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El magistrado Luis Villares es un buen conocedor de la realidad de la propiedad rural en Galicia, un país donde hay 1,5 millones de propietarios rústicos. Colaborador desde hace años del Máster en Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio (Masterra), que coordina el Laboratorio del Territorio (LaboraTe) de la USC, Luis Villares defiende la intervención pública de la administración para evitar el abandono de la tierra, haciendo cumplir la ley en materias como las plantaciones forestales en tierras agrarias e incluso estableciendo impuestos a las tierras abandonadas. “La administración debe perder el miedo a intervenir en la propiedad privada en Galicia”, subraya.
Propones varias medidas de tipo jurídico para movilizar la propiedad de la tierra en Galicia y evitar el abandono de la misma, pero…¿cuál es la realidad de la que partes?
Uno de los presupuestos de partida es la constatación de que existe una cantidad importante de superficie agraria que es útil y que está abandonada, y que existe también una importante superficie forestal en Galicia que no se está cuidando en este momento para su puesta en producción.
Al mismo tiempo, se da la paradoja de que hay ganaderos que necesitan más superficie y más base territorial y que no la tienen. Es decir, se produce una incomunicación entre una oferta inexistente y una demanda real. Pienso que las alternativas para solucionar esto deben partir de una visión integradora.
¿Por que consideras que los mecanismos que se pusieron en marcha por parte de la Administración (Banco de Terras, SOFOR, UXFOR, concentración parcelaria…etc) no dieron los frutos que se esperaba?
Desde mi punto de vista, uno de los problemas que hubo a la hora de hacer una intervención pública en esta problemática fue utilizar unas herramientas jurídicas con unas dimensiones, en cuanto a superficie, y con unas necesidades de mayorías que hizo que muchas veces no aportasen soluciones. Por ejemplo, para la concentración parcelaria considero un error requerir el consentimiento o la aprobación de una parte importante de los propietarios, con la paradoja de que con el abandono del rural mucha de esa gente funcionaba en un sentido negativo, pues el que estaba emigrado en Barcelona o en otros lugares no tenía la misma actitud positiva.
También hubo un problema de escala de la intervención. Es decir, muchas veces la concentración se concibió por parte de la administración a una escala mínima de parroquia o incluso superior, cuando existían muchos mecanismos legales que podían ser perfeccionados para reordenar la propiedad a nivel privado. Por ejemplo, la agrupación de parcelas u otros mecanismos de carácter civil.
“Existe una legislación muy buena pero que la Administración no aplica”
Además, a nivel fiscal en este momento ya se está haciendo un esfuerzo importante con una serie de bonificaciones que liberan a muchas operaciones jurídicas del gravamen que tenían las transmisiones de propiedades rústicas. De hecho, según los notarios desde la supresión de estos impuestos aseguran que se produjo un aumento tanto de la transmisión de propiedades como de la agregación de parcelas. Pero hay que explorar nuevas vías, distintas de las fiscales, para incentivar que se mueva la propiedad de la tierra.
Por otro lado, existe una legislación que podría ser muy buena pero que no se utilizó convenientemente. Por ejemplo, en materia de ordenación de usos del suelo o de prohibición de usos forestales de suelos agrarios, nunca fue objeto de aplicación real por parte de la Administración. Lo mismo se podría decir de la normativa de prevención de incendios forestales. Todo esto va favoreciendo la dejadez de los propietarios hacia las parcelas, algo que debería ser corregido bien con incentivos o bien con sanciones para movilizar tanto la propiedad como el uso.
¿Qué medidas propones para por en valor y dinamizar la propiedad de la tierra en Galicia?
En primer lugar, la concentración parcelaria habría que darle una vuelta importante, tanto en los tiempos de la tramitación, como en el esfuerzo de inversión, como en las propias dimensiones del ámbito de concentración. También habría que revisar el carácter ejecutivo de sus resoluciones, por más que se recurran. Todo esto para que los destinatarios perciban en el corto plazo los efectos de la concentración parcelaria.
“Se debería pensar en poner una tasa a las tierras abandonadas que están improductivas”
En segundo lugar, en relación a los arrendamientos rústicos considero que sería necesario darle una vuelta a la relación jurídico privada para promover las relaciones de arrendamiento entre particulares en un marco de garantías y estabilidad para las dos partes. También se debería fomentar el papel del Banco de Terras, sobre todo en relación a propietarios que ya no viven en el rural, bien porque se mudaron a las ciudades o porque están emigrados fuera de Galicia, para que puedan poner en valor sus parcelas.
En tercero lugar, se debería hacer cumplir la legislación en materia tuitiva, tanto en materia de ordenación del suelo, prevención de incendios o forestación de tierras agrarias.
Y por último, considero que habría que pensar en impuestos parafiscales; es decir, en grabar moderadamente las tierras abandonadas que están improductivas, para fomentar su movilización. Es decir, que sería suficiente ponerlas a producir de cualquier forma (directa o gestionada por terceros, incluido el Banco de Terras), para no tener que pagar esa tasa. Esto ya fue aplicado en Andalucía en los años 80 con muy buenos resultados y con el aval jurídico del Tribunal Constitucional.
Una queja común del sector ganadero es que, en lo relativo a la forestación de tierras agrarias, tienen que ser ellos y, no la Administración, los que denuncien las infracciones, con la conflictividad entre el vecindario que esto supone…..
A eso habría que darle la vuelta. La Administración, que es la controladora, debería ser la controlada. Es decir, los particulares y asociaciones deberíamos exigir que cumpla la ley, porque existe una buena normativa pero se ve que no hay voluntad por parte de la Administración en aplicarla. Si así lo hiciera, estimularía a los propietarios que tienen las tierras abandonadas a ponerlas a producir.
¿Como jurista, ves alguna situación comparable a la de Galicia, con casi un millón y medio de propietarios rústicos?
En cuanto al número de propietarios de fincas es algo difícilmente parangonable. Lo que sí es destacable, según fui aprendiendo en los años de colaboración con los investigadores del Masterra, es lo tarde que fue llegando Galicia a las nuevas figuras de intervención pública en el régimen de propiedad privada agraria. Es decir, aquí siempre hubo mucho miedo a intervenir públicamente en la propiedad privada, y eso hay que superarlo, porque a día de hoy a nadie se le ocurre que en el espacio urbano una persona pueda levantar un edificio sin la regulación pública. Pues en el ámbito rústico nos tenemos que acostumbrar a lo mismo.
El terreno tiene un valor económico y productivo para la gente que vive en el rural y es necesario que se ponga en valor. Es necesario establecer mecanismos legales para que la gente que vive en el rural y del rural tenga el control efectivo de la riqueza que produce el rural.
