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La Xunta de Galicia está apostando fuertemente por la ordenación forestal, un sector en el que la comunidad es la novena potencia forestal de Europa. Supone el 1,8% del PIB gallego; genera nada menos que el 12% del empleo industrial a lo largo de su cadena de valor, mueve en torno a 2.000 millones de euros anuales y da empleo a unas 70.000 personas.
Sin embargo, esta es sólo una pequeña parte del potencial de creación de riqueza que tiene el monte gallego. En este sentido, la Xunta de Galicia se marca como objetivo estratégico en el Plan Forestal multiplicar por dos la cantidad de madera que produce Galicia en las próximas dos décadas, pasando de los 8 millones de metros cúbicos anuales a los 16 millones y garantizando, evidentemente, la calidad de la madera y la sostenibilidad del monte. Y todo eso con la misma superficie: alrededor de un millón de hectáreas.
Y para lograr el desarrollo del monte gallego resulta clave la planificación y la ordenación forestal. Un primer paso en esa dirección fue crear una dirección específica, la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal, que separó estas funciones de las relacionadas con la prevención y extinción de incendios, siguiendo así, las recomendaciones del dictamen del Parlamento Gallego en materia forestal y atendiendo una demanda del sector.
Desde la Xunta de Galicia defienden un equilibrio del monte gallego en el que tienen cabida todas las especies y todos los usos. En este sentido, abogan por una apuesta decidida por la preservación de las especies autóctonas y de la biodiversidad.
Pero ademáis, se están poniendo en marcha una serie de decretos que desarrollan las directrices de la Ley de Montes de Galicia y responden también a lo establecido por el dictamen de la Comisión forestal del Parlamento gallego. Estas nuevas normativas que ayudarán a la creación de riqueza en el sector forestal gallego son:
Registro de frondosas:
Recientemente se creó el registro de masas frondosas consolidadas. El objetivo de esta norma es mejorar la conservación y puesta en valor de estas masas, formadas por especies de gran interés como robles, castaños, rebollos y abedules, como recurso económico, social y ambiental de Galicia.
De este modo, los titulares que registren estas masas tendrán prioridad en la concesión de ayudas públicas, especialmente para dotarse de un instrumento de ordenación o gestión forestal que regule sus aprovechamientos de una forma sostenible. Sus propietarios, así como los titulares de los aprovechamientos, tendrán también ventajas e incentivos fiscales.
Es preciso señalar que la extensión actual de las masas de frondosas autóctonas en la comunidad es de cerca de 415.000 hectáreas, lo que supone algo más del 20% del territorio forestal gallego. De ahí la necesidad y la importancia de contar con una herramienta de este tipo.
Plan Forestal:
Este inventario forestal además servirá de guía para la revisión del Plan Forestal de Galicia. A través de este Plan, se apuesta por garantizar un monte sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social, con el fin de asegurar un enfoque multifuncional de los diferentes aprovechamientos del territorio forestal.
Además, el plan apuesta por un equilibrio entre conservación y producción y no demoniza ninguna especie. La planificación tiene en cuenta también las necesidades en cuanto a producción sostenible de madera, orientadas hacia el mantenimiento de la riqueza y el empleo que genera el sector.
Precisamente, un ejemplo palpable de monte multifuncional es la creación de un bosque periurbano en el entorno de Vigo, que cuenta con un presupuesto de casi 1,4 millones de euros y en el que ya se está trabajando. Para llevarlo adelante, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Xunta y la mancomunidad de montes de Vigo, así como con cada una de las comunidades de montes vecinales en man común de Valadares, San Andrés de Comesaña, Coruxo y Zamáns.
Este acuerdo tiene por objetivo restablecer el valor ambiental, económico y social del entorno de la ciudad de Vigo y que supondrá una restauración total de la masa forestal en estos cuatro montes vecinales.
A mayores, es preciso recordar el acuerdo de colaboración entre la Xunta y el Banco Santander para acometer la regeneración ambiental, del paisaje de la zona afectada por el incendio de Ponteareas de 2017, que también llegó a los ayuntamientos limítrofes de Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Mondariz, Soutomaior, Pontecaldelas y Cotobade. Esta iniciativa está dotada con un presupuesto de cerca de 860.000 euros para impulsar diferentes actuaciones, ya en ejecución, como el cambio de uso de dos parcelas, una de 135 hectáreas y otra de cerca de 11 para su transformación en pastizales, la realización de tratamientos para la vegetación en otras 72 hectáreas y la creación de discontinuidades, con la plantación de hasta 105.000 abedules.
Otros decretos forestales:
Con el fin de seguir desarrollando la Ley de Montes, la Xunta aprobó para su sometimiento al dictamen del Consejo Consultivo de Galicia el Decreto por lo que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corteza, de pastos, micológicos y de resinas en montes o terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Esta norma beneficiará a los titulares tanto de los terrenos como de los aprovechamientos, ya que redundará en una simplificación de los trámites y en una agilización y reducción de los plazos, proporcionando mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.
Además, hace falta destacar que en el nuevo decreto se regula por primera vez el aprovechamiento de resina, que está teniendo en los últimos años un fuerte impulso y que está muy ligado a la fijación de población en el rural. Al tratarse de un aprovechamiento en constante evolución, facilita también las acciones de formación e investigación.
En particular, este decreto regulará la autorización única para los aprovechamientos. De esta forma, será la Consellería de Medio Rural la que solicite y valore los informes preceptivos de los distintos organismos de la Xunta, emitiendo una única autorización, en un plazo máximo de dos meses, con silencio positivo.
Además, la Xunta aprobó los nuevos pliegos de condiciones a los que habrán de someterse los aprovechamientos madereros de una serie de especies maderables (eucaliptos, pinos y acacias) en terrenos sujetos a algún régimen de protección o afectados por legislación de protección del dominio público (zonas de protección de carreteras autonómicas, policía de márgenes de ríos y riachuelos de competencia gallega y de conservación del patrimonio natural).
Así, la aprobación de los citados pliegos permitirá sustituir la exigencia de autorización administrativa por una declaración responsable de la persona interesada en la tala, comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos específicos contemplados para las talas en cada uno de estos espacios, eliminando así la necesidad de obtener informe previo del órgano sectorial competente.
15.000 solicitudes
De este modo, se amplían los supuestos de declaración responsable, por lo que la Xunta estima que permitirá la presentación de 15.000 declaraciones responsables que antes debían tramitarse como autorización. El objetivo de esta medida es minimizar las gestiones administrativas y que el declarante quede facultado para realizar el aprovechamiento desde el momento de la presentación de esta declaración responsable, sin más trámites.
Un año de plazo para hacer las cortas
Las especies afectadas por esta previsión son: el eucalipto (Eucalyptus spp), el pino gallego o del país (Pinus pinaster), el pino de Monterrei (Pinus radiata), el pino de Oregón (Pseudotsuga menziesii) y la acacia negra (Acacia melanoxylon), respetando las peculiaridades establecidas en cada ruego.
Hace falta señalar que el pino del país y el eucalipto son las especies más cortadas en Galicia. Además, esta orden contempla también los condicionantes -en lo referido a las distancias de plantación recogidas en la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia- que han de cumplir las cortas de las especies señaladas en zonas de protección de carreteras (autonómicas), policía de lechos fluviales (Augas de Galicia) y de conservación del patrimonio natural.
Los aprovechamientos previstos están supeditados a la presentación de la correspondiente declaración responsable en la sede electrónica de la Xunta de Galicia según el modelo MR604H, y el aprovechamiento se realizará en el plazo máximo de un año desde la presentación de esta declaración. La tala de la madera se llevará a cabo sin abandonar ningún tipo de material que pueda resultar tóxico para las aguas, la flora o la fauna acuática y terrestre, como por ejemplo plásticos, aceites, recambios usados, etc.
Se excluyen montes de más de 15 hectáreas sin plan de ordenación
En el caso de superficies de aprovechamiento superiores a 15 hectáreas, los propietarios tendrán que solicitar autorización previa del plan de talas mientras el monte no disponga del instrumento de ordenación o gestión forestal obligatorio. Es el caso de los Montes Vecinales en mano Común que carezcan de plan de ordenación. Una vez obtenida la autorización de este plan ya podrá presentarse la oportuna declaración responsable.
Tampoco podrán, en ningún caso, ser objeto de una declaración responsable aquellos usos que requieran la realización de una evaluación ambiental.
No afecta al dominio público estatal
La orden afecta únicamente a montes al lado de carreteras o riachuelos de competencia autonómica. En el caso de dominio público competencia del Estado (carreteras nacionales, cuencas hidrográficas que afectan más de una comunidad autónoma -en Galicia los ríos que están dentro de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil o el río Eo-, montes afectados por la Ley de costas, o espacios afectados por la red ferroviaria), en cuyo caso sigue rigiendo la normativa básica de aplicación y los trámites en vigor hasta ahora para la totalidad de las cortas de madera.
También cabe destacar el inicio de la tramitación del anteproyecto de Decreto por el que se regirán los contratos temporales de gestión pública y el fondo de mejoras.
Mediante estas figuras, la Administración autonómica prestará financiación previa y asistencia técnica a los propietarios forestales que suscriban dichos contratos para la puesta en valor de sus montes. Los titulares de los terrenos, por su parte, asumen el compromiso de devolver aquel porcentaje de la inversión que sea calificada como anticipo reintegrable y a remunerarla con los intereses establecidos.
El objetivo de estas medidas es incidir en la buena gobernanza de los montes y en su gestión sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental, al tiempo que se garantiza la seguridad jurídica para las partes firmantes, fomentando la colaboración público-privada en esta materia.
