La Unión de Consumidores de Galicia pide transparencia sobre los modelos de producción en Mercosur

Ante la próxima formalización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Unión de Consumidores de Galicia y ConsumES analizan sus posibles efectos sobre la alimentación de la ciudadanía. Desde la perspectiva de las personas consumidoras, la cuestión central no es solo económica, sino también la seguridad alimentaria y la calidad de los productos que llegarán al comprado.

El acuerdo prevé una mayor entrada de productos agroalimentarios procedentes del Mercosur, especialmente en categorías sensibles como carne de vacuno, carne de ave, azúcar o determinados productos agrícolas. Este aumento de los flujos comerciales implicará una mayor necesidad de vigilancia, controles eficaces y transparencia informativa, elementos esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía.

Desde las asociaciones de consumidores señalan que el principal reto no será tanto la seguridad alimentaria objetiva, que cuenta con uno de los sistemas de control más exigentes del mundo, sino la calidad percibida y la confianza de las personas consumidoras. Parte de la ciudadanía expresa preocupación por las diferencias en los modelos de producción, el uso de determinados fitosanitarios o el impacto ambiental de algunas explotaciones en los países de origen. Aunque estas cuestiones no implican automáticamente riesgos sanitarios, sí influyen en las decisiones de compra.

Por este motivo, consideran necesario reforzar la claridad del etiquetado de origen de los alimentos, la trazabilidad completa, especialmente en los productos cárnicos, la información pública sobre controles e inspecciones y el acceso sencillo a los sistemas oficiales de alerta alimentaria. “Una persona consumidora bien informada puede ejercer su derecho a elegir con libertad y responsabilidad”, aseguran desde Unión de Consumidores de Galicia y ConsumES.

Las organizaciones de defensa de las personas consumidoras continuarán vigilando la aplicación del acuerdo, reclamando transparencia en los controles y garantizando que la apertura comercial no suponga una pérdida de confianza ni una disminución de los derechos de la ciudadanía.