“La factura electrónica y la normativa de envases amenazan al pequeño tejido agroalimentario»

Las nuevas medidas de facturación electrónica -especialmente el sistema Verifactu- y las relativas a envases y embalajes pueden acabar perjudicando a los pequeños productores y a las empresas de poco volumen y estructura que, además, tienen que competir en el difícil mercado de la venta directa. Es la conclusión de colectivos que agrupan a productores, cooperativas y pequeñas empresas.

La normativa de envases entró en vigor el 1 de enero de este año. Pero ya va a ser reformada en 2026 por un reglamento comunitario, con lo cual se crea confusión y más problemas al productor. Por eso, piden sentido común a las administraciones autonómica y central y que se haga una aplicación gradual, una reducción o exención de gravámenes y un acompañamiento efectivo.

La norma establece que hay que llevar un registro numerado de todos los envases que se emplean, que sean adaptados a la normativa y que ese registro esté vinculado con un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) – Y eso tiene unos costes.

Para el reciclaje de envases pagamos por el residuo, por el supervisor y por el propio envase. Un triple gasto injustificado (Carlos Rea, AGOAAP)

Además, hay que hacer constar en el etiquetado los materiales que se emplean y qué tipo de residuos suponen -y, por lo tanto, a qué contenedor deben ir-. “Estamos pagando tres veces el coste del reciclaje: por el residuo que producimos, por el gestor que nos supervisa y por cada envase que empleamos.”

Tanto la aplicación de normativa de envases, los materiales, las cantidades y su contabilidad tienen que ir recogidos en la factura. Por eso, los productores dicen que no solo complica el envasado sino también la facturación.

“No se puede aplicar la misma normativa y exigencias a un productor que está solo en su negocio que a una gran industria. O, por lo menos, no con los mismos plazos y criterios. Sería muy lesivo para el pequeño tejido productivo agroganadero.”, dijo Higinio Mougán, gerente de la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (AGACA).

“Tampoco puede ser que una pequeña empresa o una cooperativa tenga que destinar recursos y personal específicos para atender toda esta tramitación, que es muy laboriosa. “, dijo Mougán. Y pidió también que se disponga de herramientas digitales lo más desarrolladas posible.

El principal cometido de productores y empresas es producir y transformar. No pueden dedicar horas y horas a la burocracia. (Higinio Mougán, gerente de AGACA)

Los firmantes remitieron escritos con reclamaciones y propuestas de medidas a la Xunta de Galicia, y a los ministerios de Agricultura y de Hacienda. “El sector primario está en un constante lío normativo. Por ejemplo, el cuaderno digital no está adaptado a la operativa del día a día de las explotaciones y por eso ya se va a volver a demorar su aplicación y veremos en qué condiciones.”

Leonor Lorenzo, Presidenta de Slow Food Compostela (SFC) habló de que hay mucho malestar entre los socios y recuerda que organizaron formaciones específicas sobre facturación electrónica y gestión de residuos de envases y que los propios profesores no pudieron aclarar las dudas de los socios por no estar nada claros los aspectos técnicos y legales.

“Bastante trabajo supone producir los alimentos y venderlos como para, encima, tener que dedicar unas horas de las que no disponemos a estos temas que no se acaban de definir adecuadamente.”, dijo Lorenzo.

La representante de SFC aludió al hecho de que, cuando se hacen consultas sobre envases y facturación electrónica en la administración, tampoco se obtienen respuestas. Y pidió que se deje claro a qué entes públicos -autonómicos, estatales o europeos- corresponde tomar y aplicar las medidas.

Además, estas situaciones crean malestar entre los productores porque “mientras no se dejan claros los requisitos legales y no se dice exactamente lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, el productor tiene la sensación de que vive al borde de la legalidad. Y eso no es normal.”

La inconcreción, demora y falta de claridad de las normativas lleva al productor a sentirse al borde de la legalidad. Algo injusto. (Leonor Lorenzo, SFC)

José Carlos Rea, de la Asociación Gallega de Operadores Artesanales de Alimentación y Piensos (AGOAAP) insistió en que las normativas están diseñadas para grandes empresas situadas en centros industriales y no “para el 98% de nuestros asociados, que viven y trabajan en un entorno rural despoblado.”

“Estamos dedicando un 40% de nuestro tiempo, a la burocracia, a trabajos que no tendrían que ser competencia nuestra y, además, con cada vez más dificultades técnicas y legales añadidas. Ese tiempo lo tendríamos que dedicar a producir y transformar, que es la mejor garantía para el consumidor.”

Rea opina que el exceso de burocracia -que obliga a tener que pagar cada vez más a las gestorías o a perder horas de trabajo productivo- sumado a la subida de las materias primas e insumos en algunos sectores agrarios y ganaderos puede llevar a que aumenten los precios de los alimentos o al cierre de explotaciones si las subidas en origen no cubren los gastos burocráticos.

Por otro lado, Rea criticó que se obligue a desarrollar sistemas de facturación electrónica como es el caso de Verifactu, cuando “la inmensa mayoría de pequeños productores y pequeñas empresas que estamos en el rural seguimos teniendo enormes problemas de conexión y cobertura.”

Los convocantes, a los que se sumó la plataforma de productores ecológicos gallegos PROECOGAL, hacen un llamamiento a todas las organizaciones de productores de Galicia e incluso de España a actuar conjuntamente para poner fin a una situación que, aseguran, pone en riesgo la viabilidad de cientos de explotaciones y pequeñas empresas.