Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha difundido los datos de 2023 sobre robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, obtenidos del Ministerio de Interior. La información revela un incremento del 3,5% en comparación con el año anterior. Tras analizar los datos, se han registrado 11.376 hechos denunciados en 2023, lo que equivale a unos 31 robos diarios a nivel nacional.
Galicia ha experimentado el mayor aumento en robos en 2023, con un incremento del 57%, destacando las provincias de Lugo (131%) y Pontevedra (70%). En contraste, el País Vasco (-31%), Baleares (-19%) y Cataluña (-16%) han registrado las mayores reducciones.
A pesar del aumento, Galicis sigue siendo de las menos afectadas por sustracciones, con sólo 191 en 2023, un 1,6% del total.
Desglosando por regiones, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con más robos, contabilizando 3.660 de los 11.376 a nivel nacional, con Sevilla, Almería y Córdoba como provincias más afectadas. Le siguen Castilla-La Mancha, con 1.507 robos principalmente en Toledo y Ciudad Real, y la Comunitat Valenciana, con 1.385 robos, concentrados en la provincia de Valencia.
Por cada 1.000 explotaciones, Canarias presenta el índice más alto de robos y hurtos con 24,95, seguida de Murcia (23,23), La Rioja (19,48), Navarra (16,71) y Madrid (15,89). A nivel de esclarecimiento de casos, la media anual desde 2013 a 2023 es del 17,7%, con una mejora en 2023 al alcanzar el 18,6%.
A nivel autonómico, las Islas Canarias (31%) y la Comunidad Valenciana (27%) lideran en resolución de denuncias en 2023, junto con Cantabria (20%).
Unión de Uniones señala que estos datos solo reflejan los hechos conocidos, subrayando que no todos los incidentes son denunciados, lo que distorsiona la imagen real de la seguridad en el campo. La organización critica la baja proporción de casos resueltos y la burocracia para denunciar, que desalienta a los afectados.
Además, Unión de Uniones solicita más recursos para los Equipos ROCA, cuyo número de efectivos ha disminuido a 503 en 2022, y pide agilizar la carga burocrática para presentar denuncias, facilitando así un análisis más realista de la situación y los recursos necesarios para abordar los robos.