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Las desigualdades en el acceso a recursos, la formación especializada con perspectiva de género, la doble jornada y las barreras en la atención médica agravan la siniestralidad y enfermedades profesionales de las mujeres campesinas.
En Galicia, el sector primario, que engloba la agricultura, la ganadería y la silvicultura, emplea a aproximadamente 89.500 personas. Sin embargo, la distribución de género en estos empleos refleja una marcada desigualdad, ya que solo el 30% de estos puestos están ocupados por mujeres, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Pero estas cifras no reflejan la realidad completa. Existe un número muy importante de mujeres invisibilizadas, que se dedican a la profesión campesina pero no figuran en las estadísticas oficiales. Muchas no son titulares de las explotaciones, no cotizan a la seguridad social y son frecuentemente denominadas como «ayuda familiar». Estas mujeres, aunque desempeñan un papel fundamental en la producción agrícola, permanecen sin reconocimiento legal ni protección social. Según un borrador de 2021 del análisis de género de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, se estimaba que entre 31.000 y 55.500 mujeres en España podrían acogerse a la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, destinada a visibilizar y reconocer legalmente a las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares. No obstante, en la actualidad solo se han registrado 1.345 solicitudes al amparo de esta ley. Esto deja a decenas de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad e invisibilidad.
Estas mujeres enfrentan riesgos laborales exacerbados por factores socioeconómicos y de género. El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha subrayado en varios informes los riesgos laborales específicos que enfrentan las mujeres en el campo, señalando que estas desigualdades desempeñan un papel crucial en el aumento de la siniestralidad y de las enfermedades profesionales entre las campesinas. Por lo tanto, proponemos analizar una realidad que, aunque conocida, sigue desatendida.
El informe destaca que las mujeres en el sector agropecuario a menudo tienen un acceso limitado a recursos y oportunidades de formación. Incluso cuando las mujeres acceden a la formación, esta suele carecer de una perspectiva de género y no aborda las necesidades específicas de las mujeres campesinas. La falta de sensibilidad de género en las formaciones existentes deja a las trabajadoras en una posición de desventaja en términos de conocimiento sobre riesgos laborales y medidas de prevención adaptadas a sus circunstancias. Esta carencia de conocimientos se agrava por el uso de herramientas y maquinaria diseñadas para hombres, lo que incrementa el riesgo de lesiones musculoesqueléticas entre las trabajadoras.
Impacto de la Doble Jornada: cuando el trabajo nunca termina
Para las campesinas, el día no termina cuando acaban las tareas en el campo. A menudo, tras largas jornadas de trabajo físico, regresan al hogar para asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado familiar. Este fenómeno, conocido como «doble jornada», sigue sin ser remunerado ni reconocido. Según datos recientes, las mujeres dedican de media 2 horas y 15 minutos más al día que los hombres a estas actividades no remuneradas. Esta situación no solo aumenta la fatiga física y mental, sino que también reduce el tiempo disponible para la recuperación y el cuidado de la salud. La fatiga mental o el estrés crónico pueden afectar la capacidad de concentración, la memoria y la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de errores y accidentes laborales.
Estas largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo libre también pueden dificultar la participación en actividades sociales y el mantenimiento de relaciones personales, lo que puede contribuir al aislamiento y la soledad.
La precariedad que cuesta salud: las barreras en el acceso a la atención médica
El acceso limitado a la atención médica, especialmente en zonas rurales con infraestructuras sanitarias deficientes, agrava aún más la situación. El desmantelamiento de los servicios públicos, particularmente los sanitarios y el transporte público, tiene un impacto directo en las mujeres campesinas. Muchas zonas carecen de transporte público, lo que provoca un aislamiento que afecta especialmente a las mujeres, limitando su acceso a servicios básicos y a oportunidades de participación social. Las campesinas enfrentan grandes dificultades para recibir atención médica oportuna y especializada, en ocasiones por falta de profesionales sanitarios con formación y sensibilidad de género, así como el desconocimiento de las tareas específicas de las personas campesinas, lo que es particularmente preocupante en el caso de las enfermedades profesionales y las lesiones laborales, que requieren un tratamiento especializado y continuo para prevenir complicaciones a largo plazo. La sobremedicación es una respuesta común ante la carencia de atención médica especializada, especialmente en el ámbito de la salud mental, una demanda creciente entre las campesinas. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la participación de las mujeres en el empleo rural ha aumentado en los últimos años, pero la precariedad y la falta de recursos siguen siendo una realidad diaria.
Un informe del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) señala que existe una infrautilización de los servicios de prevención y salud laboral entre las campesinas. Factores como la falta de tiempo, la dificultad para desplazarse a centros médicos y la escasez de recursos sanitarios especializados en áreas rurales agravan esta situación.
Esta tendencia a no buscar atención médica profesional perpetúa un ciclo de dolor crónico y deterioro de la salud que se podría evitar con un acceso adecuado a la atención sanitaria y una mayor concienciación sobre la importancia de la salud laboral. La normalización del sufrimiento físico no solo afecta la calidad de vida de las campesinas, sino que también incrementa los riesgos de accidentes y enfermedades a largo plazo.
Brecha salarial y precariedad laboral: otro cabo suelto
La brecha salarial de género y la precariedad laboral son factores adicionales que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres en el campo. Muchas trabajadoras se ven obligadas a aceptar trabajos informales y mal remunerados, sin acceso a seguridad social ni a medidas de protección adecuadas. Esta situación limita su capacidad para reclamar derechos y mejoras en sus condiciones laborales.
Medidas urgentes para proteger a las campesinas
Es esencial que se tomen medidas concretas para abordar estas desigualdades y proteger la salud y la seguridad de nuestras campesinas. Una intervención estructural que tenga en cuenta las desigualdades de género y los factores socioeconómicos. Las políticas públicas deben garantizar el desarrollo de los proyectos agrícolas, dignificar el sector y reconocer el papel fundamental que las mujeres tienen en la producción de alimentos. Las acciones prioritarias incluyen:
-Revertir el desmantelamiento de los servicios públicos en las zonas rurales, garantizando el acceso a servicios sanitarios de calidad y a un transporte público eficiente que evite el aislamiento.
-Desarrollar programas de formación específicos para mujeres campesinas, que incluyan una perspectiva de género y aborden sus necesidades específicas. Los profesionales deben tener formación y trabajar con perspectiva de género, comprendiendo las tareas específicas del trabajo agrícola.
-Mejorar las condiciones laborales y de seguridad, promoviendo el diseño y uso de herramientas y maquinaria adaptadas a las características físicas de las mujeres, para reducir el riesgo de lesiones y mejorar la seguridad laboral.
-Introducir una perspectiva de género en las políticas de ayudas agrarias, asegurando que las mujeres tengan acceso equitativo a las ayudas y subvenciones, y fomentando su participación en los órganos de decisión del sector.
-Impulsar la aplicación efectiva de la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida, facilitando el registro de las mujeres como cotitulares de las explotaciones agrarias, lo que les proporcionaría reconocimiento legal, derechos laborales y protección social.
-Establecer políticas que reconozcan y reduzcan la carga adicional que supone la doble jornada, facilitando la conciliación entre la vida laboral y familiar. La corresponsabilidad en los cuidados y la valoración del trabajo doméstico y de cuidado son pasos imprescindibles para avanzar hacia la igualdad de género.
Es el momento de alzar la voz por nuestras campesinas
Las mujeres campesinas son el pilar invisible que sostiene el campo gallego. Su contribución a la producción de alimentos y al sostenimiento de las comunidades rurales es innegable. Pero, mientras su trabajo es esencial, también está cargado de desigualdades estructurales que ponen en riesgo su salud, su bienestar y su futuro.
Su situación es un reflejo de las desigualdades que persisten no solo en el sector agropecuario, sino en toda la sociedad. Para cambiar esto, es fundamental desarrollar e impulsar programas de concienciación que empoderen a las mujeres, informándolas sobre sus derechos laborales y brindándoles herramientas para hacerlos valer y sepan dónde acudir en busca de asesoramiento en caso de necesitarlo. La comunicación clara y la documentación adecuada son esenciales para enfrentar los desafíos como en la solicitud de bajas laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales, especialmente en un contexto donde las mutuas pueden mostrar resistencia. El futuro de nuestro campo depende de ellas, y solo promoviendo su autonomía y participación activa en la toma de decisiones podremos avanzar hacia un cambio real.
Si queremos un sector agropecuario gallego próspero y sostenible, es esencial que estas trabajadoras puedan desarrollar su trabajo en condiciones dignas y seguras. Esto solo será posible a través de un enfoque inclusivo y equitativo que promueva la igualdad de género y el empoderamiento económico. Romper el silencio y actuar con decisión es más necesario que nunca.
Las instituciones, organizaciones y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de tomar conciencia de esta realidad y de actuar en consecuencia. Con un compromiso colectivo, podemos construir un sector agropecuario más justo, seguro y sostenible, donde las mujeres campesinas puedan ejercer su trabajo con dignidad y salud.
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