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El Consello da Xunta evaluó hoy el informe de la Consellería de Medio Rural sobre el sometimiento a la consulta pública previa de la elaboración del anteproyecto de la Ley de calidad alimentaria de Galicia, que se prevé tener aprobada en el próximo año 2022 para actualizar el marco normativo de la comunidad referido al impulso de la calidad de los productos alimentarios gallegos.
De este modo, el objetivo de esta consulta pública es recoger aportaciones que enriquezcan el texto legislativo que vendrá a actualizar la Ley 2/2005, del 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega, para dar respuesta a los cambios experimentados en la producción y comercialización alimentaria, a la incorporación de las nuevas tecnologías y de diferentes formas de comercialización, así como al incremento de los intercambios entre estados.
Objetivos de la ley
A la espera del resultado de esta consulta pública, la nueva Ley de calidad alimentaria de Galicia persigue distintos objetivos, principalmente mantener un elevado estándar de calidad en la producción alimentaria gallega. Así, por una parte, se busca reforzar el control para luchar contra las prácticas desleales tanto en la producción como en la comercialización y, por otra, revisar el catálogo de infracciones y del procedimiento sancionador, adecuándolo a la realidad actual y teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el cada vez mayor volumen de ventas que se realizan a través de la internet.
La nueva regulación debe servir también para impulsar la calidad diferenciada de los productos alimentarios gallegos, mejorando, integrando y desarrollando su regulación y reforzando la puesta en valor de los productos de calidad a través del apoyo a las denominaciones de origen protegidas (DOP), a las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y a otras figuras de protección, como puede ser el sello de la artesanía alimentaria. La finalidad es que los productos gallegos alcancen una nueva dimensión en el mercado, más competitiva y atractiva para la ciudadanía. Asimismo, resulta necesaria la adaptación al nuevo marco definido por la estrategia «De la granja a la mesa», que se configura como elemento esencial del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que promueve la orientación del sistema alimentario hacia la sostenibilidad, la innovación y la transición justa entre la ciudadanía y los operadores alimentarios.
Además, la nueva normativa debe incluir mejoras en el sistema de gestión de las DOP e IGP, para la profesionalización del funcionamiento de los consejos reguladores, especialmente en lo que se refiere a su actividad de control y certificación. Así, mientras los consejos reguladores de mayor dimensión económica pueden llevar a cabo esas tareas, las DOP e IGP de menor dimensión económica -y, por lo tanto, con poca capacidad para autofinanciarse y contar con personal propio- se ven obligados a utilizar los servicios de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria (Agacal) para realizar esas labores recurriendo, a mayores, la ayudas públicas para cubrir ese gasto. En esa línea, es necesario que la normativa recoja que la gestión de esas DOP/IGP la va a realizar la Xunta de Galicia directamente (a través de la Agacal en el caso de los productos de origen agrario, y de la Consellería del Mar en el caso de los productos de origen marino).
Mayor control sobre las entidades de certificación
Asimismo, la nueva ley debe perseguir un mayor control sobre las entidades privadas de certificación alimentaria, que están suponiendo confiar la garantía de que los productos cumplen los requisitos establecidos a una tercera parte independiente tanto de los intereses de los operadores del mercado y como de los de los consumidores. En este contexto, debe regularse la necesidad de que estas entidades de control y certificación, cuando ejerzan actividades relacionadas con la verificación del cumplimiento de esquemas de certificación públicos (como la producción integrada, el etiquetado facultativo de carne de aves, las especialidades tradicionales garantizadas, etc.), realicen una declaración responsable ante la autoridad competente, pasando a formar parte de un Registro de entidades de certificación, que facilitará la realización de la necesaria supervisión de su actividad por la Administración.
Por último, siguiendo los principios de responsabilidad social y ambiental y las recomendaciones de la Unión Europea y de la FAO, la nueva regulación debe introducir la compra o contratación pública verde de productos alimentarios, esto es, de productos y servicios alimentarios con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida y que aporten beneficios ambientales. De este modo, se deben introducir criterios para que en las compras públicas se favorezca la presencia de productos frescos, de temporada, ecológicos, de cercanías y de calidad diferenciada.
