Español
Buena parte de la superficie de las explotaciones agroganaderas que dejan la actividad se pierde para la agricultura, mayormente porque se forestan o quedan abandonadas. En Galicia, la superficie agraria útil se redujo en una cuarta parte en los últimos 30 años, un proceso que no consiguió frenar la puesta en marcha del Banco de Terras. Un informe del Laboratorio del Territorio analiza la movilidad de tierras en Galicia y concluye que es diez veces inferior a la francesa o a la italiana. El Parlamento de Galicia volvió debatir ayer sobre cómo ponerle freno a la pérdida de tierras agrícolas.
El aprovechamiento de la tierra en Galicia se presenta como un problema complejo. El debate político y del sector agrario parte de la base de que resulta necesario que la superficie agrícola de las explotaciones que abandonan sea transferida a agricultores y ganaderos activos, bien vía arrendamiento, bien vía venta. Sin embargo, esa movilidad de las tierras está dándose de manera muy reducida.
El grado de transferencia de parcelas presenta una gran diversidad. En Ourense y Pontevedra es menor
El informe ‘Propiedad, movilidad de tierras y valorización territorial’, elaborado por el Laboratorio do Territorio (Universidade de Santiago), concluye que en Galicia sólo hay una tasa de transferencia de la superficie agraria del 0,10% año, diez veces inferior a la tasa francesa o italiana. El problema, a mayores, va unido a altos precios medios de 1,5 euros por metro cuadrado en caso de venta, una cotización ligeramente superior a la media española y equiparable a la de Reino Unido o Dinamarca.
Mientras tanto, la pérdida de superficie agraria útil (SAU) en Galicia no para. Si en el periodo 1985-2005 se redujo en 145.000 hectáreas, desde aquella hasta hoy se perdieron en torno a 120.000 hectáreas.
Debate en el Parlamento
El problema de la falta de SAU volvió ayer al debate parlamentario, tras la reciente aprobación de la Ley de Mejora de la Estructura Agraria de Galicia. Desde la oposición se entiende que la aprobación de leyes o instrumentos como el Banco de Terras son insuficientes si no van acompañados de recursos y medios. El Bloque presentó una proposición no de ley por la que demandaba una actitud más proactiva de la Xunta en la movilización de tierras y también apuntaba la posibilidad de una ley que ordenara los usos de la tierra en la comunidad.
La propuesta de la diputada nacionalista Tareixa Paz fue apoyada por los otros grupos de la oposición, Alternativa Galega de Esquerda y PSdeG. «Este es un problema complejo que no se soluciona con leyes», valoró al diputado socialista Pablo García. «Hay multitud de casos de tierras agrarias que se abandonan y que se plantan con eucaliptos, incluso cerca de las aldeas, sin que se haga nada para evitarlo”, criticó García, una queja compartida por los otros grupos.
«Saben de sobra que la permisividad de la forestación de tierras agrarias no es cierta» (Isabel García, grupo popular)
El grupo popular, sin embargo, entiende que las medidas en vigor, como el Banco de Terras o la Ley de Mejora de la Estructura Agraria, son suficientes. «Las actuaciones que demandan ya se están realizando», sostuvo a la diputada Isabel García. «Saben de sobra que la permisividad de la forestación en tierras agrarias no es cierta. Estamos tramitando sanciones y expedientes día a día», aseguró. Los datos de Medio Rural indican que la Consellería puso 44 sanciones al año por forestación de tierras agrarias desde el 2009, si bien desde el sector agrario se advierte de que la Administración sólo actúa cuando hay denuncias previas, pero no de oficio.
Diferencias por comarcas
La movilidad de superficie agraria en Galicia se presenta en general baja, aunque existen escenarios diversos dentro de Galicia. El documento ‘Propiedad, movilidad de tierras y valorización territorial‘, elaborado por el Laboratorio do Territorio (USC) en colaboración con la Fundación Juana de Vega y con el Banco de Terras, revela que hay grandes diferencias entre las distintas comarcas. En las provincias del norte, A Coruña y Lugo, las transacciones son mucho mayores que en Ourense y Pontevedra.
Un informe del Laboratorio do Territorio (USC) sugiere la creación de unidades comarcales del Banco de Terras
El mayor nivel de movilidad está asociado a comarcas con un sector agrario potente, en tanto aquellas con mayor absentismo y mayor parcelación, registran menos transacciones. En cuanto a los precios, en un marco de precios elevados, las cotizaciones más bajas se registraron en Lugo y las más altas en las Rías Baixas y en el entorno de las siete grandes ciudades, en parte por posibles expectativas de urbanización.
Recomendaciones para la mejora de la movilidad
El informe del Laboratorio do Territorio, concluido a finales del pasado año, también hace una serie de recomendaciones para la mejora de la movilidad de tierras. La mayoría de las acciones que propone el documento apuntan en la dirección de la potenciación del Banco de Terras, un organismo para el que incluso se sugiere la creación de unidades territoriales a nivel comarcal -apoyándose en organismos ya existentes-, dada la particularidad de problemas que se da en cada comarca.
Entre las acciones propuestas por el documento, figuran las siguientes:
– Caracterizar la aptitud productiva de la tierra agraria y su estado actual, especialmente aquella infrautilizada. Se trata de que aflore el «capital muerto».
– Aumento y refuerzo de los servicios de intermediación en el mercado de tierras rústicas. Debe mejorarse la información sobre la oferta y su difusión a los posibles interesados.
– Promoción de servicios de asesoramiento específicos para los nuevos emprendedores agrarios que compaginen búsqueda de tierras con el apoyo al desarrollo del plan de negocio agroganadero o agroalimentario.
– Potenciar instrumentos como las permutas o la reorganización de usos. Son acciones que permiten superar en parte algunas limitaciones estructurales (como tamaño y forma de la parcela) sin acometer grandes procesos de reforma.
– Abordar los conflictos por concurrencia de usos en tierras rústicas, en especial en las zonas de mayor demanda y en las de mayor aptitud productiva, donde en ocasiones los usos forestales y urbanísticos compiten con el agrario.
