Estos son los motivos de la oposición a las grandes plantaciones de viñedo en la subzona Ribeira del Ulla

El Sindicato Labrego Galego de la comarca de Compostela y colectivos vecinales de Vedra acaban de presentar cerca de 340 alegaciones contra el proyecto de 18 hectáreas que impulsa Martín Códax. Sin embargo, afirman que no van contra esa acción concreta de la cooperativa sino que es un paso más en su lucha contra las plantaciones masivas de viñedo en la zona. El SLG, la Asociación Defensa de la Ulla Verde (ADUV) y el colectivo Sí a un Rural Vivo (SRV) creen que los ayuntamientos de esta parte de la cuenca del Ulla adscritos a la Denominación de Origen Rías Baixas corren el riesgo de acabar cayendo en el monocultivo de viñedos.

Los argumentos esgrimidos para oponerse a la creación de nuevas plantaciones industriales o incluso requerir la retirada de algunas ya existentes se basan en 4 puntos principales:

El primer problema es que se dificulta enormemente el acceso a la tierra agraria. La acaparación de terrenos que implican estos proyectos hace prácticamente imposible que las personas que deseen establecer aquí pequeñas explotaciones sostenibles puedan disponer de parcelas suficientes para convertirlas en su modo de vida. Una situación que lleva a que la producción se oriente a un monocultivo industrial en toda la zona del Ulla.

El segundo versa sobre el impacto en los proyectos agrarios ya existentes. Aquí hay huerta, frutales, agricultura ecológica y convencional y pequeñas explotaciones ganaderas. Y también pequeñas y medianas bodegas tradicionales. Toda esa producción puede verse en riesgo por el efecto de los tratamientos con fitosanitarios que van a emplear las grandes bodegas. Pueden darse casos de contaminación en alimentos por la presencia de pesticidas autorizados para viticultura pero no para esas otras producciones, con el consiguiente perjuicio económico o incluso con sanciones y precintos.

En tercer lugar está el efecto negativo sobre la viticultura existente. La masificación del viñedo lleva a que el viticultor autóctono sea prescindible porque estos grupos buscan el autoabastecimiento. Cuando lo consigan, harán caer los precios de la uva en origen o dejarán de comprarla. Además, las bodegas locales no podrán competir en el mercado local por la fortaleza económica de los grupos foráneos.

El mercado internacional es la base para el cuarto aspecto. Hoy el 30% de la producción de la DO Rías Baixas va para la exportación. Pero el contexto internacional actual (aranceles, conflictos bélicos, guerras comerciales…) puede llevar a que ese 30% ya no pueda ser exportado y acabe volcado en el mercado interno. Con la consiguiente bajada de precios y la desaparición de pequeños proyectos bodegueros familiares.

Además, los tres colectivos consideran que «los grandes grupos bodegueros pueden destruir el empleo ya existente. Los procesos de mecanización y digitalización hacen posible prescindir de la contratación, al tiempo que destruyen los proyectos que ya hay en el Ulla». Y también preocupa «lo que se pueda hacer con los terrenos en caso de crisis en el consumo de vino». Los colectivos creen que «se optaría por usos de lo más diverso, desde cultivos experimentales hasta la explotación de minas o canteras».

El SLG, ADUV y SRV dicen que «se están realizando talas masivas para implantar viñedos, ignorando el papel que ejercen los bosques, sea cual sea la especie arbórea que haya en ellos. Y denuncian la ejecución de movimientos de tierras y desmontes muy agresivos con el medio ambiente».

El agua es algo que preocupa sobremanera. Los tres colectivos afirman que «se están realizando pozos profundos, sistemas de riego y balsas de acumulación que acaparan los recursos hídricos de la zona». Y ven necesaria «un análisis de las aguas en toda la comarca para determinar el nivel de afectación por fitosanitarios. El condicionamiento de los usos del agua redunda en una pérdida de biodiversidad».

Como acciones inmediatas, tienen pensado reclamar a las administraciones públicas un análisis sobre la permanencia de los fitosanitarios en el aire. Y van a exigir que se respeten las distancias mínimas exigibles de las plantaciones a las viviendas y a las instalaciones públicas. Más allá de eso, seguirán presentando alegaciones a cada nuevo proyecto de alto volumen del que tengan conocimiento y convocarán a los vecinos a reuniones informativas.