El Tribunal Supremo resuelve que la leche debe pagarse por encima del coste de producción

Queda desestimado el recurso presentado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) contra la Ley de la Cadena Alimentaria. Unións Agrarias, que aportó un informe pericial contra las pretensiones de la Fenil, demanda ahora medidas legislativas que lleven a la práctica la ley

Hace algo más de un año, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) presentó un recurso contra la Ley de la Cadena Alimentaria. La Fenil argumentaba que la prohibición de comprar leche en el campo por debajo de su coste de producción va contra la normativa europea que establece la “libre negociación de precios”. Además, aseguraba que “en situaciones puntuales de claro exceso de oferta, algo que se produce de manera cíclica, los productores no van a poder bajar sus precios por debajo de los costes para garantizarse la recogida”, valoraba.

El Tribunal Supremo acaba de desestimar ahora el recurso de la Fenil y confirma que la leche debe pagarse en el campo por encima del coste de producción. Esa misma disposición aplica para las transacciones entre industrias lácteas y cadenas de distribución, de manera que la leche debe venderse a lo largo de toda la cadena a precios que cubran costes.

Unións Agrarias, que se personó en el Tribunal Supremo para presentar informes periciales contra el recurso de la Fenil, se felicita por la decisión del Supremo. “Se está legislando para proteger la parte débil de la cadena, pero la industria siempre trata de torpedear estos procesos”, reflexiona el responsable de Acción Sindical de Unións Agrarias, Félix Porto. “Las industrias quieren evitar las negociaciones en el campo y justificar las imposiciones de precios a las granjas”, cuestiona.

Medidas
Así las cosas, con la sentencia del Supremo recién salida, Unións Agrarias entiende que es el momento de que se adopten medidas prácticas que lleven a la realidad lo que dice la ley: que las industrias no pueden comprar leche en el campo por debajo de costes de producción.

“Son necesarias dos medidas, un Observatorio de Precios que establezca unos índices de costes y la figura de un mediador público y gratuito, que arbitre las negociaciones entre las organizaciones de productores y las industrias”, defiende Félix Porto.

Unións pone como ejemplo el caso francés, que ya tiene esa figura de mediación desde hace años, o la reciente decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo de habilitar un arbitraje público entre consumidores y empresas. “Sería aplicar ese mismo modelo, pero entre producción y empresas”, compara Félix Porto.