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Ante el debate social y las diferencias en la opinión pública de los países de la Unión Europea en torno a los Organismos Modificados Genéticamente (OGM) la Comisión Europea quiere que sean los Estados miembros los tengan la última palabra. Así, si en marzo de 2015, el Consejo y el Parlamento acordaron una modificación del marco jurídico de los OMG con el fin de permitir a los Estados miembros restringir o prohibir el cultivo de OMG autorizados, ahora la Comisión quiere ampliar esta solución a los alimentos y los piensos modificados genéticamente.
En concreto, la Comisión propone modificar el Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente a fin de permitir que los Estados miembros adopten decisiones nacionales por las que se restrinja o prohíba el uso de OMG en alimentos o piensos, una vez que han sido autorizados a nivel de la UE (medidas de exclusión voluntaria).
Exigencias a los Estados que deciden prohibir los OGM
Los Estados miembros deberán justificar que sus medidas de exclusión voluntaria son compatibles con el Derecho de la UE y los principios de proporcionalidad y no discriminación entre productos nacionales y no nacionales. Sin embargo, no están autorizados a utilizar justificaciones que entren en conflicto con la evaluación de los riesgos para la salud humana y animal y el medio ambiente llevada a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que es la autoridad europea competente en la materia.
De hecho, la propuesta no debe alterar el nivel uniforme de seguridad garantizado por la evaluación a escala de la UE. Además, en caso de que se descubran nuevas pruebas de que el producto podría plantear un grave riesgo para la salud o el medio ambiente, el marco jurídico de la UE ya contiene disposiciones que permiten a los Estados miembros prohibir un alimento o un pienso modificado genéticamente a la espera de que la UE examine la situación.
Estas medidas deberán comunicarse a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su adopción, y la Comisión y los demás Estados miembros tendrán noventa días para presentar sus observaciones, en su caso.
En los casos en que un alimento o un pienso modificado genéticamente ya se esté usando en el momento en que un Estado miembro adopte una medida de exclusión voluntaria, la propuesta prevé que debe concederse a los operadores un período razonable de tiempo para agotar las existencias de este producto. Por otra parte, las medidas no deberán tener por objeto productos en los que se descubra la presencia accidental de OMG autorizados en la UE por debajo del umbral de etiquetado establecido en la legislación.
Esta propuesta se enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, que la examinarán en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
Más del 60% de la proteína para alimentación animal que importa la UE procede de países que autorizan los OGM
Hasta la fecha, hay cincuenta y ocho alimentos y piensos modificados genéticamente que están autorizados en la UE.
El número de productos alimentarios modificados genéticamente que puede realmente encontrarse en los comercios es limitado. Esto puede ser consecuencia de los requisitos de etiquetado para los alimentos MG y de la disponibilidad de alternativas que no han sido modificadas genéticamente.
La situación es diferente en lo que respecta al sector de los piensos modificados genéticamente. En la UE existe un importante mercado para los piensos modificados genéticamente: más del 60 % de las necesidades de proteínas vegetales de la UE para el ganado vacuno se cubren mediante importaciones de soja y harina de soja procedentes de terceros países en los que el cultivo de OMG está muy extendido.
