El SLG advierte de una importante reducción de la superficie que recibirá ayudas de la PAC en zonas desfavorecidas

El equipo técnico del Sindicato Labrego Galego (SLG) ha advertido, en un comunicado, de una modificación en el cómputo de las ayudas del Piar 2 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia, que afectará negativamente a las zonas conocidas como “de limitaciones naturales”. Estas zonas abarcan el 62% de los municipios gallegos.

Según el PDR vigente, existen 537.765,08 hectáreas de la Superficie Agraria Útil (SAU) gallega situadas en municipios con limitaciones naturales, es decir, considerados desfavorecidos o de montaña, según los criterios de la Directiva 75/268/CEE. Esto representa el 83% de la SAU total de Galicia.

La organización agraria ha realizado consultas con distintas oficinas del Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA), de las que concluye que el presupuesto para esta medida se reducirá en 2 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. De este modo, aseguran que el límite máximo de superficie por la que se podrá cobrar la ayuda quedará en torno a las 51 hectáreas, lo que supone la mitad de lo que se percibía hasta ahora. Así, según el SLG, “si el solicitante compromete más de esas 51 hectáreas en esta línea de ayudas, perdería el derecho a percibirla, ya que corre el riesgo de que el importe que le corresponda sea inferior a los 25 €/ha.”

Desde el sindicato señalan también que, “a pocos días de finalizar el plazo de solicitud, resulta fundamental contar con una explicación oficial por parte de las entidades tramitadoras de estas ayudas, para poder adaptar las solicitudes ya presentadas a la nueva situación de falta de presupuesto.”

El SLG recuerda que, en marzo de 2023, su representante en el Comité de Seguimiento Regional del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), Ana Rodríguez, ya alertó de una disminución de 40 millones de euros en la medida destinada a las zonas con limitaciones naturales, una decisión tomada por la Xunta de Galicia. En aquel momento afirmaban que “aunque la Xunta aseguraba que convocaría estas ayudas en los años 2023, 2024 y 2025 con fondos sobrantes del PDR 2014-2022, los cálculos revelaban que sería necesario disponer de al menos 60 millones de euros para cubrir las tres convocatorias, sin que existiera ningún dato que garantizase esa disponibilidad real de fondos.”

El sindicato considera que, teniendo en cuenta estos datos, “un número importante de granjas situadas en municipios designados como zona con limitaciones naturales distintas de las de montaña —conocidas popularmente como zonas desfavorecidas— se verán seriamente perjudicadas por esta reducción de fondos, lo que afecta negativamente a la viabilidad económica de sus explotaciones y contribuye a la percepción de la agricultura como una profesión sometida a la inseguridad y al abandono por parte de la administración.” Además, indican que estos cambios obligaron a modificar más de cien solicitudes solo en las oficinas del SLG.

La organización que dirige Isabel Vilalba denuncia “incrementos sorprendentes en ámbitos como la asistencia técnica de la Consellería do Medio Rural, que alcanza los 10 millones de euros, mientras que el presupuesto destinado al objetivo principal de la PAC —garantizar y aumentar la presencia de productores y productoras de alimentos— está siendo continuamente recortado.” Consideran que, además de la reducción de las ayudas agroambientales, también se está produciendo una disminución en las ayudas a zonas de montaña.

Por todo ello, el Sindicato Labrego Galego reclama un presupuesto adecuado para aquellas medidas que tienen una incidencia directa en las explotaciones agroganaderas. La organización insiste en que, sin una garantía de pago de precios justos en origen, será muy difícil lograr el relevo generacional en el agro gallego. En este sentido, recuerdan que el 70% del sector se jubilará en los próximos años, mientras que las nuevas incorporaciones apenas alcanzarán el 5%.

El SLG reclama “un verdadero compromiso de la Xunta de Galicia con las personas productoras de alimentos, porque un mayor número de campesinas y campesinos es garantía de una alimentación saludable y de un medio rural vivo.” Critican también las posibles ayudas públicas a proyectos como los de Altri y Greenalia, “al tiempo que parece no haber fondos para asegurar la producción de alimentos de proximidad en nuestro país y, por tanto, la supervivencia económica de miles de puestos de trabajo directa e indirectamente relacionados.”