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La mayoría de las granjas gallegas continúan aplicando el purín de la manera en que lo venían haciendo, a la espera de que se aclare la normativa. El problema es que a día de hoy no tienen base legal para aplicar el purín con el sistema de plato invertido, con lo que potencialmente quedan expuestas al criterio de las inspecciones de turno. El Sindicato Labrego insta a la Xunta a tomar medidas inmediatas para solucionar la situación.
En marzo del pasado año, el Ministerio informó al sector de que estaba dispuesto a permitir en Galicia la aplicación de purín con el sistema de plato invertido, sin necesidad de inyectores y tubos colgantes, pero siempre que la Xunta así lo solicitase y lo justificase. Días después, la Consellería de Medio Rural anunció que tomaría las medidas pertinentes para habilitar tal posibilidad, pero a día de hoy nada más se supo de aquella intención.
El Real decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios se acaba de modificar, pero en el texto no se incorpora ninguna excepcionalidad adicional que permita el uso generalizado del plato invertido para la aplicación de purines. Por ese motivo, el Sindicato Labrego le demanda a la Xunta que explique las medidas que va a tomar al respecto.
La ganadera, economista especializada en Política Agraria Común y miembro del Sindicato, Ana Rodríguez, considera que desde la Xunta le “vendieron al sector” que el problema estaba arreglado.
Ante esa situación, ya en el pasado mes de junio, urgieron a Medio Rural que indicara como estaba la situación del plato invertido, “pero no tuvimos respuesta”. En enero del 2025, hay una nueva modificación del Real Decreto y “las cosas siguen semejantes, confirmándose, por lo tanto, la inacción de la Consellería”, valora la organización agraria.
El Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos agrarios es una de las normativas que la organización considera que más afecta a las granjas gallegas: “Aquí, hay muchas ganaderías de carácter familiar, que no son capaces de cumplir este Real Decreto en cuestiones como la maquinaria a introducir, el plan de abonado, el plan de fertilización o el asesor de fertilización, entre otras”, destaca Rodríguez.
El Sindicato Labrego cuestiona que las modificaciones que se proponen para la gestión burocrática consisten en retrasar la entrada en vigor de las distintas exigencias, no en adaptarse a la realidad de los distintos tipos de granja. “El Real Decreto sigue siendo una norma muy compleja, que requiere de conocimientos especializados y que nos toca asumir a todas las granjas con superficie, sea cuál sea su dimensión, la carga ganadera o el origen de la fertilización orgánica”.
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