¿En países de la UE es más fácil para los jóvenes acceder a base territorial?

Pablo Rodríguez, da gandería Xuíz SC, no concello de Bóveda

Pablo necesita más tierras para que su ganadería, ubicada en el municipio de Bóveda, pueda crecer

Pablo Rodríguez es un joven del ayuntamiento lugués de Quiroga que siempre quiso ser ganadero. En 2016, con tan sólo 18 años, decidió cumplir su sueño. Pudo hacerlo porque en el ayuntamiento de Bóveda, en el lugar de A Portaxe, su abuelo había tenido una pequeña explotación de vacas de leche y de carne y aún conservaba las tierras.

«De mis abuelos heredé las fincas, 20 hectáreas alrededor de la explotación todas llanas y buenas de trabajar», explica Pablo, que montó una nave nueva en la que hoy ordeña 51 vacas. Pero en el plazo de dos años ha previsto doblar el número de cabezas y para eso necesitará más tierra.

En su misma situación se encuentran muchos otros jóvenes, no solo en Galicia, sino también en el resto de Europa. Contar con superficie agraria es una de las premisas para casi cualquier actividad vinculada a la tierra que se pretenda montar en medio rural. La tenencia de terreno, bien sea en régimen de posesión o utilización, se vuelve en muchos casos un obstáculo insuperable, sobre todo para aquellas personas que no proceden del ámbito rural, cuando pretenden su incorporación al sector.

Condicionado por la disponibilidad de tierras y también por su precio, es un problema que, a pesar de a las casuísticas particulares que se puedan dar en las diferentes regiones y países, en distintas zonas de un mismo país o incluso en áreas concretas dentro de un territorio, como sucede en el caso de Galicia, comparten la mayoría de jóvenes de toda la UE, según el diagnóstico realizado en los últimos años a nivel europeo.

Hacia una gobernanza comunitaria de la tierra

La regulación de los usos de la tierra y la legislación sobre su transacción compete a los distintos Estados, pero el Parlamento Europeo tomó conciencia a partir del año 2015 de esta problemática, instando a las autoridades comunitarias (que ya regulan aspectos relacionados dentro de la Política Agraria Común) a adoptar medidas para caminar hacia una gobernanza comunitaria de la tierra en la UE que armonice la legislación tan dispar que existe en estos momentos en los distintos países miembros.

El cambio climático está haciendo mermar la superficie agraria y se estima que el 20% de la SAU europea ya sufre problemas derivados del calentamiento global

«El suelo es, por una parte, una propiedad y, por otra parte, un bien público, y está sujeto a una obligación social. El suelo es un recurso cada vez más escaso que no puede aumentarse y que representa el fundamento del derecho humano a una alimentación sana y suficiente, así como de una multitud de servicios ecosistémicos vitales, por lo que no puede ser considerado una mercancía normal. Además, el suelo sufre una amenaza por partida doble: por un lado, por la pérdida de superficie agrícola debida al sellado, la urbanización, el turismo, los proyectos de infraestructura, los cambios de uso y la forestación, y la expansión de la desertificación como consecuencia del cambio climático (el 20 % de las tierras agrícolas europeas ya padece problemas derivados del cambio climático), y, por otro, por la concentración de tierras en manos de grandes explotaciones agrícolas e inversores ajenos a la agricultura; y corresponde a las autoridades controlar y limitar la pérdida de superficie agrícola», argumenta la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo en un informe aprobado en marzo de 2017 sobre la situación de la superficie agraria en la UE, titulado ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra?, en el que pide a los Estados miembros que controlen los precios de compra y alquiler de las superficies agrícolas.

«Hay una carencia general de datos exhaustivos, transparentes, actualizados, de calidad y armonizados a nivel europeo sobre los precios y volúmenes del mercado de tierras en Europa. Esta afirmación es válida tanto para la compra de tierras y parcelas como para los precios de los alquileres, sobre derechos de uso, estructuras de propiedad y de arrendamiento, y la evolución de los precios y los volúmenes en el mercado, así como indicadores sociales y medioambientales pertinentes a escala europea, y en muchos Estados miembros estos datos solo se recopilan y se publican de forma incompleta», añade.

Establecimiento de derechos preferentes

«En muchas regiones los precios de compra y alquiler de las tierras agrícolas han alcanzado un nivel que fomenta la especulación financiera, impidiendo, en términos económicos, a numerosas explotaciones agrarias mantener las tierras arrendadas o proceder a la ampliación de las superficies necesaria para la supervivencia de explotaciones de tamaño pequeño y medio. Además, los jóvenes que quieren establecerse se encuentran con mayores dificultades de acceso a la tierra debido a su coste, en particular cuando no son descendientes de agricultores», indica el informe del Parlamento Europeo.

«En muchos Estados miembros, los precios de compra y, en algunos casos, también los de arrendamiento de superficies agrícolas ya no están basados en las rentas obtenidas mediante la producción de alimentos», razona la Cámara comunitaria, por lo que pide a los Estados miembros que, «a fin de alcanzar los objetivos de la PAC», otorguen «prioridad» a los pequeños y medianos productores locales, a los jóvenes y a los nuevos agricultores —velando por la igualdad de género en el acceso— a la hora de adquirir y arrendar terrenos agrícolas, «recurriendo a los derechos preferentes en particular en un momento de creciente interés por parte de actores ajenos a la agricultura en la adquisición de dichas tierras».

La Eurocámara ha pedido a los Estados que otorguen «prioridad» a los pequeños y medianos productores locales y a los jóvenes agricultores a la hora de adquirir y arrendar terrenos agrícolas

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó en enero de 2015 un dictamen titulado El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la agricultura familiar, en el que recomienda que en todos los Estados miembros de la UE se introduzca un límite máximo de adquisición de terrenos agrícolas para las personas tanto físicas como jurídicas. Quien esté por debajo de este límite, debería disponer de derechos preferentes.

Número y porcentaje de explotaciones con más de 100 hectáreas de terreno por países

La política del suelo es competencia de los Estados miembros, que pueden imponer restricciones a las transacciones cuando esté en juego la seguridad energética o alimentaria nacional o cuando exista un interés público superior que justifique las restricciones. Se permiten las restricciones para evitar la especulación, conservar las tradiciones locales y garantizar una adecuada utilización de la tierra.

A juicio del CESE, deberían concederse a los Estados miembros más posibilidades de regular sus mercados de superficies agrícolas y establecer restricciones para ello. Al mismo tiempo, estas restricciones limitan el principio establecido por los Tratados de la libre circulación de mercancías y capitales. «A este respecto, —dice el CESE— cabe señalar que los precios de las tierras agrícolas y las rentas de los ciudadanos de los Estados miembros son muy diferentes, por lo que es necesario dar una respuesta a la cuestión de si la libre circulación de capitales y el libre mercado ofrecen las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y personas jurídicas a la hora de adquirir tierras».

¿Libre circulación de capitales o limitaciones a la adquisición de tierras?

«La tierra no es una mercancía cualquiera que puede fabricarse en grandes cantidades. La tierra es un recurso limitado, por lo que no deberían aplicársele las habituales reglas del mercado. La propiedad de la tierra y la utilización de las superficies deben regularse más estrictamente», considera el Comité Económico y Social Europeo, que pide al Parlamento y al Consejo Europeos reflexionar acerca de «si la libre circulación de capitales debe garantizarse igualmente en el caso de la enajenación y adquisición de tierras y explotaciones agrícolas, en particular en relación con terceros países, pero también dentro de la UE».

El mercado de tierras agrícolas en los Estados miembros de la UE está regulado de formas muy distintas. Mientras que en algunos países existen restricciones, otros carecen de ellas, lo que da lugar a una desigualdad entre países. En algunos Estados, todas las compras de superficies agrícolas requieren una autorización oficial, independientemente del país de origen del comprador. Este es el caso, por ejemplo, de Francia, Alemania y Suecia. Al mismo tiempo, hay países como Hungría y Lituania en los que se han fijado límites máximos para las superficies agrícolas que pueden obrar en poder de un único propietario.

En Francia, Alemania y Suecia las compras de superficies agrícolas requieren de una autorización oficial y países como Hungría y Lituania han fijado límites para la superficie que puede poseer un único propietario

En Francia, son las organizaciones regionales de planificación territorial rural (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural, SAFER) las que regulan las transacciones de tierras. Las SAFER son organismos cuya tarea consiste en acompañar a los productores agrarios, en especial a los jóvenes agricultores, en el proceso de reestructuración de la propiedad de la tierra y en garantizar la transparencia del mercado de las propiedades rústicas.

En Suecia, las compras de terrenos en zonas poco pobladas requieren una autorización. A la hora de conceder estas autorizaciones, se examinan la formación o la experiencia previa y a veces también se exige el requisito de que el comprador resida en el terreno que ha adquirido. En Suecia, solo las personas físicas pueden adquirir superficies agrícolas.

En Bélgica, Italia y Francia los arrendatarios de superficies agrícolas ostentan un derecho preferente en caso de enajenación de los terrenos

En Lituania, las personas jurídicas están autorizadas a adquirir tierras siempre y cuando al menos el 50 % de su renta total provenga de la actividad agraria. Las personas físicas y jurídicas nacionales pueden poseer hasta 500 hectáreas de tierra.

Bulgaria prorrogó una moratoria sobre la adquisición de tierras de labor que expiraba el 22 de octubre de 2013, ampliándola hasta 2020, ya que reconoció el peligro inminente que se cernía sobre las superficies agrícolas del país, puesto que en Bulgaria el precio de las tierras, pero también el poder adquisitivo de los agricultores, son mucho más bajos que en los países más prósperos de la UE.

Compras encubiertas y mediante testaferros

En Europa se está produciendo unha transformación de la propiedad, aunque la opacidad existente no permite muchas veces ver el problema en toda su magnitud. “No todas las operaciones de compraventa se registran y las transacciones de superficies entre personas jurídicas no suelen ser suficientemente transparentes, por ejemplo, en el caso de las adquisiciones realizadas por empresas filiales y asociadas”, reconoce el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen de enero de 2015.

El acaparamiento de tierras en la Unión Europea se concentra en los países del Este, con clara preferencia de la inversión directa extranjera por Rumanía, Bulgaria, Hungría y Polonia, según el estudio Acaparamiento de tierras en la UE, elaborado también en 2015 por el Transnational Institute a solicitud de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Los principales actores implicados en esta actividad son grandes grupos de bancos, fondos de seguros o empresas de capital privado, que controlan una parte cada vez más creciente de las tierras agrícolas europeas y aparece así una nueva categoría de inversores, no ligados tradicionalmente al sector primario, que, bajo la consigna de la diversificación, han creado fondos especializados de inversión agrícola para diversificar sus riesgos.

El acaparamiento de tierras en la Unión Europea se concentra en los países del Este. En países como Bulgaria el sector agrario ha recibido inversiones extranjeras procedentes de China, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel en los últimos años

Grandes empresas agroalimentarias, con capital procedente de todo el mundo, se han empezado a asentar en Europa. En países como Bulgaria el sector agrario ha recibido inversiones extranjeras procedentes de China, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel en los últimos años.

El estudio señala que no hay estadísticas oficiales sobre la propiedad extranjera de las tierras agrícolas, pero en Rumanía se estima que más del 10 % está en manos de inversores de fuera de la UE y entre un 20 % y un 30 % adicional está controlado por empresas de otros países de la UE.

La UE ha abierto procedimientos de infracción a países como Hungría por los denominados pocket contract, un tipo de transacción que roza la ilegalidad y que supone que tierras agrícolas a nombre de ciudadanos húngaros son, en la práctica, propiedad de extranjeros. Teniendo en cuenta esos contratos se estima que un millón de hectáreas (el 15% de la superficie agrícola húngara) estaría en manos de propietarios foráneos, principalmente, de otros Estados miembros de la UE.

Aunque en Polonia los ciudadanos extranjeros no estaban autorizados a comprar tierras hasta mayo de 2016, bajo una fórmula parecida a la utilizada en Hungría, a través de compradores sustitutos (la compra la hace un agricultor polaco quien más tarde cede el control a compañías extranjeras), antes de que finalizara esta prohibición, inversores neerlandeses, daneses, alemanes y británicos eran propietarios de al menos 200.000 hectáreas en la provincia polaca de Pomerania del Oeste.

Precios que se disparan

La consecuencia de estos movimientos de compra masiva de tierras es su encarecimiento. Tras la unificación de Alemania, en el territorio de la antigua RDA se disolvieron las cooperativas de producción agrícola y muchas de esas tierras fueron compradas por empresas del oeste, incrementando los precios, que llegaron a dobrarse. En Irlanda, que ha incrementado notablemente su producción láctea en los últimos años con un sistema basado en el pastoreo, el precio de las tierras se multiplicó por cinco desde el año 2000. Entre el 2000 y el 2009 los precios se incrementaron en Dinamarca un 151%, en Rumanía un 150%, en Bulgaria un 116% y en Lituania un 230%. En España el precio de las tierras de cultivo es 10 veces más alto que en Polonia, por ejemplo.

Precios de la tierra en los distintos países en euros por hectárea

En la región francesa de Burdeos compradores chinos han adquirido 100 bodegas de vinos y en Cerdeña compañías con capital de este mismo país compraron tierras para la construcción de campos de producción de energía solar, multiplicando los precios de la tierra en la región por tres.

Un ejemplo significativo de las consecuencias de las adquisiciones de tierras es Escocia, donde hace 200 años un área del tamaño de los Países Bajos se dividió en unidades de entre 8.000 y 20.000 hectáreas, que se vendieron a inversores. En este territorio residían entre 1,5 y 2 millones de personas. A día de hoy este terreno está despoblado a causa de la agricultura industrial. El Parlamento escocés trabaja actualmente en un proyecto para repoblar la zona, pero esto es considerablemente más costoso que si el modelo de agricultura basado en las pequeñas explotaciones se hubiera mantenido.

Otros ejemplos permiten entrever la magnitud de la concentración productiva en Europa: en Rumanía las mayores explotaciones agrícolas gestionan aproximadamente 65.000 hectáreas, mientras que en Estonia la mayor granja lechera tiene más de 3.000 vacas.

Especulación y acaparamiento de tierras en Europa

La FAO advierte de la «creciente competencia por la tierra y el agua». Por término medio, a cada habitante del planeta le corresponden 2.000 m2 de tierras agrícolas. Las superficies aptas para la agricultura están repartidas entre los habitantes de forma muy diferente según los países, por lo que algunos Estados intentan aumentar esa proporción de tierras mediante adquisiciones en otros países.

Este acaparamiento de tierras se concentra en gran medida en África, América del Sur y otras regiones, incluidas algunas zonas de Europa, en las que la tierra es relativamente barata en comparación con los países desarrollados y la media mundial. La mayoría de los inversores proceden de China, la India, Corea del Sur, Egipto, los Estados del Golfo, Brasil y Sudáfrica, aunque algunos de ellos también son originarios de EEUU y los Estados miembros de la UE.

Estos procesos también tienen lugar dentro de Europa, donde el acaparamiento de tierras agrícolas tiene lugar especialmente en los países de Europa Central y Oriental. El informe de la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento Europeo del año 2017 alerta a respecto de la concentración de tierras agrícolas en la UE y hace una serie de recomendaciones para facilitar el acceso de los agricultores a la tierra.

«Aunque el nivel de los precios de las tierras agrícolas en los Estados miembros de la Unión es desigual, la concentración de tierras sigue avanzando de un modo constante en toda Europa y, con ello, las repercusiones negativas para los agricultores. El alcance y el ritmo de concentración de tierras son alarmantes, especialmente en países como Rumanía, Hungría y Bulgaria. Sin embargo, incluso en Alemania, Italia o España, no resultan desconocidas estas situaciones», indica.

El 1% de las compañias agrícolas controla el 20% de las tierras de cultivo de la UE y el 3% controla el 50%, un grado de concentración que se sitúa al nivel de países como Brasil, Colombia y Filipinas

El grado de concentración de las tierras agrícolas en Europa y el desequilibrio en la utilización de la tierra en la Unión se sitúa al nivel de países como Brasil, Colombia y Filipinas, donde se da una distribución desigual de la propiedad de la tierra. «La venta de superficies a inversores y holdings no agrarios es un problema urgente en el conjunto de la UE y que, tras el fin de las moratorias que limitaban la venta de suelo a extranjeros, particularmente los nuevos Estados miembros se ven sometidos a una presión especialmente fuerte para modificar sus legislaciones, ya que los precios del suelo relativamente bajos han acelerado la venta de superficies agrícolas a grandes inversores», asegura la Eurocámara.

Concentración de la tierra en manos de los grandes perceptores de la PAC

En 2013, solo el 3,1% de las explotaciones de la Europa de los Veintisiete controlaba el 52,2% de la superficie cultivable europea y, por el contrario, el 76,2% de las explotaciones disponían únicamente del 11,2% de las tierras agrícolas. «Esta situación es contraria al modelo europeo de una agricultura sostenible, multifuncional y caracterizada por explotaciones agrícolas familiares», afirma el Parlamento Europeo, que asegura que «esta distribución desigual de la superficie agrícola corresponde a una distribución desigual de las subvenciones de la PAC, dado que los pagos directos, que constituyen la mayor parte del gasto de la PAC, se realizan principalmente por hectárea».

Evolución del número de pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) en los distintos países

En España, el 1,3% de los perceptores de la PAC recibe el 23,4% del dinero total de las ayudas que llegan desde Bruselas. Percepción de ayudas y posesión de tierras son dos factores relacionados y que además se retroalimentan.

El pago único por superficie en el marco del primer pilar de la PAC favorece la adquisición de tierras por parte de los grandes productores, principales perceptores de las ayudas

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) advirte en su dictamen de 2015 de que «la concentración de tierras agrícolas conduce a una concentración de las ayudas de la PAC» y a su vez de que «una razón de la concentración de tierras en Europa es el pago único por superficie en el marco del primer pilar de la PAC, ya que proporciona a los grandes productores una mayor capacidad económica y, por consiguiente, ventajas y más capital para seguir adquiriendo tierras».

Inversores ajenos a la agricultura y especuladores financieros

Para el Europarlamento, «los pagos directos de la PAC atraen hacia el negocio de la tierra a fondos de pensiones y compañías de seguros que están adquiriendo tierras cultivables en cantidades alarmantes». «Las causas de la concentración de tierras en la Unión son variadas. Así, debido a la creciente demanda de alimentos, piensos, materias primas renovables para los combustibles y las industrias química y textil, y fuentes de energía no fósiles, la adquisición de terrenos se encuentra entre las opciones de inversión y de obtención de beneficios mejores y más seguras para inversores de todo el mundo. Así pues, dado que la adquisición de superficies agrícolas se considera una inversión segura en muchos Estados miembros, especialmente desde que estalló la crisis económica y financiera de 2007, inversores ajenos a la agricultura y especuladores financieros, como fondos de pensiones, compañías de seguros y empresas, están adquiriendo tierras cultivables en cantidades alarmantes. Una de las consecuencias de este hecho es la transferencia de los beneficios y de las tributaciones del espacio rural a las sedes de las grandes empresas y su modelo empresarial suele caracterizarse por estar más interesado en la especulación con la tierra que en la producción agrícola», asegura el Parlamento europeo en su informe de 2017.

Capitales financieiros ajenos al sector del agro están comprando tierras e incrementando la especulación sobre ellas. Los nuevos dueños van desde bancos a fondos de inversión y de pensiones

Tanto en Europa como en el resto del mundo, el suelo agrícola se ha vuelto un objeto de especulación financiera y el valor de este se ha desplazado del que es su uso original. Capitales financieros especulan con la tierra para ganar rentas con su alquiler, con su valor medioambiental (al cobrar ayudas destinadas a reducir la emisión de dióxido de carbono o mediante la producción de energía renovable), y a través de la explotación de los recursos naturales del terreno (agua y biodiversidad)”, recoge el estudio titulado Acaparamiento de tierras en la UE, elaborado en 2015 por el Transnational Institute (TNI) a solicitud de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Competencia entre producción de alimentos y de biocombustibles

Además, indica, «algunas de las políticas y subvenciones de la Unión respaldan los esfuerzos expansionistas de explotaciones agrícolas o atraen a inversores ajenos a la agricultura hacia el negocio de la tierra. Por ejemplo, los pagos directos por superficie favorecen de forma unilateral a las grandes explotaciones. Generan el mismo efecto los programas de ayuda de la Unión o de los Estados miembros que, por ejemplo, fomentan las fuentes de energía no fósiles y, con ello, la competencia por el suelo. La demanda de alimentos y forraje, de energías no fósiles y de materias primas renovables para las industrias de carburantes, química y textil y para la bioeconomía crece constantemente y con ella también el precio del suelo».

Debido al incremento de la demanda de materias primas renovables, en muchos lugares los cultivos energéticos están compitiendo por la tierra con las producciones agrícolas. En Inglaterra, por ejemplo la producción de variedades de maíz para biogás ocupa unas 100.000 hectáreas de superficie. «En lo que respecta al uso de las superficies agrícolas, la producción de alimentos debería tener prioridad sobre los biocarburantes», asegura el CESE.

En España la concentración de la distribución ha hecho que 6 cadenas de supermercados (Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Auchan) controlen el 70% del mercado de alimentos

También se incrementa la demanda de alimentos a nivel global, por el aumento de la población mundial y la mejora del poder adquisitivo familiar en amplias clases sociales de los países emergentes. Con todo, la Eurocámara indica que «la elevada concentración de poder en sectores del mercado alimentario de la Unión podría afectar negativamente a los derechos de los consumidores y reducir los ingresos de los agricultores».

En España, por ejemplo, la concentración de la distribución ha hecho que 6 cadenas de supermercados (Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Auchan) controlen el 70% del mercado de alimentos. La situación es similar en la mayoría de países de la UE. En Alemania, las 4 principales cadenas de distribución (Aldi, Lidl, Edeka y Rewe) representan el 85% del mercado.