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El Sindicato Labrego Galego denuncia el incumplimiento del Protocolo de la Cadena de Suministro para las Explotaciones de Vacuno de Carne adheridas a la IGP Ternera Gallega, firmado el pasado 28 de marzo por la Consellaría de Medio Rural (CMR), mataderos, distribución y otras organizaciones de productores y agrarias.
En concreto, advierten de que “a día de hoy, los mataderos y operadores, actores en esta puesta en escena de la Consellería, cómodos que dejadez de control y abandono de responsabilidades de la Administración pública, no sólo descartan absolutamente tener en cuenta estos costes de producción -estimados en 6,20 euros el kilo por un estudio encargado por la Xunta- y siguen pagando por abajo de los mismos, sino que algunos de ellos ahondan todavía más en sus abusos obligando a las granjas a firmar contratos para poder sacar los terneros que recogen que el precio que se les está pagando incluye los costes efectivos de producción determinados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.
Desde el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas alertan de que “es alarmante este tipo de prácticas de coacción y entendemos que este documento ni tan siquiera se ajusta a la ley, ya que actualmente desde el Ministerio de Agricultura no existe ningún estudio de costes de producción, ni fijados parámetros para su cálculo”.
Ante esta situación, instan tanto a la Consellería de Medio Rural como al Ministerio de Agricultura “a la apertura urgente de una inspección que aclare como se están realizando estos contratos y, de confirmarse que no se ajustan a la legalidad, que actúen de manera inmediata a través de la imposición de sanciones”.
Añaden que “en la mayor parte de los mismos, además, el precio fijado es mucho más bajo que el marcado en la mesa de la IGP Ternera Gallega, lo que hace ya totalmente insostenible la situación de las granjas de vacuno de carne, que a mayores de los problemas ya existentes ahora tienen que sumarle la pérdida total de autonomía para negociar por su producto”.
Por último, desde el SLG-CCLL reiteran a la Consellaría de Medio Rural que, “si es cierto que pretende hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y no es sólo una estrategia para distraer la atención mientras continúa dejando morir al sector, cree de manera inmediata mecanismos reales para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y sancione con las medidas contempladas en la misma a aquellos agentes que estén incumpliendo las normas establecidas, nombradamente la imposición de venta por abajo de costes de producción”.
