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El Tribunal Supremo confirmó de forma definitiva la participación de Lactalis en el conocido como cártel de la leche, al desestimar el recurso de casación presentado por la multinacional contra la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia (CNMC), según indica la firma jurídica Eskariam en nota de prensa.
La decisión consolida la firmeza de la sanción impuesta en 2019 y refuerza la posición de los miles de ganaderos que reclaman indemnizaciones por los perjuicios económicos sufridos durante más de una década de prácticas anticompetitivas, según Eskariam.
La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, ratifica tanto la resolución de la CNMC, que impuso a Lactalis una multa de 11,7 millones de euros, como el fallo de la Audiencia Nacional de febrero de 2024. De este modo, los hechos declarados probados quedan definitivamente consolidados.
El Supremo se limitó a resolver la única cuestión admitida en el recurso, relativa al procedimiento sancionador seguido por la CNMC, concluyendo que el organismo no estaba obligado a incluir en la propuesta de resolución la cuantía concreta de la sanción económica. El alto tribunal considera que Lactalis pudo ejercer plenamente su derecho de defensa y descarta que existiera indefensión durante la tramitación del expediente.
La resolución deja firme la existencia de una infracción única y continuada basada en el intercambio de información comercial sensible entre empresas del sector, acuerdos sobre precios de compra de la leche cruda, reparto de proveedores y mecanismos de control de los excedentes.
Según la CNMC, estas prácticas redujeron la competencia en el mercado y debilitaron la capacidad negociadora de los productores de leche, favoreciendo una presión a la baja sobre los precios percibidos por los ganaderos.
La decisión del Supremo supone un paso relevante para los procedimientos civiles de reclamación de daños derivados de este cártel. Al quedar acreditados de manera definitiva los hechos, se reduce notablemente la capacidad de defensa de las empresas sancionadas en las demandas de indemnización promovidas por los productores afectados, según la interpretación de Eskariam.
La firma jurídica ESKARIAM, que representa la más de 7.800 ganaderos en toda España en colaboración con el despacho internacional Hausfeld, estima que las reclamaciones de sus clientes podrían superar los 1.200 millones de euros. Las cuantías individuales dependerán del volumen de leche comercializada por cada explotación y del período en el que resultó afectada por las prácticas declaradas ilícitas.
Además de Lactalis, ya adquirieron firmeza las resoluciones respeto de las asociaciones AELGA y GIL, así como de otras empresas como Celega y Nestlé. Por el contrario, aun están pendientes de resolución los recursos de casación presentados por Danone, Capsa, Pascual, Schreiber y Puleva, cuyas decisiones podrían completar el panorama judicial de uno de los mayores casos de defensa de la competencia registrados en el sector agroalimentario español.
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