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El Sindicato Labrego Labrego presentó ante la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático alegaciones al Anteproyecto de Ley de Administración Ambiental Simplificada, solicitando la retirada completa del proyecto que deroga la Ley de Protección Ambiental de 1995.
Destacan que donde “antes había protección, ahora habrá trámites acelerados. Donde antes había controles públicos, ahora habrá entidades privadas. Donde antes había garantías para el territorio, ahora habrá privilegios para quien declare un proyecto como «estratégico». Así, y con el aval que los precede, consideran que los alegatos que presentaron deben ser escuchadas y consideradas por la Administración, ya que representan no solo la voz del sector agrario gallego sino también la defensa del territorio rural y del medio ambiente que nos compete como organización más representativa.
Con la modificación, según indican, se eliminan los controles fundamentales a nivel medioambiental, se reducen los plazos de exposición pública impidiendo así que las organizaciones y la sociedad civil afectada por proyectos eólicos, mineros, de infraestructuras puedan ejercer su derecho a conocer y alegar.
En los últimos años -cuestiona- también se redujeron los requisitos para que un proyecto industrial pueda ser considerado estratégico, se agilizó la expropiación y se le otorgó a la Consellería de Industria a potestad de decidir acerca de la utilidad pública de los proyectos y de la prevalencia de estos cuando colinden con actividades preexistentes en el territorio, como la actividad agraria. “El resultado: una profunda desprotección de la población rural, posibilitando la fragmentación de proyectos, debilitando las declaraciones de impacto y dándole prioridad a grandes proyectos industriales sobre los usos de la tierra y del agua”.
Las principales denuncias del SLG
Consideran grave que la ley permita que los proyectos declarados «estratégicos» por el Consello de la Xunta queden exentos de acreditar la compatibilidad urbanística. “La norma también pretende legalizar de nuevo las entidades de colaboración ambiental privada, una figura que ya fue anulada en vía judicial, delegando funciones que deberían quedar siempre en manos públicas”, detallan.
Por otra parte, Galicia tiene uno de los porcentajes de superficie agraria útil más pequeños de Europa. “Alentar más presión territorial industrial implicará empeorar esta situación e incrementar los costes de producción para las granjas, especialmente para aquellas más pequeñas que, además de ser las más numerosas, juegan un papel básico en el sustento social, económico y ambiental de buena parte del territorio gallego”.
Control OJD
