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Las cifras de la cadena monte – industria de Galicia siguen en el 2022 en topes históricos, según el avance que se acaba de presentar en el informe de la cadena forestal 2022, elaborado por la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra (UVigo). El conselleiro de Medio Rural, José González, que clausuró la presentación del informe, destacó que las estimaciones apuntan a que este año se superarán los 2.500 millones de facturación del 2021, que ya habían sido récord.
La nota dominante del año fue un encarecimiento de los precios a lo largo de toda la cadena, desde el monte hasta los productos finales. “Tuvimos un 2022 con precios altos de los productos, pero también con altos costes de producción, en especial los logísticos, por la subida de los combustibles”, precisa el director de la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, coordinador del informe.
Los datos estimados para 2022 presentan una mejora de las cifras de facturación en todos los subsectores de la cadena. El principal subsector es el de tableros y pasta de papel, con unos ingresos previstos de unos 1.160 millones de euros, si bien habrá que esperar al cierre del año, pues tanto tableros como pasta de papel experimentaron una ralentización en el segundo semestre.
En el caso de la celulosa, la bajada de la facturación del segundo semestre se debe al parón de Ence Pontevedra a partir de julio, cuando la sequía dejó a la planta sin disponibilidad de agua suficiente y tuvo que parar la actividad. Estos días precisamente Ence está reiniciando la fabricación de pasta, tras cuatro meses de parón. La factoría pontevedresa espera entrar en ritmo normal de producción a inicios de diciembre.
Tras tableros y pasta de papel, el siguiente subsector en facturación es el de la segunda transformación (mobiliario, contract), que llegó a los 650 millones de euros y representa ya un 22% de las exportaciones en valor. Le siguen en facturación rematantes (529 millones de euros), aserraderos (492 millones de euros) y biomasa (86 millones de euros).
El conselleiro de Medio Rural, José González, que clausuró el acto junto con el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, y el director de la Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, destacó igualmente otras fortalezas del sector: “suma 24.500 empleos directos y representa un 12% del empleo industrial gallego”, subrayó.
Iniciativas para 2023
De cara al próximo año, Medio Rural avanzó su intención de presentar un plan estratégico de la industria forestal – madera, a fin de alinear el Plan Forestal de Galicia, enfocado en la planificación del monte, con las necesidades de la industria.
En el terreno de la gestión forestal, el conselleiro avanzó que en el primer trimestre del año se publicará la orden que regula las agrupaciones de gestión conjunta, un instrumento que considera clave para movilizar los terrenos forestales de los pequeños propietarios. “Es una de las asignaturas que tenemos pendiente”, reconoció González, que también se mostró preocupado por los grandes incendios forestales vividos este verano.
“El futuro para luchar contra los incendios forestales pasa por la gestión del territorio, con tres patas: ganadería, agricultura y forestal”, valoró González, que abogó por una estrategia de planificación del territorio que incluya la creación de discontinuidades en las masas forestales.
“No estoy de acuerdo con los que propugnan que lo mejor es dejar que el monte se gestione a sí mismo” (el llamado ‘rewilding’). “El enemigo del rural es el abandono, que aumenta los riesgos derivados de los fuegos. Si alguien tenía alguna duda, ya se le quitaría después de lo sucedido este verano”, concluyó.
Nueva normativa de montes vecinales
De otro lado, la diputada popular Elena Candia anunció ayer en el Parlamento que la Xunta está trabajando en el borrador del Libro blanco de los montes vecinales, que recogerá la nueva normativa que regulará a las comunidades de montes. Este Libro blanco le será trasladado al Consello Forestal de Galicia en el primer trimestre del 2023, con el objetivo de iniciar un “proceso participativo” con el sector para cerrar la nueva normativa, según señaló la diputada popular.
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