El Ministerio iniciará una campaña para comprobar los contratos en el sector agroganadero

El Ministerio iniciará una campaña para comprobar los contratos en el sector agroganadero

Reunión del consejo de la AICA este jueves

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, presidió este jueves el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), donde se ha presentado el nuevo Plan de Control 2016, que incluye un Plan de Trabajo específico para comprobar la existencia y contenido de contratos alimentarios en los sectores agrícolas y ganaderos. El Plan de Control comprende tanto las actuaciones de oficio como las investigaciones derivadas de las denuncias que se reciban por parte de empresas u organizaciones.

En este contexto, AICA, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, va a iniciar una campaña de inspección para controlar que los contratos de compra-venta entre productores y compradores se están firmando. El objetivo de esta campaña es comprobar que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un contrato alimentario. Para ello, la Agencia de Información y Control Alimentarios prevé realizar más de un millar de inspecciones.

La AICA impuso 28 sanciones en lo que va de año

En lo que va de año, la Agencia ha propuesto 28 sanciones por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria: 7 en el sector de frutas y hortalizas, 2 en el sector lácteo, 10 en el sector del aceite de oliva y 9 en el sector del vino.

Asimismo, en este periodo se han recibido 32 denuncias: 17 en el sector lácteo, 7 en frutas, 2 en vino, 3 en aceite de oliva, 2 en aceituna y 1 en carne de pollo. Siete de estas 32 denuncias recibidas se refieren a venta a pérdidas, por lo que han sido trasladadas a las correspondientes comunidades autónomas para su investigación y posible sanción, ya que entra en su ámbito de competencia.

Desde la creación de AICA se han enviado más de 260 comunicaciones a los responsables de Comercio de las comunidades autónomas para que investiguen las presuntas ventas a pérdidas.

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