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Hace ahora año y medio que se modificó la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir que cualquier alimento se compre en origen a un precio inferior a los costes de producción. La misma disposición aplica para las transacciones entre industrias y cadenas de distribución, de manera que esa venta no puede hacerse a un precio que no cubra los costes de producción de la industria. Pero la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) presentó un recurso contra tal normativa.
La Fenil considera que la prohibición de comprar leche en el campo por debajo de su coste de producción va contra la normativa europea que establece la “libre negociación de precios”. Además, asegura que “en situaciones puntuales de claro exceso de oferta, algo que se produce de manera cíclica, los productores no van a poder bajar sus precios por debajo de los costes para garantizarse la recogida”, valoran.
En vista de ese recurso de la Fenil, Unións Agrarias decidió personarse en el Tribunal Supremo con la presentación de informes periciales para defender la prohibición de la venta a pérdidas. “La prohibición de la venta a pérdidas se trata de un elemento ajustado a derecho que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables”, defiende el secretario general de la organización, Roberto García, que estuvo esta semana en el Supremo junto con Félix Porto, Óscar Pose y el equipo jurídico de la organización.
García considera que el problema radica en que las industrias se niegan a pagar precios justos. “Quieren seguir ejerciendo un derecho de pernada”, cuestiona, para a continuación tachar de “éticamente impresentable” el comportamiento de las industrias. “Prefieren que la distribución les imponga a ellas los precios de la leche para luego ellos trasladarle esas bajadas a los ganaderos”, concluye.
