Español
Un transportista y dos ganaderos acusados de un supuesto delito de estafa, por ponerse de acuerdo para añadir agua a la leche que le vendían a una fábrica de quesos y derivados lácteos ubicada en el municipio lucense de Abadín, han sido juzgados ayer en la Audiencia Provincial de Lugo y, mientras el ministerio fiscal pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión, la defensa ha solicitado la libre absolución de sus clientes.
El abogado de la defensa, José Piroscia, confirmó su intención de pedir la libre absolución de los acusados, porque “se va a acreditar que no hay ninguna prueba” que verifique que hubo “una manipulación de la leche, introduciendo agua”, por parte de sus clientes.
En ese sentido, precisó que fueron aportados por parte de la defensa informes tanto de Africor, entidad responsable del programa de Control Leiteiro, como del Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) que evidencian que “en las analíticas que se hicieron tanto en las explotaciones directamente, como en el vehículo en el que se transportaba la leche, no había ningún rastro de agua”.
En su declaración ante el tribunal, uno de los acusados, I.P.C, explicó que trabajó para la misma empresa como transportista durante ocho o nueve años y, durante ese tiempo, nadie le comentó “nunca” que las muestras de leche que se tomaban en la propia cisterna del camión viniesen adulteradas.
El fiscal sostiene que los acusados añadieron agua durante meses para obtener mayores ingresos de la leche
Según el relato del fiscal, los hechos que se le imputan sucedieron, concretamente, entre los años 2010 y 2011, mientras I.P.C trabajaba como transportista autónomo para la citada industria láctea y se ocupaba de realizar dos rutas de recogida de leche diferentes en días alternos, una de ellas por el municipio de Abadín y la otra por los ayuntamientos de Vilalba y Cospeito.
El ministerio público precisó que, en el transcurso de esas rutas, el transportista recogía la leche producida por las explotaciones agropecuarias de su hermano, M.P.C, y de su suegra, L.M.C, ambos acusados. De hecho, en su escrito de acusación, el ministerio fiscal sostiene que los tres acusados, “puestos de previo y común acuerdo y obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, añadieron agua a la leche recogida y transportada”, para “aumentar su volumen y, en consecuencia, la remuneración obtenida por su venta”.
El fiscal sostiene que esa maniobra de los acusados “se mantuvo en el tiempo durante varios meses”, hasta que “la empresa sospechó” de que “no se trataba de un hecho accidental o aislado y se verificó el fraude mediante las pruebas y analíticas oportunas”.
Sin embargo, el transportista insistió en la vista oral en que nadie de la empresa le dijo “nunca” que hubiese problemas con la leche transportada, ni tampoco que hubiese un supuesto desfase entre los litros que figuraban en las hojas de ruta y el contenido real de las cisternas cuando entraban en fábrica.
De hecho, dijo que tuvo constancia de esa acusación cuando ya había dejado la empresa, a pesar de que el camión que él guiaba entraba todos los días en fábrica y era pesado dos veces, una al entrar y otra al salir -con la cisterna vacía-, para comprobar con exactitud el volumen de leche transportada.
Los tres imputados han sido acusados de un delito continuado de estafa y el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular eleva esa petición a 6 años de cárcel y el pago de una multa.
Ambas acusaciones exigen también el pago, en concepto de responsabilidad civil, de las pérdidas ocasionadas a la empresa, cifradas en 180.000 euros.
