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El pasado día 7 el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la reforma de la Ley de Montes, una norma que databa del año 2006 y que regulará más del 54% de la superficie del Estado que está considerada como suelo forestal, y que en dos tercios está en manos privadas.
Galicia es la Comunidad más afectada por la nueva norma, ya que, con un 68% de su superficie considerada como suelo forestal, concentra el 50% de los aprovechamientos forestales de toda España. Además, otra especificidad de Galicia es que un tercio de la superficie forestal son montes vecinales, que suman más de 600.000 hectáreas.
Falta de medidas suficientes de estímulo fiscal para invertir en el monte
Aunque el foco mediático a nivel estatal se puso en la recalificación de los terrenos quemados, en Galicia el punto principal en el que coinciden los representantes del sector es la falta de medidas de estímulo fiscal para combatir lo que consideran su principal problema: el abandono y la falta de gestión del monte.
Así, Ana Oróns, secretaria general de Confemadera Galicia, lamenta que «la ley no incorporara nuestras aportaciones sobre incentivos fiscales que hagan atractiva la inversión en gestión forestal sostenible del monte».
«Desde la industria gallega de la madera creemos que esta propuesta de incentivos fiscales sería la herramienta más eficaz contra el abandono del monte, contribuyendo a reducir los fuegos forestales y las plagas y enfermedades», subraya.
Los propietarios forestales pedían bonificaciones fiscales del 30%, que se quedaron en el 10% y sólo para las sociedades forestales
En la misma línea, pero del lado de los propietarios de los montes, se manifiestan desde la Asociación Forestal de Galicia a través de COSE, la confederación que agrupa a las asociaciones de Propietarios Forestales Privados de las distintas comunidades autónomas.
En concreto, la gerente de COSE, Patricia Gómez, explica que «desde COSE reivindicábamos una fiscalidad incentivadora de la Gestión Forestal Sostenible, con una propuesta de bonificación del 30% en la cuota del IRPF o Impuesto de Sociedades de las inversiones en GFS, que representaría un ingreso neto para la administración y crearía un gan número de puestos de trabajo».
Sin embargo, Patricia Gómez reconoce que «el resultado no fue del todo satisfactorio» ya que la nueva Ley de Montes «introduce el concepto de bonificación fiscal a inversiones forestales pero los limita de forma injustificada solo a las recién creadas sociedades forestales», menos de 5 en este momento en todo el Estado.
De esta manera, la nueva norma establece que únicamente las sociedades forestales «tendrán derecho a una reducción en la cota íntegra del impuesto de sociedades del 10% de los gastos o inversiones que realicen en el período impositivo en la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso al monte.»
«Los montes privados clasificados como protectores pueden acceder a futuras ayudas»
Un aspecto positivo de la nueva norma que destacan desde COSE es la nueva clasificación de los montes, «por la que aquellos montes privados no productores pueden tener la categoría de monte protector, previa solicitud del propietario a la administración competente, y poder ser canalizadores de sistemas de pagos por servicios ambientales, cuando se establezcan.»
Valoración de las comunidades de montes vecinales
Más críticos con la norma se muestran desde la Organización Gallega de Montes Vecinales en Mano Común (ORGACCMM). Su presidente, Xosé Alfredo Pereira, considera que las modificaciones que establece la nueva Ley de Montes «son negativas porque son recentralizadoras, eliminan la participación sectorial, afianzan el uso forestal, en exclusiva, de los montes y desprecia la singularidad de los montes vecinales».
Respecto a esto último, Pereira critica que «la nueva ley define los montes vecinales como montes de titularidad privada, cuando antes eran considerados, acertadamente, como titularidades comunes».
Comunidades de Montes: «Se afianza el uso forestal, en exclusiva, del monte»
Además, advierte de que «las Comunidades Autónomas, sin contar con la autorización de los titulares de los montes, pueden permitir el uso de vehículos a motor por las pistas forestales cuando estas tengan la consideración de monte».
El presidente de las comunidades de montes agrupadas en ORGACCMM también lamenta lo que considera «apuesta por las especies de crecimiento rápido y por los cultivos energéticos en la nueva ley». En esa línea sitúa «la consideración como tierras forestales de aquellas tierras agrícolas que sean plantadas con especies forestales para cultivos energéticos; la eliminación de la obligación de contar con un instrumento de gestión del monte para ordenarlo; la supresión de la autorización administrativa para cortar eucaliptos o cultivos forestales energéticos o la eliminación de la obligación de las administraciones para que los sellos de certificación forestal contengan criterios ambientales y sociales».
Valoración de la Xunta de Galicia
Valoración diferente ofrecen desde la Consejería del Medio Rural y del Mar, para la que la reforma «actualiza muchas situaciones que era conveniente refrescar».
Así, desde el departamento que dirige Rosa Quintana destacan como aspectos positivos de la reforma de la Ley de Montes que se recoja la figura de las agrupaciones de propietarios forestales «siguiendo la filosofía de las Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) aplicada en Galicia».
Igualmente, subrayan la actualización de los montes de socios, semejantes a los montes de varas en Galicia, y «la posibilidad de que las pequeñas parcelas se puedan unir en una línea muy semejante a lo que son en Galicia las orientaciones silvícolas».
«La nueva ley no invade las competencias de la Xunta»
Por otra parte, desde la Consellería de Medio Rural y del Mar niegan que norma sea recentralizadora «ya que no supone ningún tipo de invasión de las competencias de la Xunta de Galicia», algo en lo que sí insiste la Organización Gallega de comunidades de Montes Vecinales.
Recalificación de los terrenos quemados
Autocargador trabajando en un monte
Por último, en cuanto a lo que fue el aspecto más polémico de esta ley a nivel informativo, la recalificación de los terrenos quemados, desde la Consellería del Medio Rural y del Mar recalcan que «no se abre la puerta a procesos urbanísticos especulativos en terrenos quemados recalificándolos antes de 30 años».
«La reforma de la ley -explican- faculta a las Comunidades Autónomas a aprobar cambios de uso por razones de interés público, como variar el trazado de una carretera o de una vía férrea, que, en todo caso, debe establecerse por ley, y siempre adoptando medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada».
Sin embargo, para Xosé Alfredo Pereira «el término interés público de primera orden es confuso y puede ser interpretado de manera distinta». En todo caso, destaca que «el monte vecinal está más protegido ya que, por tener un carácter singular y ser interés público, para proceder a un cambio de uso precisaría un acto de prevalencia».
Una vez aprobada la reforma de la Ley de Montes toca adaptar a la normativa estatal la Ley de Montes de Galicia, aprobada hace 3 años y que aun está en fase de desarrollo reglamentario.
