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La Asociación Gallega de Viticultura (AGV-FRUGA) advierte de la situación de “crisis” que considera que se vive en la Denominación de Origen Rías Baixas, por lo que exige actuaciones a la Xunta de Galicia como contratos homologados con precio, garantías de recogida de la uva y un plan a largo plazo para la Denominación de Origen.
“Estamos en julio y, a estas alturas del año, mientras las personas viticultoras siguen esperando por una administración que las proteja, en la Consellería de Medio Rural parece que ni siquiera saben que el sector tiene un problema muy serio. Mientras tanto, las bodegas —empresas privadas que velan por su propio beneficio empresarial— ya están actuando. Siguen sumándose nombres a la lista de las que estarían comunicando que este año no recogerán uva, o que lo harían, pero con un rendimiento muy inferior al establecido en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Rías Baixas.”, advierten desde la AGV.
Desde la AGV-FRUGA consideran que “todavía no es demasiado tarde para poner un parche a la herida, si es que existe alguna voluntad política de no dejar abandonados a los viticultores y viticultoras”.
En concreto, defienden que las medidas por parte de la administración autonómica tienen que comenzar “por garantizar un precio digno, que cubra los costes de producción, tal y como dicta la Ley de la Cadena Alimentaria. Esto no es una reclamación que debería tener que hacer la AGV-FRUGA, sino un derecho que debería estar garantizando la Xunta de Galicia”.
Según los cálculos de la Asociación Gallega de Viticultura, después de realizar consultas a diversas personas viticultoras de todas las subzonas, con distintas situaciones y extensiones, con diferentes formas de gestión, “obtenemos un coste de producción en todos los casos superior a 1,50 €/kilo de uva. Ese es el suelo”.
En cualquier caso, desde la asociación prevén que “no va a haber respuesta” por parte de la Xunta de Galicia. “Hace casi 20 años, en 2007, una mesa del vino convocada por un Gobierno Gallego dialogante se saldó con una tabla de precios en los contratos homologados de compraventa de uva. Fue un acuerdo unánime de un sector que también estaba en un momento complicado. Hoy, con un Gobierno que da la espalda al medio rural, vemos este acuerdo como algo imposible”, lamentan.
Ante esta situación, desde la AGV reclaman a la Xunta de Galicia tres medidas urgentes:
1. Contratos homologados con precio: el poder negociador de las empresas no puede repercutir en ventas por debajo de los costes de producción.
2. Garantías para los pequeños productores de que se les va a recoger la uva.
3. Planificación a medio-largo plazo: necesitamos paralizar las inscripciones de viñedo, blindar unos precios dignos para la producción y controlar eficazmente los rendimientos de producción.
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