Fuerte malestar por la exigencia de una nueva auditoría para exportar alimentos españoles fuera de la UE

Desde el 1 de julio entró en vigor el Real Decreto que obliga a las empresas agroalimentarias lácteas, cárnicas y de conservas de España a pagar una nueva auditoría para exportar fuera de la Unión Europea. Las queserías denuncian que puede suponer un gasto medio anual de 2.000 euros y piden que no se aplique a las que ya están inscritas en una IGP o DO

Fuerte malestar por la exigencia de una nueva auditoría para exportar alimentos españoles fuera de la UE

La DO. San Simón da Costa es una de las más afectadas por esta nueva exigencia

El 1 de julio entró en vigor definitivamente el Real Decreto 993/2014 de “Certificación Veterinaria Oficial para la Exportación con destino a Países Distintos a la UE” y que obliga a las empresas agroalimentarias, fundamentalmente queserías e industrias cárnicas, a pasar una auditoría externa para poder exportar a terceros países que exijan requisitos distintos y/o adicionales a los aplicables dentro de la Unión Europea.

Las empresas del sector, fundamentalmente las queserías, las que más exportan fuera de la UE critican lo que consideran “un impuesto revolucionario”, ya que para una pequeña empresa artesanal puede suponer un coste adicional de unos 2.000 euros al año. Además, echan en falta información por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, ya que, a pesar de que entró en vigor, la mayoría de los países de fuera de la UE aun no lo piden y las exigencias varían de un país a otro.

El sector también se pregunta porqué España es el único país comunitario al que se le exige este certificado veterinario a la exportación. En el caso de Galicia, piden que no se aplique esta obligación a las industrias inscritas en una Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida, ya que estas ya pasan una auditoría del INGACAL.

María Enríquez, técnica de Queixeiros da Chaira, una empresa creada por queserías inscritas en la DO San Simón da Costa para abaratar los costes de exportación, considera que esta nueva certificación “es un problema importante, ya que va a tener un coste medio de unos 2.000 euros anuales por quesería, cuando estamos hablando de pequeñas empresas, lo que dificulta aún más poder exportar”. En el caso de Queixeiros da Chaira, el principal mercado al que afecta es a Japón.

Ante esta situación, María Enríquez demanda al Ministerio que “para las industrias que estamos amparadas por una DO o por una IGP se aligere esta exigencia y se pueda certificar de otro modo, ya que nosotros ya estamos controlados y auditados por el INGACAL”. Al mismo tiempo, le pide a la Consellería de Medio Rural que establezca una línea de ayudas para las queserías gallegas destinada a sufragar este nuevo gasto.

“Hay empresas que se están domiciliando en Portugal para poder exportar”

Queixería Casleiras, inscrita en la Denominación de Origen San Simón da Costa, es una de las más afectadas por este nuevo certificado veterinario. Esta pequeña empresa exporta el 60% de su producción y de ese porcentaje el 90% lo venden fuera de la Unión Europea, fundamentalmente en Corea del Sur, Australia, Emiratos Árabes o Singapur.

“Lo que se nos pide es una auditoría externa, que en nuestro caso puede llegar a un coste de 4.000 euros, para certificar que la leche y el ganado del que procede está sano, algo que ya cumplimos ya que los ganaderos tienen que estar inscritos en la DO San Simón da Costa y son auditados -entre otros- por el INGACAL”, asegura Modesto Toubes, uno de los fundadores de Quexería Casleiras.

“Ya estamos auditados por el INGACAL, no se entiende que se nos pida que paguemos un nuevo certificado”

En este sentido, lamenta que “estas nuevas trabas y gastos desaniman a exportar, porque ya te preguntas si compensa o no”. En su caso, reconoce que “aún no contratamos ninguna auditoría porque estamos a la espera de ver como queda esta normativa y si va para adelante o no”. No obstante, segura que “ya hay empresas que se domiciliaron en Portugal para vender desde allí y no tener que pagar esta nueva auditoría”.

En cuanto al porqué sólo se le exige este certificado a los productos agroalimentarios de origen animal procedentes de España, fuentes del sector lo relacionan con el cierre de Rusia a las exportaciones de carne de cerdo y derivados procedente de España a causa de la Gripe A en septiembre de 2009. “Parece ser que fue un problema de falta de control por parte del Gobierno Español de entonces y el resto de países empezaron a exigir más controles a la importación de productos cárnicos y lácteos españoles”, aseguran desde el sector.

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