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La entidad que se haga cargo de la concesión del primer centro de recría público de España, construido por la Diputación Provincial de Lugo en la localidad de Castro de Ribeiras de Lea, se ocupará de la gestión de esas instalaciones y de su explotación durante un mínimo de 15 años, un período que será prorrogable cada cinco años, hasta un máximo de 25.
Lo confirmó esta mañana la vicepresidenta segunda de la institución, Lara Méndez –PSdeG-, durante la presentación de las bases que regirán la concesión de esas instalaciones, con capacidad para recriar al año unas 3.000 novillas de raza frisona, después de una inversión por parte de la Diputación Provincial de 12 millones de euros.
Las bases que definirán el modelo de gestión del centro de recría serán aprobadas este viernes en junta de gobierno y definen condiciones como el canon anual que tendrá que pagar la entidad concesionaria de estas instalaciones, que será de 50.000 euros.
Méndez precisó que será “un modelo de gestión de iniciativa pública”, de modo que la Diputación de Lugo asumirá “como propio” el servicio que se preste desde el centro de recría a las explotaciones ganaderas de la provincia.
De hecho, subrayó que “contará con la participación directa del sector ganadero” y, por ese motivo, se tendrá en cuenta que los licitadores tengan como base “la colaboración directa de entidades de economía social”, como pueden ser las propias cooperativas agropecuarias o las sociedades agrarias de transformación.
Las tarifas las marcará la Diputación
En cuanto a las tarifas que tendrán que abonar los potenciales usuarios de este centro, los licitadores tienen que presentar una propuesta en su propia oferta, pero la palabra definitiva la tendrá el gobierno provincial, dado que el precio del servicio será aprobado por el pleno.
Además de prestar un correcto servicio a las explotaciones ganaderas que decidan recriar sus animales en este centro, la entidad concesionaria también se comprometerá a crear empleo de calidad, con un porcentaje mínimo de contratos indefinidos del 30%, además de reservar un 10% de la plantilla para personas con dificultades de inserción en el mercado laboral.
Una vez aprobadas las bases, las empresas interesadas tendrán un plazo de 15 días naturales para presentar sus ofertas, que serán evaluadas por una mesa técnica.
