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El Sindicato Labrego Galego (SLG) solicitará reuniones con los alcaldes de los ayuntamientos de la comarca vitícola de las Rías Baixas para trasladarles la preocupación del sector y reclamar su apoyo ante la situación que atraviesan las explotaciones vitícolas. La decisión fue adoptada en una asamblea convocada por la organización, en la que participaron más de 60 viticultores y viticultoras, junto con representantes del sindicato y del sector del vino.
El objetivo de estos encuentros será demandar la implicación de las administraciones locales para que insten a la Xunta de Galicia a adoptar medidas que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones. El SLG denuncia que persisten incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria y considera insuficiente la respuesta de la Administración autonómica delante de la evolución del mercado.
Entre las principales reivindicaciones que trasladará a los alcaldes figuran cuatro propuestas consideradas prioritarias. La organización agraria solicita que las subvenciones públicas a las bodegas estén condicionadas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, limitando el acceso a las ayudas a las empresas que no respeten los costes de producción.
También reclama limitar temporalmente las nuevas plantaciones de viñedo, mantener los controles sobre la producción máxima autorizada y reforzar la vigilancia para evitar la entrada de uva y mosto procedentes de otras zonas bajo la denominación Rías Baixas.
La organización alerta además de la presión que soportan los productores por los precios ofrecidos para la uva. Según expone, están presentándose contratos muy alejados del coste de producción, estimado por distintos viticultores en 1,52 euros por kilo.
El SLG recuerda que el Consejo Regulador trasladó esta referencia a la Xunta para su oficialización, pero asegura que aun no existe un precio de referencia establecido por la Administración gallega.
La organización advierte de que esta situación puede provocar el abandono de numerosas pequeñas explotaciones familiares, con el consiguiente impacto económico, social y ambiental sobre el territorio. También defiende recuperar la diferenciación de las distintas subzonas de la denominación, especialmente O Condado y O Rosal, mediante un mapa de calidades que contribuya a poner en valor las características específicas de su producción.
El Sindicato asegura que, si no obtiene respuesta por parte de los ayuntamientos ni de la Xunta, intensificará las movilizaciones previstas en las próximas semanas para reclamar soluciones que garanticen el futuro de la viticultura en las Rías Baixas.
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