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La Comisión de Agricultura del Parlamento de Galicia dio este jueves un paso más para exigirle al Ministerio de Agricultura a que obligue a indicar en el etiquetado de la miel el país o países de origen de la misma.
La iniciativa partió de la diputada de En Marea, Paula Quinteiro Araújo, y fue apoyada por el resto de grupos parlamentares, con una enmienda del Partido Popular.
En concreto, la proposición no de ley aprobada demanda que la Xunta inste al Gobierno Central a modificar la legislación estatal vigente -Real Decreto 1049/2003 y Real Decreto 473/2015- “para introducir un cambio normativo que permita a los consumidores y consumidoras conocer los países de origen de la miel que consumen”. Además, se insta a la Xunta a “impulsar la producción de la miel producida baja el amparo IGP Miel de Galicia”.
Paula Quinteiro recordó que la legislación europea permite etiquetar las mieles importadas, que no están amparadas bajo la Indicación Geográfica Protegida Miel de Galicia, como «mezcla de mieles originarias de la CE», «mezcla de mieles no originarios de CE» y «mezcla de mieles originarias y no originarias de la CE», sin indicar los porcentajes, lo que induce a la confusión en beneficio de las mieles importadas de China y de otros países así como de las grandes empresas envasadoras y perjudicando a los consumidores y a los apicultores europeos.
Las organizaciones agrarias gallegas, como el Sindicato Labrego así como las asociaciones apícolas y la IGP Miel de Galicia apoyan la iniciativa de obligar a indicar el país o países de origen de la miel en la etiqueta.
Italia ya dio el paso de obligar a indicar el país o países de origen, algo que permite la legislación europea
Paula Quinteiro recordó que el Gobierno Italiano “impuso el deber de indicar en la etiqueta el país o países de origen donde la miel fuera recogida (….) y la propia Comisión Europea reconoció que la Directiva 2001/110/CE del Consejo relativa a la miel les deja a los Estados miembros la opción de elegir entre la regla general (imponer la indicación del país de origen) o la excepción (permitir la utilización de una indicación genérica)”. “Por lo tanto, -concluyó la diputada de En Marea- de la contestación dada por la Comisión, se concluye que, a la hora de trasponer la Directiva de referencia, y por lo menos para este caso, la facultad de elegir corresponde al Estado miembro”, una posibilidad que ahora piden que también aplique el Gobierno de España.
