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Contar con una herramienta que ofrezca mayor transparencia en el proceso de tala y en la tasación de la madera en el monte a los propietarios forestales. Ese era uno de los objetivos detrás de la propuesta no de ley que presentó este viernes el grupo socialista en el Parlamento Gallego en la Comisión de Agricultura. La iniciativa se basaba en una de las recomendaciones recogidas en el estudio realizado bajo el amparo de la Fundación Barrié en el 2013 para profesionalizar el sector forestal gallego.
El grupo socialista instó al Gobierno autonómico a crear así un Registro Oficial de Tasadores – Cubicadores que ofreciese mayores garantías a los propietarios a la hora de vender madera en el monte, al contar con una tasación independiente de la que le ofrezca la empresa maderera.
La propuesta contó también con el apoyo del grupo nacionalista que votó a favor de la iniciativa. Sin embargo, también cuestionó que la herramienta llegara a ser realmente de utilidad para el sector y ofreciera transparencia de por sí si esta tasación no es vinculante. “Un tasado oficial de la madera tendrá sentido si ese tasador independiente fija un precio mínimo por esa madera y el comprador está obligado por una normativa a pagar al menos esa cantidad”, explicaban desde el BNG.
Así, apuntaban que no era suficiente solo con la creación de este Registro Oficial de Tasadores, sino que es preciso activar otras medidas para seguir trabajando en la profesionalización del sector y ofrecerle mayor transparencia, del contrario podría incrementarse la burocracia sin verse resultados para los propietarios forestales o incluso resultar contraproducente, ya que se pueden llegar a realizar tasaciones a la baja o pactadas si no hay un control sobre ellas.
Gasto extra
Finalmente la propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular al considerar que ya existen otras herramientas que ofrecen transparencia y mecanismos a los propietarios en este campo. El diputado popular Jose Antonio Armada recordó que ya se había solicitado la creación de este registro de tasadores por parte de la organización Uniones Agrarias y que había sido rechazada. El gasto extra que supondría para los propietarios forestales se presentó como uno de los principales argumentos esgrimidos por el grupo mayoritario frente a la propuesta.
Además, Armada apeló al Registro de Empresas del Sector Forestal (Resfor), un directorio que incluye a todas las empresas gallegas o que prestan servicios forestales en la comunidad, como una herramienta de utilidad para ofrecer estos servicios a los propietarios.
