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La Federación Rural Gallega (FRUGA) reitera que la gestión de los conflictos provocados por la presencia del lobo en el medio rural no debería quedar en manos de sociedades privadas de caza, tal y como propone la Xunta de Galicia.
La organización recuerda que la conservación de esta especie no puede recaer únicamente en los sectores pecuarios, sino que debe ser asumida por toda la sociedad, tal y como ya advirtieron en un comunicado de septiembre de 2021.
En febrero de ese mismo año, FRUGA instó a la Consellería de Medio Ambiente a cumplir con sus obligaciones y no delegar el control del lobo en las sociedades de cazadores, medida que, según la entidad, podría incrementar la polarización social en torno a la caza. En ese contexto, la organización hizo un llamamiento a la sociedad para evitar caer en esa dinámica.
También entonces, FRUGA preguntó a la Consellería si contaba con estudios científicos que avalasen que todas las poblaciones identificadas como lobos lo eran realmente, o si existía la posibilidad de que algunas fueran híbridas, como ya se confirmó en algunos puntos del país mediante pruebas de ADN. Por ello, reclamaban “mayor rigor científico” por parte de la administración.
“Todas estas consideraciones se ven ahora respaldadas por la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el TSXG, cuando anuncia la suspensión cautelar de la resolución de la Xunta de Galicia mediante la cual se permitía la caza del lobo”, indican.
El tribunal argumenta que los daños al sector ganadero “aun no siendo reversibles, sí son indemnizables” y señala que la Xunta no aporta datos cualitativos ni cuantitativos suficientes sobre esos daños.
FRUGA interpreta esta decisión judicial como una confirmación de sus reivindicaciones e insta a la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, a rectificar su línea de actuación y a alejarse de las campañas impulsadas por la extrema derecha.
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