. Con los datos del Ministerio de Transición Ecológica en la mano, la ganadería española produce el 7,8% de gases de efecto invernadero que se emiten en el país. La producción eléctrica, el transporte y la industria suman el 74,6 %. Casi diez veces más.
¿A quién le interesa persistir con esa falacia que asocia a la ganadería y a la agricultura con el cambio climático?. Otra cosa es que el campo, en la línea que marca la nueva PAC, tenga que hacer esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Un segundo problema medioambiental de la ganadería que apuntaba Garzón es la contaminación de las aguas y suelos ligada a las macrogranjas. En Galicia, no existen tales macrogranjas de 4.000 – 10.000 cabezas de las que habla Garzón. Ni siquiera en una zona con puntuales problemas de contaminación difusa como A Limia, pues se calcula que allí hay unas 400 granjas intensivas que, en conjunto, suman unas 75.000 cabezas. Menos de 200 cabezas de promedio por ganadería.
La oposición a las macrogranjas es una de las pocas cuestiones en las que hay coincidencia entre el ministro y buena parte del sector agrario, que considera las macrogranjas un problema ambiental y una competencia con la ganadería familiar.
Campo
El campo europeo está embarcado desde hace años en un camino sin vuelta de mayor conciencia ambiental. A partir del 2023, un 25% de todas las ayudas de la PAC que cobrarán los productores llegarán por cumplir con prácticas voluntarias positivas para aumentar la biodiversidad y para frenar el cambio climático.
Europa tiene los mayores estándares a nivel mundial en bienestar animal, seguridad alimentaria y cuidado del medioambiente. El foco, como viene reclamando el agro desde hace años, hay que ponerlo en las importaciones de alimentos que recibe la UE. Si al ministro le preocupa el bienestar animal, la seguridad alimentaria y el medioambiente, lo primero -se argumenta en el campo- sería emplazar a la UE a exigir el cumplimiento de las normas europeas para los alimentos importados.
En cualquier caso, como vimos, Alberto Garzón cuestiona también la sostenibilidad y la calidad de la carne producida en España. Buena parte del campo considera esa visión como fruto de la ignorancia. También cabría preguntarse si al ministro de Consumo no le preocupa la sostenibilidad ambiental y social del mar de plástico de Almería o la calidad de las hortalizas que de allí salen. ¿O la cuestión es simplemente señalar a la carne como ‘mala’?.
Escenario mediático – político
El ministro se ha convertido en las últimas semanas en un muñeco pim pam pum para una gran mayoría de medios de comunicación y formaciones políticas. Si la preocupación de todos ellos fuese la defensa de la ganadería, habría que pedirles que reserven el 1% del tiempo que le dedican a Garzón a asuntos como los precios de la leche y de la carne o al aumento de los costos de producción en el campo.
