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En la mañana de hoy tuvo lugar una reunión entre la Consellaría del Medio Rural (CMR) y las organizaciones agrarias para tratar la declaración de varios ayuntamientos gallegos como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos (ZVN) en los próximos meses.
En este encuentro el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) puso de manifiesto su “sorpresa” por la declaración de ZVN de ayuntamientos de baja intensidad ganadera, “resultando cuanto menos sorprendente el uso de datos desactualizados -los resultados de los análisis se corresponden al cuatrienio 2016-2019-, y que no determinan con claridad que sea la actividad agroganadera la causa significativa de la contaminación”.
En este sentido, desde el SLG recuerdan que “como es sabido, la determinación de zonas con eutrofización de aguas superficiales no se debe en la mayor parte de los casos a la actividad agroganadera, sino a causas industriales”. “Este problema -advierten- puede agravarse seriamente con la implantación de industrias pesadas en zonas agroganaderas del país, como es el caso de la macrocelulosa de Altri y Greenalia, que amenaza con vertir 30 millones de litros diarios de aguas con una elevada concentración de nitratos. También el déficit en la gestión y depuración de aguas residuales urbanas contribuye a este problema”.
A este respeto desde la organización labradora consideran que “los datos de los análisis mostrados hoy por la Consellaría no garantizan el origen exclusivo de la contaminación de fuentes agrarias”.
En la reunión mantenida hoy el SLG puso de manifiesto “los defectos en el modelo de gestión de la gandeiría industrial sin tierra, como anotar parcelas a muchos kilómetros del lugar de producción de los purines/estiércoles o las malas prácticas de algunas empresas encargadas de la gestión de estos materiales, identificadas por ejemplo en la comarca de A Limia”.
Sin embargo, desde la organización labradora critican que en la reunión de hoy, “la Consellería de Medio Rural, lejos de hablar del programa de medidas a llevar a cabo por las personas titulares de las granjas ubicadas en estas zonas, presentó una propuesta de estrategia de economía circular en la que contempla la creación de plantas de tratamiento de purines y estiércol de estas zonas junto con un sistema de certificación de sostenibilidad de las producciones de las granjas que entreguen sus excedentes a estas plantas”.
La Xunta ya sabe donde se van a situar estas plantas, cumpliendo unos criterios de:
– Existencia de excedente suficiente en un radio de 30 km
– Cerca de una EDAR con capacidad suficiente
– Cerca de la red gasista
– Polígono industrial con suelo disponible
El Sindicato Labrego expresó sus dudas al respecto de que la certificación ganadera sostenible presentada por la Consellaría sirva para mejorar la rentabilidad de las granjas. “Más bien parece una estrategia de greenwhashing para vestir de verde el modelo industrial que genera excedentes con potencial contaminante y con un importante coste para el erario público de este modelo de gestión -supeditado a la existencia de una prima energética a la producción de energía a partir de fuentes renovables- y basado en una predicción a futuro de subida del mercado del biogás y del CO2 biogénico”, advierten.
El SLG defiende cómo alternativa a este modelo “una ordenación del territorio que garantice base territorial para nuestras granjas, modelos de producción extensivos y producción ecológica, así como la existencia de presupuesto suficiente para que las granjas puedan acometer proyectos que mejoren su gestión ambiental, como los planes de mejora o las ayudas vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático y al uso eficiente de los recursos naturales”.
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