El Tribunal Supremo tumba las tablas de densidad porcina del Gobierno por falta de rigor económico

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) celebra la sentencia del Tribunal Supremo que anula las tablas aprobadas en 2023 para aumentar el espacio mínimo exigido por lechón destetado y cerdo de producción criado en grupo. “La resolución judicial confirma de manera contundente las alegaciones presentadas por COAG y da la razón a los ganaderos de porcino, cuyo futuro económico se veía directamente amenazado por una normativa mal diseñada y sin respaldo técnico-económico suficiente”, destacan desde la organización agraria.

El Alto Tribunal concluye que el Gobierno aprobó estas exigencias sin un informe de impacto económico mínimamente riguroso, incumpliendo de forma clara las obligaciones legales que garantizan que cualquier regulación con efectos productivos debe venir acompañada de una evaluación seria y transparente. En palabras del propio Supremo, el informe era de una “manifiesta insuficiencia”, hasta el punto de considerar su inexistencia como causa directa de nulidad del apartado anulado del Real Decreto 159/2023.

Tras esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, desde la COAG advierten que “el Real Decreto 809/2025 continúa en vigor sin sustento jurídico claro”. En concreto, recuerdan que “el RD 809/2025 modificó el RD 159/2023, pero lo hizo sin incorporar la evaluación económica que la sentencia considera imprescindible. Esto genera incertidumbre normativa y mantiene obligaciones potenciales sin respaldo procedimental adecuado”. Por ello, se solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que proceda a la derogación inmediata del RD 809/2025 o, en su defecto, a su revisión integral, acompañada de un informe de impacto económico transparente, completo y conforme a las exigencias legales.

Bienestar animal sí, pero con planificación y realismo

La sentencia aclara que la norma perseguía objetivos de bienestar animal, un aspecto que COAG “comparte y defiende”, pero rechaza que “dichos objetivos puedan imponerse sin un análisis económico estructurado que garantice la adaptación realista de las explotaciones”. Para COAG, “este pronunciamiento marca un antes y un después en la elaboración de políticas ganaderas: no más regulaciones improvisadas que carguen sobre los ganaderos el peso de decisiones sin evaluación técnica ni económica”.

Tras este fallo, COAG insta al Ministerio a abrir un proceso de diálogo profundo y real con el sector, para diseñar una regulación equilibrada, técnicamente fundamentada y económicamente viable, que permita avanzar en bienestar animal sin comprometer la supervivencia de miles de explotaciones familiares.